Agronegocio

La Amazonia brasileña perdió 13.235 kilómetros cuadrados de árboles en un año, según el último balance anual, difundido este jueves con enorme sigilo por el Gobierno de Jair Bolsonaro. La cifra supone que la deforestación ilegal entre agosto de 2020 y julio de 2021 aumentó un 22% respecto al período anterior, cuando sumó 10.851 kilómetros cuadrados. Es la más alta registrada en los últimos 15 años. Este balance anual, elaborado con mediciones de satélite por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), es el más esperado por todos los implicados en la protección y preservación del mayor bosque tropical del mundo porque viene a ser como un examen de fin de curso. La medida del éxito o el fracaso. También es la vara con la que el mundo mide el desempeño medioambiental del país que alberga el grueso del mayor bosque tropical del mundo. Este año, la nota es un clamoroso suspenso.

Anteayer se realizó la audiencia pública por fumigación ilegal que intoxicó a más de 700 personas en Presidencia Roca, Chaco. Marcha dialogó con el ingeniero zootecnista Mauricio Tinari, integrante de “El Futuro está en el Monte”.

O desmatamento na Amazônia segue batendo recordes. De acordo com dados do monitoramento via satélite do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), foram derrubado 803 quilômetros quadrados de floresta somente em outubro.

Los delitos medio ambientales son el tercer delito más lucrativo del mundo, por detrás del narcotráfico y el contrabando, sobre todo por el tráfico ilegal de especies y los delitos forestales. Voces de todo el mundo abogan por la regulación del delito de ecocidio y su inclusión como delito contra la humanidad en el Estatuto de Roma, que regula las competencias de la Corte Penal Internacional.

Com satisfação apresento na coluna desta semana artigo de Gabriel Fernandes, sobre decisão tomada nesta quinta-feira (11) pela CTNBio. Mais um passo do agro capturado pelo capital especulativo, em detrimento dos interesses de toda a população brasileira. Mais uma ofensa aos direitos humanos, à soberania nacional, ao método científico e ao bom senso. Que esta nova evidência dos males que nos assolam desde o golpe de 2016 ajude a nação a despertar da letargia que nos consome.

El Presidente Piñera tiene a su ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, impulsando un programa, apoyado por FIA, SAG, ACHIPIA y la subsecretaría de agricultura, y financiado con fondos públicos para aumentar el uso de plaguicidas en la producción convencional de hortalizas, tanto para la exportación como al mercado interno. Ello contrasta con su discurso público sobre sustentabilidad y el llamado que hiciera la ONU en 2020 a los gobiernos a proteger la biodiversidad debido a que su pérdida amenaza todos los ámbitos, incluida la salud ambiental y humana.

La coordinadora Basta es Basta realizó su ronda 200 a la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el debate de 16 puntos que proponen proteger la salud, modificar el modelo y transicionar a la agroecología. "Rondamos frente a las puertas cerradas de la Casa Gris, frente a los corazones, los oídos y los micrófonos que se cierran ante el mayor conflicto ambiental de la provincia”, reclaman.

En la última semana al menos 300 familias campesinas fueron víctimas de desalojos forzosos, comunidades con varios años de existencia sufren la violencia estatal que busca liberar los territorios para el avance del modelo sojero. Los casos de las comunidades Edilson Mercado, de Canindeyú, y Cristo Rey, de San Pedro, muestran un patrón de actuación por parte de las instituciones estatales que no respetan las normativas vigentes a nivel nacional e internacional y que se presume buscan dejar vía libre para el avance de la sojización.