Derechos de propiedad intelectual

Debate para reformar la Ley de Semillas. Los diputados se reunieron hoy para continuar debatiendo sobre la Ley de Semillas, que tiene como objetivo patentar las semillas para que los productores le deban pagar regalías a las multinacionales.

Un nuevo informe especial elaborado por la investigadora Ana Portillo releva algunas de las principales amenazas que se ciernen sobre el derecho a la alimentación a partir de las maniobras impulsadas por diferentes grupos transnacionales y locales vinculados al agronegocio para imponer legislaciones que privaticen el uso y la producción de las semillas.

"En los últimos años se ha ido extendiendo una lógica capitalista y neoliberal que no entiende a las semillas como seres vivos, sino como mercancías, y que ve la alimentación como un gran mercado en el que se pueden hacer jugosos negocios."

Los trabajadores de la SAF agremiados en ATE estamos, como gran parte de las organizaciones del campo popular, contra la ley de semillas de Cambiemos y de las corporaciones.

¿La propiedad intelectual es la mejor manera de proteger la creación de productos biotecnológicos? ¿Deberían ser patentables organismos como las semillas? En medio de la crisis del sector agropecuario, el Gobierno ha decidido retomar una discusión que lleva décadas de controversias con el objetivo de modificar la legislación vigente.

Tras muchos años de movilización en el marco del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), los agricultores, que se encargan de proteger y desarrollar la diversidad de las semillas, han logrado la convocación de un grupo de expertos encargado de presentar propuestas para la aplicación de sus derechos. 

Pequeños productores le dijeron no a la modificación de la ley que, según denuncian, está hecha a medida de la multinacional. "Se trata de la eliminación de la posibilidad de los productores a ejercer el derecho al uso propio de la semilla y cobrar regalías en cada nueva temporada de cultivo".

Las organizaciones representativas de la agricultura familiar, campesina e indígena, ratificamos el carácter de orden público del régimen legal de semillas y la función indelegable del Estado en materia de protección del derecho de los agricultores.