Alerta por la instalación de una “falsa” planta de Hidrógeno Verde a 3000 metros de Colón

En Colón, Entre Ríos, crece la preocupación entre vecinos, comerciantes y activistas ambientales por el proyecto de la empresa HIF Global para instalar una planta de E-Combustible en Paysandú, Uruguay, a solo 3.000 metros de sus costas. En 2023, la iniciativa se había presentado como una fábrica de Hidrógeno Verde, sin embargo, al conocerse más detalles de la iniciativa se supo que, en verdad, se trataba de una planta química para la producción de combustibles sintéticos.

La página oficial del proyecto “HIF-Paysandú” habla de una producción anual de 700.000 toneladas de metanol y de 900.000 de CO2 reciclado a partir de emisiones de bioetanol de Alcoholes Uruguay (ALUR). También, de la construcción de un parque solar, un parque eólico e inversiones por USD 5.300 millones.

Carlos Serrati, integrante de la multisectorial Somos Ambiente de Colón, explica que, en ese marco, “el hidrógeno verde es un insumo más, junto con el dióxido de carbono, para producir metanol a un nivel de 700.000 toneladas por año. Una barbaridad. Y a partir de ahí, producir cuatro combustibles: gas, gasolina, aceite lubricante y un kerosén para aviación”.

“La preocupación no es solo por la cercanía, sino también por las características de los productos que van a utilizar, y fundamentalmente, por las condiciones climáticas que existen. Casi todo el año —explica en diálogo con Canal Abierto— los vientos son preponderantemente del Este, o sea que cualquier contingencia negativa que pueda suceder en la empresa va a generar afectaciones”.

“Hablamos de metanol que es un alcohol muy tóxico, del hidrógeno que también es muy explosivo porque tiene una molécula muy susceptible de alterarse, y por supuesto, de combustibles. No estamos hablando de una fábrica de camisas”, apunta el también docente de Geografía.

La preocupación entre la población de Colón, además de la afectación a la salud y al ambiente, tiene que ver con el impacto económico. En la región, las dos actividades más importantes son el turismo y la producción de alimentos: la industria avícola, vitivinícola, de nueces de pecán, hortícola, entre otras.

“Siempre se habló de que la zona frente a Colón iba a ser un ‘área protegida’. Y de golpe, viene esta industria con el proyecto de instalarse en este lugar. Con lo cual, la reacción de la gente primero fue de incredulidad, después se pasó a la preocupación y ahora ya se empieza a ver un clima de enojo en todo un sector que durante muchos años fue generando inversiones, tanto en turismo como en las actividades productivas, y que ahora no sabe qué va a pasar”.

“Hay una incertidumbre total”, sostiene Serrati, “en función de que tampoco hay una postura muy firme del lado argentino de oponerse. Y nosotros entendemos que hay una pérdida de la soberanía”, advierte.

“El canciller Pablo Quirno dice que ‘hay que respetar las inversiones en la República Oriental del Uruguay’. Y no estamos hablando de no respetar las inversiones. Uruguay tiene todo el derecho del mundo a desarrollar los vectores económicos que considere más oportunos para su población, en tanto y en cuanto su pueblo lo acepte. Lo que no está en condiciones de hacer —cuestiona— es que su proyecto tenga un efecto negativo sobre otra población que tiene un destino ya predeterminado, no de ahora, sino de hace 50 años atrás”.

Por lo pronto, las últimas novedades hablan de una solicitud presentada al Gobierno de Uruguay para que los estudios de impacto ambiental en curso contemplen la localidad de Colón y su zona de influencia. La expectativa es que, de aceptarse, se abra un proceso de audiencias públicas para conocer los detalles de una iniciativa que, por lo pronto, se realiza en el marco de acuerdos de confidencialidad.

A nivel social, las protestas y actividades informativas crecen, no solo en Colón sino también en las comunidades aledañas. Este último fin de semana, por ejemplo, hubo una nueva Caravana Náutica “en defensa del río”, convocada por el Aero Club Colón y la Escuela Municipal de Canotaje, con el apoyo del propio Municipio de Colón.

“En un momento se pedía la relocalización, que Uruguay revea el punto de instalación, y después, a medida que vamos avanzando un poco en los detalles de las producciones que están realizando, entendemos que es un vector interesante para el futuro, para el reemplazo energético de los hidrocarburos, pero que no se puede hacer en cualquier lugar: no se puede hacer en la orilla de un río. A nosotros nos gusta comer un asado, pero no pretendemos que el frigorífico esté en la puerta de nuestra casa, ¿no?”, plantea Serrati.

Del otro lado del río

En Uruguay, en tanto, la oposición a la planta HIF Paysandú, y a otros cuatro proyectos de Hidrógeno Verde que ya están en carpeta, también va in crescendo, en particular con la conformación de la Red “No al Hidrógeno Verde”, que viene organizando actividades de visibilización junto a otros actores, como la Fundación Rosa Luxemburgo o el Sindicato de Energía de Uruguay, y también, en articulación con los vecinos de Colón.

Carmen Sosa, una activista sindical y ambiental de larga trayectoria, integrante de la Comisión Nacional por el Agua y la Vida que se conformó en los 90 para resistir la ola privatizadora, advierte que la pregunta central del conflicto es política: “¿Hidrógeno verde para qué y para quién?”.

“¿El Uruguay lo precisa?”, plantea. “Nosotros no precisamos energía, es más, nosotros tenemos energía de sobra. Entonces ¿a quién va a beneficiar ese proyecto? Ya sabemos —señala— que el Hidrógeno Verde, en el caso del proyecto de Paysandú y de Tacuarembó, que son los proyectos más avanzados, es para exportar a Europa. Entonces, lo primero que tenemos que discutir es cuál es el beneficio para la gente, algo que no está planteado en ningún lado”.

Esto es sumamente importante, máxime cuando desde 2004 la Constitución uruguaya reconoce el derecho de la ciudadanía a la “participación, control y gestión” en los proyectos que afectan el uso del agua, y cuando el país atraviesa una “profunda crisis de su política hídrica”, agravada por el avance extractivista y las sequías. En 2023, a pesar de las múltiples advertencias, el 60% de la población del área metropolitana se quedó sin agua potable y el Gobierno tuvo que salir a repartir agua embotellada.

“Después vienen los temas técnicos”, insiste la especialista. Entre estos: “el pasivo ambiental que dejan, la destrucción del medio ambiente, el agua que van a consumir”. “Pero para nosotros como Comisión hay que discutir primero lo otro. ¿Cuál es el beneficio para el país con esos proyectos?”, expresa.

El de la planta en Paysandú, cuya instalación se prevé para 2029, habla de la generación de 3000 empleos durante la construcción y de tan solo 300 durante la operación. A esto se suma un fuerte trabajo de lobby con la población para conseguir la licencia social, “que todavía no la tienen”.

“Ellos en los proyectos te ponen cuántos trabajos van a dar en forma directa e indirecta, pero lo que nunca aparece son los trabajos que desaparecen. Porque esos proyectos —destaca— avanzan sobre territorios donde hay gente. La cuenca no es solamente hidrológica, son cuencas hidrosociales en las que vive gente, viven productores que con estos proyectos tienen que abandonar sus actividades”.

Otro eje de la polémica tiene que ver con cómo se llevan a cabo los estudios de impacto ambiental. “Los efectos de los proyectos tienen que ser evaluados en forma acumulativa”, apunta Sosa. “Y lo que hace el Ministerio acá, por ejemplo, es evaluar los proyectos por separado y, peor aún, dentro de cada proyecto evalúa las etapas por separado, como si el ambiente estuviera compartimentado”. Esto, denuncia, da la impresión de que son “casi inocuos”.

“Y no, porque si yo en una zona tengo hidrógeno verde que gasta mucha o poca agua, pero también tengo forestación, tengo soja transgénica, el daño que se está haciendo al agua tiene que ser evaluado en conjunto”. “Nosotros —enfatiza la activista— no decimos que tenemos la razón, nosotros queremos que se cumpla con la Constitución”.

Fuente: Canal Abierto