Prácticas de terrorismo estatal contra dirigente campesino

Estos hechos se inscriben en un patrón de ataques selectivos contra dirigentes campesinos, impulsados desde el aparato fiscal, judicial y policial, en el marco de conflictos por la tierra.

En 1° de Marzo Joaju habitan más de 500 familias campesinas que reclaman la recuperación de aproximadamente 4.500 hectáreas de tierras públicas que, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, fueron cedidas a la familia Bendlin. La lucha de estas familias lleva más de 12 años. En ese tiempo han resistido desalojos, hostigamientos y distintos intentos de desarticulación, consolidando, pese a todo, una comunidad organizada y productiva de pequeños agricultores.

Tras la detención de Mercado, la comunidad emitió un comunicado en el que denuncia que el gobierno nacional —y en particular el ministro del Interior, Enrique Riera— estaría desarrollando una política sistemática de persecución y criminalización contra comunidades campesinas e indígenas y contra sus dirigentes sociales. Según expresan, se intenta atribuirles responsabilidades en hechos ajenos a sus luchas legítimas, construyendo un relato que busca justificar la represión.

Asimismo, alertan que sectores vinculados al crimen organizado y al agronegocio buscan despejar territorios para facilitar sus operaciones, afectando directamente a comunidades organizadas. En ese contexto, señalan que Jorge Mercado ha sido objeto de estigmatización y señalamientos constantes por su rol como dirigente campesino.

Diversas fuentes indican que la detención se habría producido sin orden de allanamiento para ingresar a su vivienda, en el marco de una causa prescripta y sin la presencia de testigos, tal como exige la normativa vigente. Tras su arresto, el dirigente fue trasladado a Asunción y, durante el trayecto, habría sufrido golpes y malos tratos por parte de agentes de inteligencia que actuaron sin identificación visible.

Las prácticas de persecución contra dirigentes campesinos se han recrudecido en los últimos meses. En el marco de la lucha por la tierra, fueron imputados y detenidos dirigentes que reclaman las tierras de Lusipar, en San Pedro. En Canindeyú, las comunidades campesinas de 15 de Agosto y Edilson Mercado denuncian un constante acoso por parte de la fiscalía y la policía, además de ataques perpetrados por civiles armados vinculados a intereses latifundistas de la zona.

La detención arbitraria de Jorge Mercado expone cómo persiste una política estatal orientada a proteger y blindar la ilegalidad en torno a tierras malhabidas, mientras se castiga a quienes intentan recuperarlas. Al mismo tiempo que el gobierno impulsa una intensa campaña de propaganda sobre la titulación masiva de tierras, se obstaculizan procesos de recuperación como el de 1° de Marzo Joaju, que podrían significar un avance concreto hacia una verdadera reforma agraria y beneficiar directamente a más de 500 familias campesinas.

Fuente: Base Investigaciones Sociales (BASE IS)