Catatumbo: caravana Internacional de Juristas denuncia ataques con drones y bombardeos contra población civil

La IX Caravana Internacional se desarrolló entre el 23 y el 26 de agosto y recorrió Ocaña (Norte de Santander), y los corregimientos de La Cecilia (Teorama) y Filo Gringo (El Tarra). En estos puntos, dirigentes de distintos municipios expusieron las graves afectaciones que sufre la población ante el recrudecimiento del conflicto social, político y armado.

Esta visita conmemora los 20 años de labor ininterrumpida de la Caravana Internacional de Juristas en Colombia, que este año se desplegó también en Chocó, Casanare y La Guajira. La primera Caravana, en 2006, surgió como un acto de solidaridad para visibilizar la situación de defensores del territorio, en un contexto crítico marcado por la política de «Seguridad democrática», las capturas masivas y las ejecuciones extrajudiciales.

Dos rutas para abarcar el territorio

La delegación en Norte de Santander se dividió en dos rutas para atender las necesidades de la zona. La ruta principal contó con el acompañamiento de Heather Neun (abogada y codirectora de Lawyers’ Rights Watch Canada), Heather Bain (abogada británica integrante de la Colombian Caravana) y Enrique Lertxundi (abogado vasco con amplia trayectoria en movimientos sociales). Medios alternativos y populares, incluida prensa de Euskal Herria (País Vasco), realizaron el registro documental del recorrido.

«El territorio no es una zona de sacrificio»: el clamor de las comunidades

Durante los diálogos, la Caravana se reunió con representantes de Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Juntas, quienes expresaron el sentir de más de cien comunidades. En esos encuentros, la violencia extrema contra la población civil, las organizaciones comunitarias y sus liderazgos quedó en evidencia.

Las afectaciones generan un clima de temor generalizado que no proviene de un solo grupo, sino de una multiplicidad de actores. Los bienes, la cotidianidad y los proyectos de vida de campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y personas con diversas orientaciones sexuales están sistemáticamente amenazados. Esta situación responde a que los gobiernos, los poderes económicos y las fuerzas militares leen el Catatumbo no como un territorio habitado por sujetos de derechos, sino como una zona estratégica donde la ubicación fronteriza, los recursos y el valor geopolítico priman sobre la vida de sus habitantes.

Actores armados y tácticas de guerra: un escenario de múltiples violencias

En el territorio, la Caravana constató el impacto de la negativa del gobierno de Gustavo Petro de dar una solución política al conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

También observó el accionar del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), en particular del autodenominado Frente 33, que afecta de manera directa e indiscriminada a la población civil. A este complejo panorama se suma la incursión del Clan del Golfo y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Las comunidades enfrentan un riesgo elevado, pues las tácticas de guerra las convierten en piezas del conflicto. Entre esas tácticas destacan los perfilamientos en redes sociales, el uso de drones con explosivos contra la población civil y la dirigencia comunitaria —como el ataque contra la vivienda del presidente de la Asociación de Juntas de Filo Gringo— y los bombardeos indiscriminados, como el registrado en la vereda Sinaí, municipio de San Calixto. Estas prácticas vinculan a la población civil con la confrontación armada y contravienen los Convenios de Ginebra, el Derecho Internacional Humanitario y los derechos de los pueblos del territorio.

Perfilamientos y amenazas: cifras que alarman

La Caravana recopiló cifras graves sobre los “perfilamientos”, prácticas que estigmatizan a personas y organizaciones como enemigos. Entre enero de 2025 y agosto de 2026, se registraron 78 perfilamientos contra procesos sociales y personas. La situación se vuelve más crítica cuando estos perfilamientos van acompañados de amenazas: en 2025 se reportaron 139 casos y en lo que va de 2026, 43.

Nuevo gobierno, mismas prácticas: denuncias sobre decisiones militares y geopolíticas

La Caravana también recopiló denuncias sobre el contexto geopolítico y las recientes decisiones del gobierno nacional liderado por Abelardo La Espriella. Con apenas 20 días en el poder a la fecha de cierre de la Caravana, su administración ya llevó a cabo acciones militares que dejaron civiles heridos por bombardeos, como ocurrió en el Sinaí.

Los procesos sociales denuncian que el gobierno apuesta por la represión y permite el ingreso y patrullaje de tropas extranjeras, incluidos militares de Estados Unidos e Israel, para desarrollar acciones conjuntas. Este hecho, sumado al anuncio de integrar a Colombia en el “Escudo de las Américas”, se percibe en el territorio como una entrega de la soberanía nacional. Además, es un retorno a la Doctrina Monroe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico que perfila al Catatumbo como una “zona de sacrificio” al servicio del extractivismo transnacional.

También generó profundo rechazo la expedición del decreto de emergencia económica del pasado miércoles 19 de agosto, emitido con el pretexto del terremoto que afectó a Colombia. Ese decreto incluyó a Norte de Santander —junto a otros 15 departamentos— para aplicar medidas de excepción, pese a que varios de esos territorios no sufrieron afectaciones por el sismo.  La medida enciende las alarmas, pues prevé la emisión de nuevos decretos de excepción que afecta a las comunidades.

Actualmente, este corregimiento y las veredas aledañas sufren ataques continuos con explosivos lanzados desde drones, que destruyen viviendas y bienes comunitarios, y afectan física y emocionalmente a la población.

Un dato alarmante recogido por la Caravana indica que los constantes hostigamientos en Filo Gringo, con el uso de drones cargados con explosivos artesanales, han afectado a más de 100 viviendas, de las cuales cerca del 50 % presenta pérdida total.

Un informe para exigir justicia y protección

Toda la información, los testimonios y las pruebas recopiladas bajo estrictos criterios de confidencialidad durante este recorrido y los demás realizados en el país se consolidarán en un informe conjunto de la Caravana Internacional de Juristas.

Ese documento exigirá a las entidades del Estado colombiano y a los organismos multilaterales medidas de respuesta, investigación y procesamiento frente a las violaciones documentadas, y brindará un respaldo urgente a quienes, en medio de la adversidad, continúan defendiendo la vida y el territorio.

Además, en la caravana participaron la Asociación MINGA, el Equipo Jurídicos Pueblos (EJP), el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), el Congreso Ambiental de Santander – Casa Aguaya, Plataforma Aguante Popular, Juntas Unidas, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER), entre otras.

Fuente: Colombia Informa