Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Por este medio manifestamos nuestra solidaridad con las diferentes comunidades de Santa Rosa y Jalapa que desde el 2012, se han organizado para detener de forma pacífica la instalación ilegal e inconsulta del proyecto minero El Escobal, propiedad de Minera San Rafael, subsidiaria de la transnacional canadiense Tahoe Resources.

En horas de la madrugada del sábado 14 de octubre, fue asesinado el Garífuna Silvinio Zapata Martinez, líder de la comunidad de Masca, el que fue atacado por dos sujetos que utilizaron armas de fuego para perpetrar el homicidio.

Con el hashtag #DefendamosALasDefensoras, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y 168 organizaciones de ámbito internacional, regional y local hicieron un llamado urgente para visibilizar el grave contexto de represión y criminalización que enfrentan movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y, particularmente, las mujeres defensoras de derechos humanos.

En Tucumán, una movilización exigirá castigo por el crimen de Javier Chocobar; en Formosa, organismos de derechos humanos denuncian la detención de Agustín Santillán, mientras que distintas provincias alertan por el extractivismo creciente.

El Estado, en conjunto con empresas mineras, respondió con “omisión, represión, intimidación, amenazas, persecución, encarcelamiento y asesinatos de defensores” a lucha en defensa de la tierra y sus recursos encabezada por las comunidades en Chiapas, denunciaron habitantes de los pueblos durante el “Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la tierra”.

"Los hechos se dieron después de una protesta pacífica de las comunidades campesinas por el cumplimiento del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que como su nombre lo expresa, es un plan gubernamental en el que se promete el apoyo estructural, integral y territorial en las zonas de cultivos ilícitos".

La Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, rechaza y lamenta la masacre en selva de Tumaco-Nariño, donde el Pueblo Awa, hermanos Afros y Campesinos son las directas víctimas del conflicto armado que se recrudece en tiempo de paz. Responsabilizamos al Gobierno del presidente Santos por esta masacre que tiene origen en el incumplimiento de su compromiso de garantizar y respetar los procesos de erradicación voluntaria como se establece en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Desde ALBA Movimientos expresamos nuestra profunda solidaridad con las compañeras y compañeros campesinos que fueron brutalmente reprimidos y asesinados por el ejército y la policía de Colombia en Llorente- Nariño este 5 de octubre.