¡La lucha por la justicia agraria en Zimbabue, Sudáfrica y en todo el Sur Global no es sólo una lucha local, es una lucha global!

El 7 de febrero, la Casa Blanca recortó la ayuda a Sudáfrica, alegando una amenaza inexistente contra lxs agricultores blancxs por parte de la expropiación gubernamental de tierras. Para prever lo que podría significar la orden ejecutiva de Trump, Sudáfrica solo necesita mirar hacia el norte. La economía de Zimbabue ha sido aplastada por sanciones impuestas tras la redistribución de tierras agrícolas de la era colonial. Y a pesar de los esfuerzos por apaciguar al aparato de desarrollo internacional, todo indica que Washington prefiere que el país cuelgue como un cadáver en una horca, para que otrxs países no se atrevan a imaginar alternativas.

En julio de 2020, en plena pandemia de COVID-19, Zimbabue acordó pagar 3.500 millones de dólares en compensación a aproximadamente 4.000 propietaries blancxs colonizadores por tierras redistribuidas durante la reforma agraria. Esta suma, cinco veces mayor que el plan de estímulo económico por COVID anunciado por Zimbabue en mayo de 2020, fue prometida cuando las Naciones Unidas advertían que el país estaba “al borde de una hambruna provocada por el ser humano”.

El acuerdo fue resultado de años de presión, con funcionarixs zimbabuenses esperando que convenciera a Estados Unidos de levantar la Ley de Recuperación Económica y Democracia de Zimbabue (ZDERA, por sus siglas en inglés) de 2001, que ha bloqueado durante dos décadas el acceso del país a préstamos y asistencia internacionales. Sin embargo, Zimbabue no tenía los fondos para pagar, y la ZDERA sigue vigente.

La narrativa convencional presenta la reforma agraria de Zimbabue como una expropiación imprudente del déspota Robert Mugabe, que llevó al colapso económico. Esta versión reescribe la historia. Durante la colonización británica, a lxs africanxs se les prohibió poseer tierras fuera de las “reservas nativas”. A mediados del siglo XX, 48.000 colonizadores blancxs controlaban 50 millones de acres (más de 20 millones de hectáreas) de tierras agrícolas fértiles, mientras cerca de un millón de africanxs estaban confinadxs a 20 millones de acres de tierras en su mayoría infértiles —una injusticia que alimentó la lucha por la liberación de Zimbabue.

El Acuerdo de Lancaster House de 1979, que puso fin al dominio de la minoría blanca, restringió la reforma agraria a transacciones de mercado durante una década, asegurando así la continuidad del régimen de propiedad colonial. A pesar de esta limitación, Zimbabue logró avances en desarrollo humano en los años 80. Pero al final de esa década, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI impusieron un programa de ajuste estructural que recortó el gasto público, eliminó subsidios y privatizó empresas estatales. El resultado: desempleo masivo, servicios deteriorados y pobreza creciente.

Para el año 2000, ante la creciente presión interna, el gobierno de Mugabe inició la redistribución forzosa de tierras. El programa tuvo fallas: apoyo insuficiente a lxs nuevxs agricultores y falta de recursos para reconstruir las cadenas de suministro agrícola. Sin embargo, y en contra de las narrativas catastróficas, miles de zimbabuenses sin tierra se beneficiaron, mientras una pequeña élite de colonizadores blancxs perdió su estatus privilegiado.

La respuesta internacional fue rápida y punitiva. Cuando el Congreso de EE.UU. aprobó la ZDERA en diciembre de 2001, lo hizo explícitamente como respuesta al programa de reforma agraria de Zimbabue, enmarcando las acciones del país como una amenaza para la política exterior estadounidense. El Reino Unido, la Unión Europea, Australia y Canadá siguieron con sus propias sanciones. Durante dos décadas, Zimbabue ha estado atrapado en un ciclo de aislamiento económico, sin acceso a los préstamos e inversiones necesarios para reconstruirse.

El costo humano ha sido inmenso. Persones expertes en derechos humanos de la ONU han advertido repetidamente que la ZDERA ha tenido un “efecto dominó insidioso” en la economía de Zimbabue y en el goce de derechos fundamentales. La Comunidad de Desarrollo de África Austral estima que el país ha perdido acceso a más de 100.000 millones de dólares en apoyo internacional desde 2001.

El acuerdo de compensación de 2020 es una cruel ironía. Zimbabue, ya en bancarrota, debe ahora endeudarse por miles de millones para pagar a beneficiaries del colonialismo, con la esperanza de escapar de una ley punitiva impuesta como castigo a su reforma agraria. Se crea así una trampa perfecta: una nación obligada a financiar su propia subordinación, mientras su pueblo sufre.

La absurdez se evidencia aún más en la negativa de EE.UU. a apoyar la reestructuración de la deuda de Zimbabue a través del Banco Africano de Desarrollo. Funcionaries estadounidenses insisten en que la ZDERA es “una ley, no una sanción”, pero esa es una distinción sin diferencia: ya sea mediante sanciones formales o legislación, el objetivo sigue siendo el mismo: proteger los derechos de propiedad coloniales por encima de la justicia para les colonizades.

Esta no es solo la historia de Zimbabue. La administración Trump atacó recientemente los esfuerzos, mucho más cautelosos, de reforma agraria en Sudáfrica, afirmando falsamente que el gobierno estaba “expropiando tierras a agricultorxs blancxs”. Esta retórica, amplificada por medios de extrema derecha, ignora que la reforma agraria en Sudáfrica —un proceso mandatado constitucionalmente— busca corregir el despojo del apartheid, donde les sudafricanes blancxs, que representan el 8 % de la población, controlan el 72 % de las tierras agrícolas.

La intervención de Trump no se trataba de derechos de propiedad, sino de preservar un sistema global que favorece a les excolonizadores por encima de les desposeídes. La lucha por la justicia territorial en Zimbabue, Sudáfrica y en todo el Sur Global no es solo una lucha local: es una lucha global.

Como dijo alguna vez Thomas Sankara, el líder revolucionario de Burkina Faso, la deuda es “una reconquista de África inteligentemente gestionada”. La difícil situación de Zimbabue es un recordatorio contundente de esta verdad. La comunidad internacional debe enfrentar el legado del colonialismo y los sistemas que lo siguen imponiendo. Hasta que eso ocurra, la promesa de liberación seguirá fuera del alcance de millones.

La reforma agraria de Zimbabue no fue perfecta, pero fue necesaria. La tragedia no es la reforma en sí, sino la reacción global que ha castigado a Zimbabue por atreverse a desafiar el statu quo. Es hora de levantar las sanciones, cancelar las deudas y permitir que Zimbabue, Sudáfrica y otras naciones persigan la justicia en sus propios términos. La reforma agraria no es una amenaza: es una exigencia de justicia que el mundo ya no puede ignorar.

Fuente: La Vía Campesina