Sarayaku en la Argentina. Del Amazonas a Buenos Aires

Una delegación estará presente esta semana en nuestro país para denunciar cómo empresa y gobierno utilizan la violencia, la mentira y el soborno para destruir su comunidad y sus tierras.

La comunidad kichwa de Sarayaku, está ubicada en la región amazónica ecuatoriana, provincia de Pastaza, en las riveras del río Bobonaza, a 30 minutos de vuelo en avioneta de la ciudad más cercana que es el Puyo y a dos días de navegación fluvial desde la parroquia Canelos. Cuenta aproximadamente con mil habitantes. Pertenece a la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza.

Su nombre, en español, significa "río de maíz".

El cacique Marlon Santi

El ejército custodia a un ingeniero de CGC

La comunidad mantiene su cultura, tradición, idioma, sus sueños, costumbres, música, creencia, sus danzas, ritos, artesanías, su forma de vidas propias que se ha transmitido en forma oral de generación en generación. Todo eso es lo que está siendo amenazado por un contrato de explotación petrolera suscripto entre el gobierno de Ecuador y la empresa Compañía General de Combustibles (CGC), en una guerra que incluye desde ejércitos que patrullan la zona y amenazan a los pobladores hasta el desconocimiento del gobierno de Ecuador de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la comunidad, además de amenazas, sobornos y violencia.

La empresa en cuestión pertenece al endeudado consorcio argentino Sociedad Comercial del Plata, presidido por Santiago Soldati, que transfirió en junio de este año el 81% de sus acciones al fondo de inversión Explore Acquisition Corporation, liderado por un ex empleado de Soldati, también argentino, Oscar Morita. Soldati controla ahora solo el 19%.

Hasta estas tierras llega, entonces, esta semana un delegación de la comunidad Sarayacu, encabezada por su presidente, Marlon Santi. Lo acompañan Rubén Gualinga, integrante de la comunidad; el representante legal Mario Melo y el canadiense Kenny Bruno, de la ONG Earth Rights International. Entre otras acciones, se presentarán este viernes 5 de noviembre, a las 19 horas, en el aula 218 de la Facultad de Filosofía y Letras (Púan 470) para compartir esta historia de lucha que aquí se resume.

Fuente: Sarayacu

Sarayacu tiene una larga historia de oposición a la explotación petrolera, por causa de sus graves impactos ambientales y sociales. En 1989 impedimos que la compañia ARCO termine sus exploraciones de petróleo dentro de nuestro territorio. El conflicto con CGC tuvo su inicio en 1996 cuando el gobierno del Ecuador y la Compañia General de Combustibles (CGC) de la Argentina subscribieron un contrato de exploración de petróleo en el "bloque 23", abarcando 200 000 hectáreas de cuales la mayor parte es territorio de Sarayacu. El pueblo de Sarayacu no fuimos consultados y desde el inicio nos opusimos a la exploración petrolera.

Por lo que Sarayacu es la comunidad que tiene más habitantes y más territorio dentro del bloque 23, CGC primero se acercó a Sarayacu, intentando engañar a la gente a través de ofrecimientos de dinero y obras de desarrollo. Logró sobornar a Telmo Gualinga, presidente de Sarayacu 1997 - 1999, dándole un contrato personal para que construya un sistema de agua potable en su barrio de la comunidad. La compañia estaba tan segura de que nos iba a convencer, que públicamente aseguró que no iba a empezar ningún trabajo de exploración antes de obtener 100% de apoyo de las comunidades en el bloque. Sin embargo, el pueblo de Sarayacu no aceptó la actividad petrolera, y los presidentes posteriores no se dejaron sobornar. Por lo tanto, desde el 2000 hasta ahora, la CGC ha mantenido una verdadera guerra de calumnias contra Sarayacu, con la finalidad de destruir la confianza entre el pueblo y sus propios dirigentes. Como no pudo destruir a Sarayacu, la CGC empezó a tomar contactos con otras comunidades más pequeñas, contratando directamente a sus dirigentes, y así logró entrar en varias otras comunidades.

La estrategia de la CGC está basada en soborno, desinformación, y desintegración social. Como accionistas en el bloque 23 también figuran la petrolera estadounidense Burlington Resources y la francés-británica Perenco

El 6 de julio de 2004, la Corte Interamericana ordenó al Gobierno Ecuatoriano que implemente medidas provisionales, en coordinacion con Sarayaku y sus representantes, para asegurar los derechos humanos de los habitantes de la comunidad. El 26 de agosto, en la sede de la OPIP en Puyo se inició las conversaciones para implementar dichas medidas. Los puntos planteados por sarayaku para que el Gobierno cumpla con las medidas fueron:

1. Revision del contrato del Bloque 23, firmado entre Petroecuador y las petroleras CGC y San Jorge (hoy Burlington).

2. Suspension de toda actividad petrolera en el Bloque 23 y suspension de declaraciones unilaterales de autoridades del Gobierno en contra de Sarayaku.

3. Levantamineto del Destacamento Militar ubicado en Jatun Molino y a su vez reubicacion en Canelos para asegurar la libre circulación en el Río Bobonaza.

4. Seguridad a la dirigencia de Sarayaku que deba movilizarse a otras ciudades desde el Puyo.

Luego las reuniones eran semanales, lo que determinaba que los de Sarayaku tenga que movilizarse todas las semanas a Quito desde el interior de la Amazonía. La Comision del Gobierno estaba conformada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Gobierno, Ministro de Defensa, Ministro de Energia y Minas y la Comandancia de la Policia Nacional, asi como por la Procuraduria del Estado)

Sin embargo, el Pueblo Kichwa de Sarayaku decidió, suspender las conversaciones. La decisión se tomó como consecuencia de las declaraciones que diera el Ministro de Energía y Minas, Ingeniero Eduardo López, el martes 21 de septiembre, en el noticiero del canal de televisión Gamavision, en las cuales se refirió agresivamente en contra de Sarayaku y desinformando a la opinión publica, diciendo que es determinante la exploración petrolera en el bloque 23 para la seguridad en la producción petrolera del país, y que no todo Sarayaku se opone, sino tan solo cuatro familias.

Marlon Santi, Presidente de Sarayaku, indicó que "habíamos hecho nuestro esfuerzo viniendo desde nuestras comunidades, todas las semanas para estas reuniones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo y a pesar que nos habíamos comprometido tanto el Gobierno como nosotros, a no realizar declaraciones en torno al caso y que no habrían pronunciamientos unilaterales, el Ministro de Energía nos vuelve a agredir y demuestra cual es el verdadero interés de sus acciones"

Finalmente, Franco Viteri, miembro de Sarayaku señalo que "el Gobierno no ha entendido los esfuerzos realizados por mi pueblo para lograr que se cumplan las medidas provisionales dictadas por la Corte, al inicio teníamos dudas que el Gobierno cumpla, hoy esas dudas son una realidad, nosotros no nos detendremos en nuestra lucha y continuaremos en el proceso de consolidación de los pueblos indígenas amazónicos hasta que el Gobierno y sus autoridades cumplan con sus obligaciones".

Las amenazas

El viernes 23 de abril de 2004, a las 5:30, cuando el Abogado Jose Serrano Salgado, miembro del Centro de Derechos Economicos y Sociales (CDES), se dirigía en su auto a participar en una reunión de trabajo con la comunidad de Sarayaku, intempestivamente, a la altura del Castillo de Amaguaña, fue bloqueado por un vehículo vitara color verde, sin placas, donde descendieron tres individuos armados. Le obligaron a detenerse, y con golpes, insultos y amenazas de muerte, colocándole una arma de fuego en el brazo, fue advertido que "dejen de joder, ya no defiendan a los indios de Sarayaku o caso contrario van a ser muertos".

Para el día antes, el 22 de abril, el Departamento de Intereses Nacionales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas había invitado a Sarayaku a "un diálogo sobre la problemática del Pueblo de Sarayacu". Sarayaku respondió que ya se había reunido con el Presidente Lucio Gutiérrez, con el Sr. Ministro de Gobierno y sus asesores, cuatro veces con el ex Ministro de Energías y Minas, decenas de veces con los militares de la Cuarta División Amazonas en Shell, y con las autoridades provinciales de Pastaza, pero que a pesar de eso el Pueblo Kichwa de Sarayaku ha seguido siendo atropellado, violentado, perseguido, acusado y calumniado. Por lo tanto, indicó que para poder crear una agenda de trabajo, primero debe resolverse varios asuntos, entre ellos el retiro de elementos armados de las Fuerzas Armadas del territorio de Sarayaku, sector Molino, y el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, indicó que que "las fuerzas armadas deben velar por la seguridad de la vida de los ecuatorianos, garantizar los derechos humanos y acatarse a la constitución y leyes vigentes".

Pocas semanas antes, el día 5 de abril del 2004 la Fundación Pachamama, ONG ecuatoriana que también ha brindado apoyo a Sarayaku, fue objeto de una amenaza telefónica que específicamente hacía mención a la presencia de una bomba en el edificio en Quito donde la Fundación está ubicada.

En una nueva acción pretendiendo desprestigiar a Sarayaku, a sus habitantes y dirigentes, el Ministro de Energía y Minas, el Coronel en Servicio Pasivo Carlos Arboleda Heredia, dirigió una comunicación, presionando al Presidente del mencionado Pueblo Kichwa, Marlon Santi, para que asista a una reunión cuyo verdadero fin se desconoce. En dicho Oficio, entre otras autoritarias afirmaciones, señala que "un grupo de dirigentes que se arrogan la representación de la Comunidad Quichua SARAYACU, vienen realizando un campaña de desinformación de nuestro país, a nivel nacional e internacional". En este mismo sentido indica que Sarayaku será el responsbale de las indemnizaciones que el Ecuador deba cancelar a la petrolera CGC, por haber impedido los trabajos sísmicos en el Bloque 23.

Por otra parte indica que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han realizado acusaciones falsas en contra del Gobierno.

Frente a esta permanente persecución por parte del Coronel en servicio pasivo Arboleda, Sarayaku, dando contestación a la misma, ha señalado que son los actos del propio Ministro los que si desprestigian al país, indicando algunos hechos. En dicha contestación, Sarayaku rechaza la manera violenta y agresiva con la que el Ministro de Energía y Minas se refiere a la lucha de Sarayaku y termina indicando que solo si se cumplen condiciones como la implementación de las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la conformación de la Comisión Interinstitucional para dar seguimiento al cumplimiento de las mismas, así como la activación de la que se creó para revisar el Contrato entre Petroecuador y la CGC, Sarayaku asistirá a la cita.

Pocos dias después, el miércoles 31 de marzo del 2004, a las 9H05, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Octavio Romero, ingresó al centro poblado de Sarayaku, en la selva amazónica ecuatoriana, acompañado de dos policías militares fuertemente armados y diez oficiales más del Ejército quienes, igualmente, portaban pistolas.

La sorpresa y el temor de los habitantes de Sarayaku, fue inmediata ya que en ningún momento, el mencionado Jefe militar, había coordinado o informado a las autoridades o dirigentes su llegada a la comunidad del Pueblo.

Marlon Santí, Presidente de Sarayaku, indicó que la visita del jefe del Comando Conjunto fue una forma de amenaza sobre su pueblo y fue una muestra más de que la compañía petrolera CGC está presionado al Gobierno para que se le asegure la continuación de sus trabajos con la militarización de Sarayaku, sin importar y respetar sus derechos ancestrales.

La intervención del Jefe del Comando Conjunto llegó a su punto más crítico cuando indicó que "si no hay unión y no hay amistad, a lo mejor los militares vamos a tener que ingresar a la fuerza", recalcando que ha llegado a su territorio a pesar de que le han indicado la hostilidad de los habitantes de Sarayaku y que "ustedes tienen la elección, si ustedes quieren haremos las cosas como se deciden en el Gobierno Central, aunque no soy partidario de ese camino", reiterando que " si no actuamos juntos pero si continuamos con esta hostilidad, con estas diferencias, con estas posiciones radicales, ahí si va a existir violencia...yo Jefe de las Fuerzas Armadas tengo que obedecer cualquier disposición del Gobierno..."

Santi, finalmente, señaló que "esta acción violenta contra nosotros, la pondremos urgentemente en conocimiento de las autoridades judiciales nacionales e internacionales, porque si quieren proteger a una petrolera que viola nuestros derechos y el Gobierno también no respetarnos, entonces, todos ellos, serán responsables de la extinción de mi pueblo" y llamó a toda la sociedad a mantenerse en vigilia frente a lo que pueda ocurrir.

En vísperas de su viaje a Washington D.C. para comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a sustentar las denuncias de Sarayaku contra el Estado Ecuatoriano y la empresa argentina CGC, la noche del domingo 29 de febrero de 2004, a eso de las 21:30h., Marlon Santi, Presidente de la Asociación Sarayaku fue agredido por desconocidos quienes le apuntaron con revolver, diciendo "Morirán como perros los de Sarayaku". Luego le golpearon con las cachas de revolver en la nuca y en la cara, y sustrajeron sus documentos de viaje y la documentación que tenía para entregar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esto ocurrió a pesar de que desde mayo del 2003 están vigentes "Medidas Cautelares" dictadas por la CIDH a favor de la vida e integridad de los miembros y dirigentes de Sarayaku, entre ellos Marlon Santi, las cuales no han sido efectivizadas por el Estado del Ecuador.

La inasistencia a la diligencia convocada por la CIDH en Washington hubiera sido un duro golpe para la causa que Sarayaku sigue en esa instancia internacional en contra del Estado Ecuatoriano y la petrolera CGC por violaciones a los derechos indígenas en el denominado Bloque 24. Sin embargo, Santi logró sacar nuevos documentos de viaje, y logró llegar a Washington unas pocas horas antes de la Reunión de Trabajo convocada por la CIDH para el miércoles 3 de marzo del 2004.

Por su parte, el Gobierno Ecuatoriano, representado por la Procuraduría General del Estado, se declaró en rebeldía al no asistir a la Reunión de Trabajo a la que fue convocado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para discutir el Caso Sarayaku.

En un hecho sin precedentes para el Ecuador y su relación con el Sistema Interamericano y a pesar de que el propio Procurador General del Estado, Dr. José María Borja, anunció que viajaba a Washington D.C., para asistir a la Reunión de Trabajo en el caso Sarayaku y a otras Audiencias convocadas por la Comisión Interamericana, no se presentó en la diligencia que debía realizarse el miércoles 3 de marzo de 2004 a las 15:00. Desde Washington, José Serrano, abogado del Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES que patrocina a Sarayaku ante la CIDH, dijo que esta actitud deja en muy mal predicamento al Ecuador, más aún cuando este año Quito será la sede de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Por su parte, Marlon Santi, Presidente de Sarayaku, quien asistió a la diligencia venciendo un sinnúmero de dificultades originados en el robo de sus documentos de viaje que sufriera la víspera de partir a Washington, señaló que su comunidad continuará su lucha para reclamar justicia ante los organismos de justicia internacional y calificó de injustificable la actitud de la Procuraduría General del Estado.

Relato del ataque contra manifestantes de Sarayacu (12 de diciembre 2003)

Antecedentes

Dentro de las actividades programadas en solidaridad con la Comunidad Indígena de Sarayaku a través de clubes ecológicos integrados por estudiantes universitarios conjuntamente con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), se realizó la Marcha por la Paz y por la Vida en la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza.

En esta concentración participaron aproximadamente 1.000 representantes de las comunidades sionas, secoyas, shuar-achuar y kichwas de la Amazonia Ecuatoriana, en particular, delegados y delegadas de la comunidad Indígena de Sarayaku.

El propósito de esta marcha y posterior concentración fue denunciar la situación de Sarayaku que se resiste a la actividad petrolera de la Compañaía General de Combustibles (CGC) y evidenciar el incumplimiento por parte del Gobierno Ecuatoriano de las medidas cautelares dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hechos sucedidos

Ciento veinte personas salieron de la comunidad de Sarayaku, Provincia de Pastaza hasta la comunidad de Canelos con el propósito de participar en la Marcha por la Paz y por Vida en la ciudad del Puyo y, al ser impedidos el paso, regresaron a Sarayaku 111 personas, en malas condiciones: habían sufrido maltratos y estaban sin comer. Nueve personas se perdieron dos días en la selva y después lograron llegar hasta su destino que era la ciudad del Puyo. Ocho personas salieron de la ciudad del Puyo a la comunidad de Canelos a recibir a la gente que venía de Sarayaku y 9 personas permanecieron en Canelos.

1. El día miércoles 3 de diciembre del 2003 salieron 120 personas desde Sarayaku con destino al Puyo. De este grupo treinta personas que llegaron a otra comunidad llamada Pakayaku, ubicada río arriba de Sarayaku fueron impedidas de pasar por un grupo de simpatizantes de la CGC , pero gracias a la intervención del Kuraka de Pakayaku y sus pobladores mayoritarios, acordaron dejarlos en tránsito y entendimiento. Durmieron en la comunidad de Pakayacu.

2. El día jueves 4 de diciembre continúan el viaje con dirección a Canelos, el primer grupo liderado por el señor Teniente Político Edgar Gualinga, su comitiva y familia. Se les impide el paso hacia las 13 horas en la comunidad de Canelos, en el sector denominada La Cuya. Hacia las 16h00 horas, llegan el resto de gente, a las 14h00 ya habían llegado también las personas que salieron desde el Puyo al Encuentro. Cabe indicar que un grupo de gente de la comunidad de Canelos, junto con algunos de Pacayacu, y de la ciudad de Puyo, simpatizantes de la compañía petrolera CGC habían estado armados con palos, machetes, piedras, escopetas de cartucho, calibre 16. Todo esto con el propósito de impedir el paso de las personas provenientes de Sarayaku. Dichos elementos estaban con uniformes y overoles de la compañía CGC. Procedieron a golpear con palos a los compañeros que llegaron del Puyo y les condujeron hasta los otros compañeros de Sarayaku, quienes a su vez reaccionaron defendiéndose debido a que los agresores se encontraban en estado etílico. El ataque fue brutal con clara intención de matar a la gente de Sarayaku lo que provocó que las personas cayeran por barrancos, riachuelos con piedras, despeñaderos y al propio río Bobonaza. Leopoldo Santi en el ataque, cayó de unos diez metros de altura en una orilla con peña pero gracias a la mochila que cargaba en la espalda pudo amortiguar y rebotar el golpe y así se cayó desmayado en el río. Al recuperar la conciencia vio que los agresores venian nadando con machete en mano para agredirlo. Él logró salir del río abandonando su equipo y se refugió en la selva. Otros corrieron la misma desgracia como Jorge Santi que fue perseguido en canoa mientras nadaba para escaparse. Como había caído con todo, es decir con botas y mochila, no pudo nadar normalmente ya que el peso se multiplicó al mojarse. Estaba ahogándose y ahí mismo le golpearon con palos para matarlo. El Presidente de la Junta Parroquial, el Teniente Político y otros pasaron por la misma situación. A las señoras y señoritas les decían "violen, violen". Clotilde Gualinga, Aurita Cuji, Ena Santi, Victoria Santi, Hilda Santi y otras compañeras. Estas abandonaron sus pertenencias y corrieron para ponerse a salvo. Las mochilas fueron destruidas con machetes por el grupo de agresores. En estas circunstancias, Benito Canelos, Mario Aranda (menores de edad), Marco Santi, Ena Santi, Cléber Manya, Cleotilde Gualinga, Jorge Santi perdieron sus mochilas con documentos de identificación personal y otros bienes.

Posteriormente, los compañeros se dispersaron por todos lados y más tarde se reunieron en la escuela de la Cuya. Policías que aparecieron en el lugar sugirieron que mejor se retiren. Efectivamente los agredidos se dirigieron a un cultivo de cacao donde se ubicaron y amanecieron, sin dormir aguantando los dolores de heridas, golpes, sin comida ni algo para calmar el dolor y hambre de los niños.

3. El viernes 5 de diciembre, la Policía no dio seguridad para evacuar a los heridos a pesar de que la ambulancia de la Cruz Roja estuvo presente desde el cuatro de diciembre pero el mismo grupo de agresores impidió el paso. Hacia las 16h00, después de tanto insistirle al Coronel de la Comandancia de Policía de la ciudad del Puyo, evacuaron solamente a tres heridos graves. La Policía insistía en que retornasen a Sarayaku y efectivamente así lo hicieron. En cambio, 9 compañeros de Sarayaku siguieron caminando a pie con destino al Puyo, por otra ruta distante de la Cuya, teniendo que dormir en la montaña hasta el día sábado 6 de diciembre. Continuaron caminando hasta que a las 15h00 lograron salir a la vía Canelos-Puyo a la altura de Tinguiza y Chontoa. Finalmente aparecen en este lugar Miguel Malaver y Elvis Gualinga el día viernes 5; el día sábado 6 Franco Viteri, Romel Cisneros, Emerson Shiguango, Jhonni Carrasco, el menor de edad Alexis Cuvi y horas más tarde aparecen el menor de edad Henry Gualinga y Marco Gualinga. A las 10h00 del sábado 6 de diciembre se realizó la Marcha Pacífica por la Vida y la Paz del Territorio de la Nación originaria del Pueblo Kichwa de Sarayaku, en las calles del Puyo.

4. Los agresores, partidarios de la actividad petrolera en avanzado estado de ebriedad, agredieron con palos y machetes, destruyeron pertenencias personales e impidieron el paso de quienes venían de Sarayaku, con el propósito de evitar que se realice los días 5 y 6 de diciembre la Marcha por la Vida y la Paz en la ciudad del Puyo. Desde esta ciudad, se pidió el auxilio médico de la Cruz Roja, pero por oposición de los partidarios de la petrolera CGC de Canelos, la Cruz Roja no pudo llegar a cumplir su misión de auxiliar a las víctimas.

5. La Policía Nacional en lugar de poner orden y garantizar el viaje de las personas de Sarayaku ordenó que se retiren y regresen a la comunidad. No dieron ninguna garantía ni seguridad para que la ambulancia evacuase a los heridos, tampoco hubo aprovisionamiento de alimentos para los niños, muy a pesar de que la Cruz Roja y la Defensa Civil disponían del vehículo apropiado. No existió intervención militar.

6. Cuando la gente de Sarayaku fue agredida, la compañera Hilda Santi, quién se escapó del ataque de la población de Canelos, por intermedio de la Misión de Canelos, comunicó telefónicamente al Puyo que necesitaban ayuda médica y por ello inmediatamente solicitamos a la Cruz Roja y Defensa Civil el auxilio médico. La Defensa Civil y la Cruz Roja acudieron inmediatamente pero se encontraron con la oposición agresiva de los agresores, quienes incluso habían cerrado la carretera con árboles cortados.

7. La gente se encontraba en el sector de la Cuya sin poder movilizarse a ningún lado y a la intemperie en la playa del río Bobonaza durante los días jueves 4 en la noche y viernes 5 de diciembre del 2003. Había mujeres y niños cargados en el pecho todas ellas fueron amenazadas con escopetas, palos, machetes, piedras e insultos. Veinticuatro personas heridas recibieron atención médica en el Hospital Voz Andes de Shell y el Hospital del Puyo los días viernes 5 y sábado 6 de diciembre de 2003, conforme iban llegando. El día domingo 7 de diciembre todos estaban ya fuera del hospital.

8. Personas perdidas. Nueve personas que continuaron caminando a pie con destino al Puyo, por otra ruta distante a la Cuya, tuvieron que dormir en la montaña hasta el día sábado 6 de diciembre y anduvieron hasta las 15h00, hora en la que logran salir a la vía Canelos-Puyo a la altura de Tinguiza y Chontoa. En definitiva, en este lugar aparecieron Miguel Malaver y Elvis Gualinga el día viernes 5 y el sábado 6 Franco Viteri, Romel Cisneros, Emerson Shiguango, Jhonni Carrasco, el menor de edad Alexis Cuji, horas más tarde aparecen el menor de edad Henry Gualinga y Marco Gualinga. A las 10h00 del sábado se realiza la Marcha Pacífica por la Vida y la Paz del Territorio de la Nación originaria del Pueblo Kichwa de Sarayaku, en la que participan las 9 personas antes nombradas.

9. De las personas responables del ataque, 10 de ellas se encontraban con traje amarillo impreso con siglas de la Compañía CGC. Los miembros uniformados de la Policía Nacional en cambio, no despejaron la vía pública obstaculizada con árboles cortados, no dieron resguardo a la Comisión que, integrada por mujeres, ancianos y niños, avanzaba pacíficamente desde Sarayaku con destino a la ciudad del Puyo y tampoco resguardaron a la Cruz Roja y Defensa Civil que fueron a auxiliar a los que quedaron inmovilizados en el sector de la Cuya.

10. La compañera Hilda Santi se comunicó por el teléfono de la Misión, luego de haberse escapado de la persecución de los pobladores de Canelos, diciendo que había compañeros inmovilizados en el sector de la Cuya, a la intemperie, sin comer, golpeados e insultados por los de Canelos. Las 111 personas regresaron por camino a Sarayaku y las nueve personas inmovilizadas salieron por la selva a la vía carrozable Chontoa-Pavayacu y de allí, avanzaron al Puyo en vehículo, sin intervención de ninguna institución de auxilio.

Trámites realizados

a) Solicitud de autorización al Gobernador de Pastaza y al Intendente de Policía para realizar la Marcha Pacífica por la Vida y la Paz.

b) Solicitud al Gobernador y a la autoridad Policial Provincial para que procediera a brindar el resguardo policial en la parroquia de Canelos a los compañeros que venían de Sarayaku.

c) Solicitud de intervención de la Cruz Roja y la Defensa Civil cuando un grupo de compañeros se encontraban inmovilizados en el sector de la Cuya.

d) Solicitud de intervención de la Iglesia Católica de Pastaza en la mediación, la misma que nos ayudó a rescatar a los pacientes más graves.

e) Solicitud al Defensor del Pueblo, quien procedió a abrir el expediente queja N. 420-2003 para investigar estos hechos.

f) Solicitud al Ministerio Público para que procediera a practicar el reconocimiento.

La vaca.org, Internet, 3-11-04