Bajo pretexto de seguridad nacional, ampliación del muro de Trump está destruyendo Cuchumá, montaña sagrada del pueblo Kumiai

El Cuchumá, que se extiende en ambos lados de la línea fronteriza, forma parte del Registro Nacional de Sitios Históricos de Estados Unidos desde 1992 (registro número 92001268), cuando fue promovido el reconocimiento de más de 200 hectáreas de este territorio por los arqueólogos Mike Mitchell and Patrick Welch como un lugar de gran importancia para la vida religiosa de los pueblos Kumeyaay, al ser un espacio sagrado que históricamente ha tenido un uso ceremonial que incluye la realización de rituales de paso, y de ceremonias de adquisición de conocimiento para los chamanes de este pueblo originario binacional.

Otras organizaciones e instituciones académicas de la región también denunciaron en un pronunciamiento que las detonaciones han causado daños irreparables a dos afloramientos batolíticos del período cretáceo con longitudes de 80 y 300 metros respectivamente. Así como han generado diversos impactos ambientales transfronterizos, como el desplazamiento de fauna silvestre hacia zonas habitadas en territorio mexicano, como es la ciudad de Tecate, en Baja California y sus alrededores. Las colectividades firmantes advirtieron sobre el riesgo ambiental de estas obras, ya que la montaña del Cuchumá como ecosistema estratégico de esta región, “forma parte de un corredor biológico transfronterizo con funciones clave en la regulación hídrica, la conservación de biodiversidad y la conectividad ecológica entre ambos países”.

Las obras de ampliación del muro fronterizo fueron retomadas a un ritmo acelerado desde principios de 2025, cuando en su primer día de administración Donald Trump declaró una emergencia nacional en la frontera entre los Estados Unidos y México y ordenó una serie de medidas para “proteger” la frontera. Como parte de las medidas a tomar, comandó a los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional la construcción de barreras físicas adicionales, con el propósito de frenar el paso de migrantes. El proyecto de “Construcción de Barreras Fronterizas en los Condados de San Diego e Imperial” en el estado de California, que actualmente atenta contra el Cuchumá, es resultado de esta política. 

De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), las obras planeadas dentro de este proyecto incluyen la construcción y mantenimiento de aproximadamente 14 kilómetros de barrera fronteriza primaria en los condados de San Diego e Imperial, así como 114 kilómetros de infraestructura de apoyo a la Patrulla Fronteriza como cables de fibra óptica, postes de luz, iluminación, cables de energía, cámaras de vigilancia, y caminos de acceso y patrulla a lo largo de la frontera internacional. Por último, el proyecto también incluye la construcción de una barrera secundaria en lugares específicos. 

Este sistema de barrera fronteriza, fue presentado por la CBP como un nuevo “muro inteligente”, que incluye una combinación de muros de acero primarios y secundarios, barreras de agua, caminos de patrullaje y elementos de vigilancia como cámaras, luces y otras tecnologías de detección.

Un asunto de “seguridad nacional”

El proyecto fue presentado públicamente en diciembre de 2025. Meses antes, en septiembre, la entonces Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, emitió una orden de exención de diversas leyes y regulaciones ambientales aplicables a este proyecto. Bajo la justificación de la declaración de emergencia nacional, los distintos proyectos de ampliación del muro fronterizo a lo largo de la frontera, han sido exentos de la aplicación de casi 50 leyes ambientales y sociales.

Algunas de ellas son la Ley Nacional de Política Ambiental [NEPA],  la Ley Nacional de Preservación Histórica, la Ley de Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad Integral, la Ley de preservación arqueológica e histórica, la Ley de Sitios Históricos, Edificios y Antigüedades, la Ley de Protección del Desierto de California [Secciones 102(29) y 103 del Título I], la  Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de los Nativos Americanos y la Ley de Libertad Religiosa de los Nativos Americanos, solo por mencionar algunas.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Centro para la Diversidad Biológica (CBD), Sierra Club, la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC), entre otras, han interpuesto demandas contra el Departamento de Seguridad por la exención de leyes para acelerar la construcción del muro fronterizo y el ejercicio de poderes no autorizados por el Congreso. En los estados de Texas, Arizona y California, el DHS acumula más de 30 demandas alrededor de esta cuestión.

Exigencia al gobierno mexicano

Por su parte, en México, el 15 de abril pasado, organizaciones e instituciones académicas de la zona fronteriza, así como pobladores de Tecate, presentaron una solicitud de acción diplomática y jurídica dirigida al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez por las afectaciones derivadas de las obras de ampliación del muro fronterizo a la montaña sagrada de Cuchumá.

Las y los firmantes solicitaron que se lleve a cabo una protesta diplomática formal ante el gobierno de los Estados Unidos que incluya una solicitud de información sobre las obras en la zona fronteriza y que demande la realización de una evaluación binacional de los impactos ambientales y culturales del proyecto que afecta al Cuchumá. También solicitaron la intervención de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, así como de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.

Por último, las personas y colectividades que suscriben la carta solicitaron que las instancias del gobierno mexicano relativas a medio ambiente, patrimonio histórico y pueblos originarios, lleven a cabo una “evaluación integral de impactos ambientales y la protección de los derechos colectivos y culturales en contextos transfronterizos, incluyendo a las colonias de Tecate cercanas a la franja fronteriza”, dado que, además del enorme agravio hacia el territorio tradicional del pueblo Kumiai, las explosiones en esta zona han perturbado a la población de la ciudad de Tecate que vive cerca de la línea fronteriza, y ha comenzado a generar desplazamiento de la fauna silvestre. 

En este sentido, las obras de ampliación y reforzamiento del muro fronterizo, así como los impactos ambientales y culturales que están teniendo, representan una violación al Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, conocido como Acuerdo de La Paz, donde los gobiernos de ambos países se comprometieron, desde 1983, a procurar “las medidas apropiadas para prevenir, reducir y eliminar fuentes de contaminación en su territorio respectivo que afecten la zona fronteriza de la otra”. Así como a intercambiar información de forma constante y oportuna sobre posibles fuentes de contaminación, y a llevar a cabo la evaluación de proyectos que puedan tener impactos significativos en el medio ambiente de la zona fronteriza. 

De igual manera, el capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), centrado en el medio ambiente, compromete a los países firmantes a procurar la protección de la biodiversidad.

A dos meses del inicio de la destrucción del Cuchumá, el gobierno federal de México no ha informado haber emprendido acciones diplomáticas formales frente al llamado de intervención que han hecho distintos actores sobre las afectaciones a esta montaña sagrada y los ecosistemas que viven en ella.

El muro contra los territorios de los pueblos

No es la primera vez que la construcción del muro fronterizo afecta el territorio ancestral de pueblos originarios que habitan la franja fronteriza. En 2020, durante la primera administración de Trump, el pueblo originario binacional Tohono O’odham denunció la destrucción de sus sitios sagrados por la construcción de la sección del muro entre los estados de Sonora y Arizona. Mediante la detonación controlada de explosivos, como se lleva a cabo actualmente en el Cuchumá, las obras para la construcción de este proyecto fronterizo destruyeron lugares ancestrales de celebraciones religiosas y sitios de enterramiento.

La destrucción de los sitios sagrados del pueblo Tohono O’odham en Arizona continua hasta el día de hoy. En los primeros días de mayo, miembros de este pueblo originario denunciaron daños a un antiguo geoglifo en forma de pez llamado Las Playas Intaglio, que se encuentra dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre “Cabeza Prieta” y que tiene al menos mil años de edad. Días más tarde, el Centro para la Diversidad Biológica publicó imágenes que comprueban el daño sufrido por este sitio sagrado, donde la maquinaria raspó una franja de 15 metros de ancho.

Fuente: Avispa Midia