Cómo resistir a los imperios de las grandes tecnológicas (y sus reglas de comercio)

Idioma Español
Resisting Big Tech empires (and their trade rules)

"Las reglas de comercio digitales están consolidando el poder de acaparamiento de las Grandes Tecnológicas sobre la economía digital".

El 25 de abril de 2026, Global Justice Now y el Balanced Economy Project presentaron la conferencia titulada  “Cómo resistir los imperios de las grandes tecnológicas”, en Londres. Con una asistencia muy compacta, los y las conferencistas, incluido el autor y activista Cory Doctorow (1), la fundadora de IT-for-Change Anita Gurumurty (2) y la investigadora Sofia Scasserra (3), ofrecieron un mensaje claro: las reglas de comercio digitales están consolidando el poder de acaparamiento de las Grandes Tecnológicas sobre la economía digital. Debemos oponernos a esas reglas.

Para la mayoría de la gente, los inconvenientes de la economía digital se manifiestan como anuncios intrusivos, como violaciones de la privacidad en redes sociales o en la proliferación de centros de datos por todo el mundo. Pero ésta es apenas la punta del iceberg. Bajo la superficie hay obreros y obreras textiles  vigilados con cámaras de IA en India, algoritmos que  discriminan a las mujeres como conductoras de Uber, agricultores  endeudados por seguir mensajes digitales sesgados, conductores de Amazon  obligados a orinar en botellas de plástico para cumplir con alguna entrega imposible.

Estas realidades ominosas son posibles porque las regulaciones digitales están incrustadas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en muchos acuerdos o tratados de libre comercio (TLC).

La historia del comercio digital comenzó en 1998, cuando la OMC adoptó una  moratoria a las transmisiones electrónicas, prohibiendo la imposición de derechos arancelarios aduanales relativos a los productos digitales. En ese tiempo ni Facebook ni TikTok existían, y muy poca gente dentro de la organización se percató de que se estaban sentando los fundamentos de la futura arquitectura de la impunidad. Desde entonces, la moratoria se ha renovado, en gran medida sin escrutinio.

Desde entonces, una densa maraña de reglas se ha esparcido mediante tratados y acuerdos bilaterales o regionales de comercio, o en arreglos digitales más específicos como el Acuerdo de EUA-México-Canadá, el Acuerdo para la Asociación Integral y Progresiva Transpacífica, o el acuerdo de comercio digital entre Singapur y la UE. Estos acuerdos permiten a las compañías extraer datos de los países signatarios y transferirlos al extranjero para ser procesados. Los Estados pierden control sobre dichos datos (incluida esa muy sensible información relacionada con los registros de salud personales) porque con frecuencia se restringe el almacenamiento y el procesamiento locales. Al mismo tiempo, las reglas de confidencialidad de los algoritmos o los códigos de fuente, impiden que los gobiernos investiguen los riesgos, desde las fallas de seguridad hasta los sesgos sistémicos. Como en otros sectores cubiertos por los TLC, es típico que se prohíban las políticas que favorecen los servicios digitales locales, lo que va consolidando la dominación de las Grandes Tecnológicas.

Juntas, estas reglas han fomentado una nueva forma de capitalismo monopólico, cada bit del cual es tan implacable como los barones del robo en el siglo XIX —como los Rockefeller, Carnegie o Vanderbilt. Hoy los monopolios tecnológicos operan en términos semejantes, amasando vastas riquezas mediante la explotación de mano de obra y el ambiente. Su alcance continúa en expansión, arrastrado por el rápido crecimiento de los modelos de IA y por la imparable proliferación de centros de datos. Nuevos cúmulos de datos demandan múltiples giga watts de potencia que anualmente consumen miles de millones de dólares en electricidad. Según el  escenario que presenta la Agencia Internacional de Energía, el uso global de electricidad en los centros de datos podría alcanzar cerca de mil horas de tera watts para 2030 —algo más o menos equivalente al consumo de Japón. En una era definida por crisis climáticas y de energía, esta trayectoria comienza a leerse como ficción distópica.

La expansión es también vertical. Google, por ejemplo, ya no es sólo un proveedor de servicios: ha invertido fuerte en infraestructura, en la manufactura de chips y en el suministro de energía para los centros de datos de la IA, apretando su amarre sobre toda la cadena de valor digital. Tendencias semejantes son cada vez  más frecuentes en otros sectores de la economía global.

Las regulaciones comerciales hacen más que consolidar la capacidad de las Grandes Tecnológicas con fines de entrenamiento en IA, realizar prestaciones de servicio o publicidad dirigida. También restringen la posibilidad que tiene la gente para reparar o modificar los componentes digitales de sus dispositivos —desde teléfonos inteligentes o  tractores , hasta bombas de insulina. Estas restricciones surgen de las  disposiciones contra la elusión de la Ley de Derechos de Autor para el Milenio Digital (DMCA) de 1998, de Estados Unidos, y forman parte de un endurecimiento más amplio de las normativas de propiedad intelectual que ocurrió entre los años ochenta y noventa en respuesta a los cambios tecnológicos. Con estas disposiciones, revertir o alterar el diseño —incluso mejorar el producto para un uso legítimo— puede ser considerado un delito, penable hasta por cinco años de prisión y una multa de 500 mil dólares en la primera violación.

Subsecuentemente, Estados Unidos  exportó estas regulaciones contra la elusión a través de sus acuerdos de comercio con otros países, incluida Australia, Chile, Jordania y Marruecos. Durante las negociaciones para el TLC entre Estados Unidos y Centroamérica (que incluye a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana) hubo amenazas de restringir las importaciones de café con tal de forzar la aceptación. Hoy, previsiones semejantes aparecen en los acuerdos como el Acuerdo para la Asociación Integral y Progresiva Transpacífica, en el TLC entre Estados Unidos, Canadá y México (que sustituyó al TLCAN) y los tratados comerciales de la Unión Europea.

Como lo señala Cory Doctorow, muchos productos digitales son  basura de diseñador

¿Qué ocurre con China entonces?, Varias de las más grandes compañías de tecnología como Tencent, Huawei, Alibaba y Baidu —son chinas y ejercen una influencia global. No obstante, como argumenta Sofia Scasserra, la estrategia de China difiere. Parece más enfocada en controlar infraestructuras que en la dominación de los flujos de datos o la propiedad intelectual. La naturaleza no vinculante de las reglas de transferencia de datos en China domina en los acuerdos comerciales chinos, junto con una actitud de aceptar la “fuente abierta” para ciertos aspectos del ecosistema de la IA, lo que indica un enfoque diferente.

Las estrategias son diferentes, pero hay una ambición compartida: encabezar la carrera tecnológica con poca consideración hacia las comunidades marginalizadas o los límites ambientales.

Pero ahí no termina la historia. En 2026, en la conferencia ministerial de la OMC en Camerún, se rechazó por vez primera la moratoria sobre transmisiones electrónicas, a la que le siguió el veto de Brasil, que implicó la preocupación de Estados Unidos. Esto marca un viraje significativo, aunque sus implicaciones de largo plazo permanecen siendo inciertas. Por ahora, persiste la moratoria mediante numerosos acuerdos bilaterales, y es probable que Estados Unidos siga ejerciendo presión por la vía de los aranceles y acuerdos de comercio sesgados, evitando que se regule a los gigantes tecnológicos. Aun así el  impacto simbólico es innegable.

Una lección de la conferencia es innegable también: una agenda digital genuinamente progresista no puede evitar las cuestiones de soberanía o control digital. ¿Darle aliento a los campeones tecnológicos locales para que rivalicen con EUA o China, al tiempo de afirmar el control sobre los datos nacionales produce un sistema más ético? Es poco probable.

En cambio en el corazón de las políticas de comercio digital deben estar los derechos colectivos y la dignidad. Eso implica una gobernanza democrática para el ecosistema digital entero —datos, infraestructura, inteligencia artificial y algoritmos por igual. El punto central no es quién controla, sino si tenemos que resistir la datificación de la sociedad misma. ¿A qué propósito sirven los datos? ¿Cómo debemos manejar los datos sensibles relacionados con la salud, la educación o la mano de obra? ¿Quién se beneficia de las vastas infraestructuras digitales construidas sin una supervisión democrática? ¿Cómo podrían ser esos algoritmos genuinamente progresistas?

Existen alternativas. Pero sin una sostenida presión por abajo, el futuro de la economía digital seguirá en manos de los barones de la tecnología. La fuerte participación en esta conferencia sugiere que mucha gente reconoce lo que está en juego y que las resistencias a estas reglamentaciones corporativas no son sólo posibles sino que van creciendo.

Notas:

(1) Cory Doctorow es un novelista, periodista y activista canadiense a favor de los derechos digitales, la reforma de los derechos de autor y las políticas antimonopolio. Entre sus obras se encuentran Enshittification: Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It (Enshittificación: por qué todo empeoró de repente y qué hacer al respecto), así como numerosas novelas de ciencia ficción, entre las que se incluyen Walkaway y Lost Cause. Es asesor especial de la Electronic Frontier Foundation (EFF).

(2) Anita Gurumurthy es la directora ejecutiva del grupo indio de defensa IT for Change, donde trabaja en la gobernanza de los datos y la inteligencia artificial, la regulación de las plataformas y los marcos feministas en materia de justicia digital. Colabora como experta con diversos organismos, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de los Datos de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CSTD) de las Naciones Unidas.

(3) Sofía Scasserra es la directora del Observatorio de Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) de Argentina. Realiza investigaciones sobre la economía digital con el Transnational Institute y la Confederación Sindical de las Américas, y es asesora estratégica de la red Our World Is Not For Sale.

Fuente: Bilaterals 

Temas: Corporaciones, Nuevas tecnologías

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