Alerta en el Bajo Aguán: fallido desalojo de “Los Cachos” provoca amenazas y ataque mortal a joven campesino

El asesinato de Roger Alexis Castillo Fuentes

Mientras la atención de Honduras se centra en el resultado y recuento del reciente proceso electoral, en el Bajo Aguán la situación de los campesinos desplazados empeora.

Se pronostica una crisis inminente si las autoridades no adoptan medidas efectivas contra el grupo criminal.

La noche del viernes 12, Roger Alexis Castillo Fuentes, socio de la Cooperativa Camarones, fue asesinado por sicarios de Los Cachos, según un comunicado de la Plataforma Agraria y COPA.

El lunes 8 de diciembre, un operativo policial y judicial compuesto por 1.021 agentes, decenas de vehículos y un helicóptero fracasó en su objetivo. No logró proteger a los campesinos que debían ser reintegrados en sus fincas en cumplimiento de una orden judicial. Por el contrario, la acción terminó en un violento ataque que envalentonó al grupo criminal.

La inacción de las autoridades

Cuando las 160 familias campesinas desplazadas de la Cooperativa Camarones acudieron al llamado de las autoridades para recuperar la posesión de sus fincas, decenas de personas procedentes de la finca en disputa y sus inmediaciones las agredieron. Esto ocurrió ante la inacción de los agentes policiales y judiciales presentes en el lugar.

Las familias de la Cooperativa Camarones llevan casi un año desplazadas por la fuerza, desde que el 25 de diciembre pasado las expulsaron violentamente de sus tierras.

El pasado lunes esperaban las indicaciones de las autoridades para poder regresar a sus hogares. Aproximadamente a las 13:45, recibieron la comunicación de que podían dirigirse a Quebrada de Arenas. Inmediatamente, una caravana de camiones y vehículos con unos 400 campesinos —que incluía integrantes de las vecinas cooperativas El Tranvío y El Chile, quienes se unieron en solidaridad— emprendió la marcha hacia esta localidad, situada a menos de tres kilómetros.

En la cabecera del convoy viajaba Wendy Castro, subcoordinadora de la Plataforma Agraria, organización a la que están adheridas estas cooperativas. Su vehículo fue atacado al aproximarse al lugar donde se encontraban las autoridades que dirigían el operativo. Ella misma recibió varios impactos en su cuerpo.

Las autoridades abandonan a la población

De manera inexplicable, el impresionante dispositivo policial huyó del lugar del ataque en vez de proteger a los campesinos de la caravana.

En pocos instantes, los atacantes rodearon y agredieron a los vehículos y a las personas que transportaban. Indefensas y amontonadas en la parte trasera de los camiones, las víctimas solo pudieron encogerse para intentar esquivar la lluvia de piedras o protegerse con las manos de los impactos en los vidrios de los todoterrenos.

Debido a la falta de respuesta policial para proteger a las 400 personas de las cooperativas Camarones, El Chile y El Tranvío, se desató un caos en la carretera CA-13, a la altura de Quebrada de Arenas. Los vehículos, especialmente los camiones, quedaron atascados mientras intentaban dar la vuelta para regresar. En la parte trasera, decenas de campesinos recibían los ataques de una turba violenta.

Mientras tanto, la Policía Nacional —incluidos los cuerpos especiales y antimotines, con evidentes muestras de pánico en sus rostros— huía velozmente y abandonaba a los civiles.

El comunicado de las autoridades

Numerosos videos en redes sociales muestran cómo una muchedumbre violenta se adueñó de la carretera y apedreó a toda la comitiva. Algunos de los atacantes portaban machetes con los que pincharon las ruedas de los camiones y amenazaron a los campesinos. También se lanzaron artefactos pirotécnicos y se amenazó con armas de fuego a varias personas.

Aunque el desalojo no se efectuó y los ocupantes permanecieron en las fincas, la Policía Nacional de Honduras emitió un comunicado que no se corresponde con los hechos:

«A la 1:15 p. m. se suscribió el acta de acompañamiento y seguridad, mediante la cual los jueces ejecutores autorizaron el ingreso policial al inmueble… Tras agotar el proceso de persuasión, los ocupantes abandonaron el lugar de manera voluntaria y pacífica, bajo veeduría del Conadeh. Se registró un incidente donde un agente policial resultó con traumatismo dentario por impacto de un objeto contuso lanzado por una turba. El funcionario recibió atención médica inmediata. Una vez despejado el inmueble, se verificó y aseguró el área, procediendo a su entrega a los jueces ejecutores, conforme a las instrucciones judiciales. No fue posible realizar entrega a los propietarios ante la ausencia de sus representantes legales. La Policía Nacional recuerda que su competencia finaliza con la ejecución de la orden, el aseguramiento del inmueble y su entrega a la autoridad judicial».

Las imágenes desmienten el contenido de ese comunicado y generan más dudas sobre su intención, ya que se publicó a las pocas horas del ataque. En el texto se menciona que un policía resultó herido por la acción de una turba, pero se omiten los ataques y lesiones a los cooperativistas, así como la falta de reacción de los agentes ante la agresión que sufrieron centenares de personas.

A la misma Wendy Castro le brindaron los primeros auxilios y atención médica una enfermera de la Policía Nacional, como se ve en una imagen captada el día del ataque. Esto hace más incomprensible la falta de referencia a las heridas que sufrieron los miembros de las comunidades campesinas.

Como consecuencia del ataque y de la inacción policial, se registraron decenas de heridos por pedradas de diversa consideración. Algunos tuvieron que ser atendidos en hospitales cercanos.

Además, los beneficiarios de la orden judicial vieron vulnerado nuevamente su derecho a la tutela judicial efectiva al no ser reintegrados en sus fincas. Esto los obliga a permanecer desplazados, lejos de sus hogares y en una situación de alta precariedad.

Alerta de nuevos ataques

Después del ataque, la Plataforma Agraria emitió una alerta urgente en la que advirtió que este fracaso favorece al grupo criminal Los Cachos, el cual ahora amenaza con atacar nuevamente a las familias de las cooperativas El Chile y El Tranvío.

«Responsabilizamos directamente al juez ejecutor y a la Policía Nacional de los ataques que pudieran ejecutarse en contra de las familias campesinas y de las organizaciones que les representamos. Tenemos noticias de la llegada de sicarios de refuerzo a la zona para fortalecer al grupo criminal y atacar a la Cooperativa El Tranvío, donde se han refugiado las familias de la Cooperativa Camarones, mientras la única presencia policial visible en la zona resguarda las oficinas de la Corporación Dinant».

El comunicado hace referencia a informaciones de la zona que indican que este grupo criminal reclutaría personas y sicarios para atacar a las dos cooperativas próximas a Camarones: El Chile y El Tranvío.

Ambas cooperativas ya fueron atacadas violentamente el pasado mes de febrero, cuando integrantes de Los Cachos intentaron tomárselas de manera simultánea. En aquella ocasión, la reacción policial los hizo desistir.

Fortalecimiento del grupo criminal

Johny Rivas informó: «Hemos recibido información por varias vías de que el grupo Los Cachos se fortalece ante el fallido desalojo en el área de la Cooperativa Camarones y pretende atacar la Cooperativa El Tranvío, la Cooperativa El Chile y la colonia Camarones. Es importante elevar esta alerta a todas las instancias. Ya hemos, al menos, enviado mensajes a las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos y también a autoridades de la Secretaría de Seguridad».

Además, existen órdenes de detención contra integrantes de Los Cachos pendientes de ejecución. Estas podrían haberse realizado durante el operativo de desalojo si este no se hubiera frustrado por la falta de diligencia de las autoridades policiales y judiciales que lo supervisaron.

Diferentes fuentes locales confirman las alertas emitidas por la Plataforma Agraria. En algunos videos grabados con drones se observa la presencia de hombres armados que se desplazan por la zona, lo que evidencia la inminencia de nuevos ataques contra estas cooperativas.

Precisamente, la noche del viernes 12, Roger Alexis Castillo Fuentes, socio de la Cooperativa Camarones, fue asesinado por sicarios del grupo Los Cachos, según un comunicado de la Plataforma Agraria y COPA. Este hecho confirma la gravedad de las advertencias de estas organizaciones campesinas.

Exigencias de la Plataforma Agraria

En su comunicado, la Plataforma Agraria exige “al Poder Judicial que, de forma inmediata, dicte una nueva orden de desalojo, asegurando las condiciones para que sea ejecutada y se dé protección antes, durante y después del desalojo”.

Afirman que las autoridades deben responder y no pueden olvidar a las comunidades campesinas del Bajo Aguán, especialmente ahora que la atención informativa la acapara el resultado del proceso electoral. Es necesario que se cumpla la orden de desalojo —incumplida en varias ocasiones anteriores— y que las personas desplazadas puedan regresar de forma segura a sus hogares.

Reiteran que el conflicto agrario en el Bajo Aguán, que enfrenta a comunidades campesinas con terratenientes y grupos paramilitares y criminales, no ha terminado. Debe reforzarse la protección policial de las comunidades campesinas, que permanecen indefensas ante unos ataques criminales que en ocasiones anteriores han hecho retroceder a la Policía.

Genocidio sistemático

Desde 2010 hasta la actualidad, la violencia de estas estructuras criminales ha causado el asesinato de más de 200 personas organizadas en la lucha por la defensa de la tierra. Solo en 2025, la cifra de fallecidos asciende a 11.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) documentó que 247.000 personas sufrieron desplazamiento interno en Honduras a causa de la violencia generalizada entre 2004 y 2018. Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), dependiente del Estado, estima que entre 2019 y 2023 unas 15.174 personas estuvieron en riesgo o padecieron desplazamiento forzado.

Se acerca el primer aniversario del desplazamiento de Camarones, el cual coincide con el período navideño, momento que el grupo criminal aprovechó en su día para atacar. Las organizaciones exigen que, para evitar que se repitan los ataques, las autoridades hondureñas —en el ejercicio de sus responsabilidades— fortalezcan las dotaciones policiales en Quebrada de Arenas para proteger a las cooperativas adheridas a la Plataforma Agraria y COPA.

Como señala el comunicado de estas organizaciones campesinas, tras la muerte del joven Roger Alexis Castillo, en el Bajo Aguán las familias campesinas están en permanente luto mientras los empresarios criminales y las bandas de sicarios doblegan al Estado hondureño.

Fuente: Colombia Informa