Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Mientras seguimos jugando a repasar las normas jurídicas en lujosos hoteles, a participar en eventos de justificación de la muerte y a realizar el concurso del rostro más preocupado en el sector público por la agenda indígena; el tema de fondo de las muertes de líderes indígenas y la persecución judicial, sigue siendo la agenda del día siguiente."

Los pueblos indígenas de Guatemala vuelven a padecer una masacre en sus territorios, la cual ha dado de nuevo lugar a la declaratoria del estado de prevención por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina.

Cinco hermanos wichí están presos y amenazados con hasta quince años de cárcel por reclamar sus derechos. Gildo conducción, petróleo y miseria, periodistas, policías, y la vieja historia de la violencia de Estado.

Ante la falta de respeto a los derechos ancestrales y a los derechos humanos por parte de la empresa minera sudamericana Yanacocha, en la localidad de La Laguna Azul, Departamento de Cajamarca, Perú, que culminó con la condena de la agricultora Máxima Acuña, de 44 años, a prisión y multa, una campaña está recolectando firmas para demandar que la campesina no sea detenida.

Bajo el lema "Por una Verdadera Independencia" la militancia del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y el Partido Libertad y Refundación (Libre) se movilizó este 15 de septiembre, día en que se conmemoro la proclama de independencia y los 172 años del asesinato del héroe unionista general Francisco Morazán, a manos de los mismos que hoy imponen la guerra y la miseria a nuestros pueblos.

Desvío de poder: uso sistemático del aparato y recursos del Estado para beneficiar a poderosos grupos económicos, incluso trasnacionales, en perjuicio de la población por la que debería velar, contra los derechos de los pueblos, la independencia y la soberanía. Para poder aplicar en todas sus dimensiones ese desvío, a los que protestan y resisten el consecuente despojo, a los que defienden la tierra, el territorio, sus derechos y recursos, se les criminaliza, persigue y encarcela, a menudo inventando acusaciones “legales” por delitos inexistentes.

En las lodosas calles de este pueblo yaqui, epicentro de la lucha contra el Acueducto Independencia, los habitantes manifiestan admiración por su detenido secretario, Mario Luna Romero, y califican de “injusticia” su reclusión. Sin embargo, advierte su propio hermano, “nosotros vamos a seguir esta lucha con Mario afuera o adentro, porque es todo un pueblo que será afectado por el acueducto”. Su madre, padre y hermanos hacen presencia en los bloqueos para oponerse al Acueducto Independencia, que terminará de secar el río Yaqui, que desde hace casi veinte años palidece por las tres presas construidas, una río arriba y dos abajo.

“Nosotros somos presos políticos, lo que hicieron y están haciendo con nosotros es una persecución política, porque no hay hechos que puedan justificar que estemos en la cárcel”, comenzó diciendo en entrevista con Radio Mundo Real el dirigente campesino Rubén Villalba, que fue acusado por el Fiscal Jalil Rachid junto a otros trece campesinos y campesinas, de ser el responsable por la masacre de Curuguaty, el 15 de junio de 2012.