Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Como ustedes saben el pasado 11 de julio el tribunal constituido por Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero, Benito González decidió aceptar tal cual las disposiciones de la fiscalía y condenar sin pruebas a once campesinos/as del caso de la Masacre de Curuguaty. Esta decisión representa un nuevo atropello al pueblo paraguayo. Con esta nefasta decisión, el poder judicial intenta construir una pena aleccionadora con la intención de amedrentar y desmovilizar al campesinado y los sectores populares.

Nesta semana, 8 de julho, nossas redes comunicaram o assassinato de mais uma ativista em Honduras, a companheira de Berta Cáceres, Lesbia Yaneth, membro do Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Paraguayos y paraguayas residentes en el exterior, movimientos, asociaciones y colectivos de migrantes, así como organizaciones de la Sociedad Civil española que forman parte de la Red de Apoyo a Paraguay, expresamos cuanto sigue:

"Oxfam y Amnistía Internacional instan a las autoridades paraguayas a investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial, todos los hechos relativos a la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos ocurridos en junio del 2012".

"Frente al negocio de la tala inmoderada de los bosques, el CPK y Lolita Chávez hacen frente a otra de las formas de despojo que se vive en Guatemala, en palabras de Rigoberto Juárez Mateo autoridad ancestral maya Q’anjob’al uno de los presos políticos del país: “estamos viviendo el sexto despojo”. La movilización comunitaria puso públicamente ante la sociedad guatemalteca un tema que las autoridades gubernamentales y sus instituciones hacen de oídos sordos, el negocio ilegal de la tala de los bosques. Detrás podría estar la corrupción facilitandose desde distintas redes de empresas y empresarios que se benefician de la tala de los bosques, con la complicidad de los funcionarios públicos."

"Durante todo el proceso de investigación fiscal-policial que ya lleva casi cuatro años de duración, nunca se investigó quiénes dieron muerte ni cómo a los 11 campesinos, el día de la masacre, cuyos cuerpos contenían varias balas de armas de fuego. Toda la investigación fiscal policial se concentró solo en las muertes de los seis policías. El hecho revela una parcialidad flagrante, aberrante jurídicamente hablando."

La condena de once campesinos paraguayos a penas de entre 4 y treinta años de prisión producto de un proceso penal viciado de irregularidades, reconocidas por los propios actores judiciales, marcará “un antes y un después” en la lucha por la tierra en el país sudamericano, dijo a Radio Mundo Real Diana Rivarola.

"Un caso más en el goteo incesante de víctimas de la represión, persecución y asesinato de quienes lideran la oposición a proyectos que destruyen el entorno."