Caja Fiscal: el ajuste no es para los poderosos
El debate abierto en torno al intento de reforma de la Caja Fiscal impulsada por el gobierno vuelve a desnudar una matriz histórica de desigualdad en el Paraguay: el Estado sigue garantizando subsidios, beneficios y privilegios a los sectores más concentrados del poder económico, mientras traslada el costo del ajuste a los trabajadores y trabajadoras.
En ese marco, Abel Irala, analista y director de BASE-IS, sostiene que “el Estado continúa con su lógica de seguir subsidiando al agronegocio, a los bancos privados, a las especulaciones financieras, pero no aportar para los trabajadores/as”, una lógica que, según el análisis crítico de distintos sectores sociales, atraviesa históricamente las políticas públicas en el país.
Este intento de reforma desató un escenario de fuerte conflictividad social, que logró romper la mayoría oficialista en el Senado tras años de solidez del bloque parlamentario del oficialismo. Una masiva movilización popular, protagonizada principalmente por el sector docente, junto a otros sectores organizados de trabajadores y trabajadoras, logró frenar el avance del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, evidenciando un amplio rechazo social a una iniciativa percibida como regresiva y profundamente injusta.
La discusión se produce en un contexto donde el agronegocio, la banca privada y los sectores vinculados a la especulación financiera continúan recibiendo apoyo estatal directo e indirecto: infraestructura financiada con recursos públicos, exoneraciones impositivas, regímenes especiales, baja presión tributaria y políticas orientadas a garantizar la exportación de commodities antes que la soberanía alimentaria.
En relación al debate tributario, Irala advierte que “ante la sola mención del impuesto para soja, arroz y otros rubros del agronegocio, sus empresarios y políticos saltaron para rechazar la propuesta, casi amenazando con que afectaría a la canasta básica, que aumentarían todos los precios, e insisten con sus voceros que lo que se debe hacer es seguir financiando infraestructura para asegurar la salida de la producción y pagar la deuda externa que tiene el país”. Este posicionamiento se da en un contexto donde la deuda externa en Paraguay viene creciendo de manera acelerada y preocupante, con un repunte sostenido desde el año 2013 hasta la actualidad, sin que ello se traduzca en mejoras estructurales para la mayoría de la población ni en el fortalecimiento de los servicios públicos.
En ese sentido, Irala señala que “los privilegios de la élite política paraguaya, de los terratenientes, de las empresas multinacionales, son defendidos mientras se castiga el sacrificio de los sectores trabajadores y populares del país”, configurando un modelo de Estado profundamente desigual. Finalmente, remarca que “las prioridades del Estado son salvaguardar a sus privilegiados”, una afirmación que sintetiza el núcleo del conflicto político y social que atraviesa el debate sobre la Caja Fiscal.
En este escenario, la reforma planteada no aparece como una solución estructural ni como una política de justicia social, sino como una nueva expresión del ajuste: se preservan intactos los privilegios de los sectores concentrados del poder económico, mientras se pretende que los trabajadores y trabajadoras financien el desequilibrio fiscal.
El debate sobre la Caja Fiscal, lejos de ser solo técnico o financiero, expresa una disputa profunda por el modelo de país: entre un Estado capturado por las élites económicas y un proyecto de sociedad basado en la justicia fiscal, la redistribución de la riqueza y la centralidad de los derechos sociales. La defensa de los derechos previsionales se inscribe así en una lucha más amplia por un Paraguay donde las prioridades públicas estén definidas por las necesidades de las mayorías y no por los intereses de los sectores privilegiados.
