Pueblos indígenas

"Como mujeres Mapuche que habitamos el territorio de la futa warria (Santiago) y viviendo en carne propia las constantes violencias que el Estado chileno y argentino, la sociedad y el sistema patriarcal nos ha causado por siglos, a nuestros cuerpos, a nuestro pueblo y a nuestra tierra, declaramos".

Considerando la gravísima situación por la que estamos atravesando en nuestros territorios, expresamos nuestro rotundo a la implementación de la Ley de creación del Parque Nacional Aconquija.

Con casi tres décadas de atraso desde que recibieron la primera promesa, alrededor de 100.000 indígenas costarricenses lograron que el país se comprometiera a consultarles cualquier actividad que pueda afectar sus derechos en alguno de los 24 territorios que habitan.

El proyecto de instalación de una unidad para la explotación de oro y plata en Puebla, México, promovido por Almaden Minerals, eludirá pedir el consentimiento de los pueblos nativos, con el supuesto argumento de que “no existen”.

"Sabemos que el capitalismo y el patriarcado no descansan en el afán de apropiarse de la totalidad de los bienes comunes de los pueblos, pero así también los pueblos organizados y las mujeres en abierta lucha consciente y organizada les diremos una y otra vez, no pasarán."

"Los indígenas van a exigir que esta consulta se haga con los estándares internacionales para que la comunidad pueda objetar el proyecto”.

Más de tres mil comuneros provenientes de diferentes comunidades que hacen parte de los 10 pueblos indígenas (Nasas, Yanaconas, Totoroez, Kokonucos, Misak, Kisgo Ambalo, Polindaras Ingas y Eperaras-Siapidaras) y las 11 Asociaciones de Cabildos hacen parte de la Junta Directiva Regional de Cabildos en el marco de la conmemoración de los 47 años de lucha y resistencia en defensa de la unidad, tierra, cultura y la Autonomía de nuestra organización.

"Las personas que están legitimadas para hablar en nombre de los consejos somos quienes formamos parte de ellos, quienes hemos sido autorizados por los comités y consejos para realizar intervenciones públicas. Nadie más puede hablar suplantando a los consejos ni usurpar representación alguna de nuestras comunidades. Cualquier persona tiene el derecho a manifestarse en contra del Gasoducto o de otros proyectos que amenazan nuestros territorios, pero no pueden hacerse pasar por representantes de nuestras comunidades o de nuestras autoridades tradicionales, como tampoco pueden hacerse pasar por nuestros asesores o abogados."