Desalojo irregular involucraría a político colorado
Campesinos del asentamiento «3 de Junio Translumbre», ubicado en el distrito de Alto Vera, Departamento de Itapúa, fueron víctimas de un nuevo caso de desalojo aparentemente irregular. Según los testimonios locales, el operativo se realizó a pesar de que las familias ocupan y poseen el terreno desde hace 26 años, según denuncian el procedimiento busca favorecer al Diputado cartista Avelino Dávalos quien pretende apoderarse de las tierras.
Según señalan las familias del asentamiento, el pasado «21 de Julio el corriente fuimos desalojados en forma ilegal e irregular; sin juicio previo y sin que nosotros seamos previamente notificados: cuestión que inmediatamente estamos cuestionando ante el Poder Judicial semejante violación constitucional». En total serían más de 100 familias de agricultores que pueblan las 2200 hectáreas de tierras que tiene el Asentamiento constituído hace más de 26 años.
«El oficial de justicia habría irrumpido en una escuela pública, dependiente del Ministerio de Educación, en medio del operativo, generando alarma entre estudiantes y docentes. Además, las tierras no coinciden con el padrón ni la finca indicados en la orden judicial, lo que pone en duda la legalidad del procedimiento» indican los representantes de las familias desalojadas.
Las tierras habitadas por las familias desalojadas están ubicadas mayormente en el distrito de Alto Vera, Departamento de Itapúa, sin embargo, una jueza del Departamento de Caazapá habría ordenado el desalojo en el marco de una causa de «regulación de honorarios» promovida por tres abogados contra una empresa agroganadera. Según los afectados, esta maniobra estaría orquestada por el Diputado Dávalos con el fin de apropiarse de las tierras.
Mediante una nota dirigida a la Cámara de Senadores la comunidad campesina exige una intervención inmediata de las autoridades nacionales, señalando que este accionar representa una «amenaza directa a la estabilidad de cientos de familias y a los principios fundamentales de justicia y equidad».
Desde finales del año 2024 se han registrado, al menos, una docena de desalojos forzosos afectando a miles de familias campesinas. En varios de estos casos se ha instrumentalizado al Ministerio Público y al Poder Judicial para favorecer a sectores de poder que buscan apropiarse del territorio campesino e indígena.