Demoliendo una memoria que acusa: el Estado destruirá la casa de Julia Chuñil para construir impunidad

En una nueva audiencia en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de Julia Chuñil, el Juzgado de Garantía de Los Lagos autorizó, a solicitud del Ministerio Público, la demolición de una vivienda y una bodega emplazadas al interior de su propio predio, como parte de las acciones destinadas a continuar la búsqueda de su cuerpo.

La medida se adopta sin que exista juicio, sin responsables formalizados y sin verdad, pero con consecuencias irreparables para una familia que sigue siendo expuesta y criminalizada.

El propio tribunal reconoció que esta acción afecta directamente el derecho de propiedad garantizado constitucionalmente, razón por la cual requería autorización judicial. Sin embargo, esa constatación no impidió que el Estado ya hubiera comenzado la destrucción del hogar de una familia que no ha sido condenada por ningún delito, pero que ha sido tratada como culpable por la fiscalía y medios de comunicación desde el inicio del proceso judicial.

La demolición no ocurre en un sitio abandonado, sino en una vivienda donde aún habitan cinco integrantes de la familia Chuñil, profundizando el daño material, emocional y simbólico, lo que parece constituir parte de una acción de escarmiento y el envío de una advertencia hacia el mundo de las dirigentas mapuches y defensores de la naturaleza.

La familia Chuñil, junto a su abogada Karina Riquelme, no se opuso a la solicitud de la Fiscalía. No porque avale el procedimiento, sino porque no tiene nada que ocultar y porque busca demostrar su absoluta inocencia frente a una persecución sostenida.

Así lo expresó la nieta de Julia Chuñil, Lyssette Sánchez, quien señaló que solo solicitaron la devolución de algunos enseres y recuerdos, entre ellos fotografías de Julia con sus nietos, uno de ellos está hoy de cumpleaños, el mismo día en que se anuncia la demolición. “Se nos hace un nudo en la garganta explicar que su hogar será destruido”, dijo en un comunicado público.

La política de derechos y tierras arrasadas

Este hogar no solo fue un lugar de vida y cuidado, sino el fruto de años de trabajo, amor y esfuerzo de Julia Chuñil para sus nietos. Antes de llegar hoy a este punto, el territorio ya había sido devastado: las huertas destruidas, las semillas arrasadas, la tierra removida y las vertientes de agua secadas, denunció Lyssette.

Hoy, la demolición de la casa representa el golpe final: la eliminación del espacio donde persistía la memoria de Julia, todo ello será bajo la mirada de un contingente policial y el acoso de la prensa nacional, que volverá a exponer públicamente a la familia como objeto de sospecha y criminalización.

Mientras el Estado despliega toda su fuerza sobre una familia trabajadora, el empresario imputado en la causa continúa sin ser formalizado. Esta asimetría revela con claridad el carácter de clase, racista y colonial de las políticas represivas que se aplican en Chile: mano dura para los sectores populares y pueblos originarios, garantías e impunidad para quienes concentran poder económico.

La demolición de la casa de Julia Chuñil no busca justicia; funciona como castigo anticipado y como mensaje disciplinador al conjunto de la sociedad, al inicio de un gobierno controlado por la ultraderecha y el gran empresariado extractivista exportador.

Lo ocurrido no es un hecho aislado. Dialoga directamente con los desalojos forzados, la criminalización de la pobreza y el uso del aparato represivo del Estado que hoy enfrentan cientos de familias en la toma de San Antonio y en numerosos territorios del país. También constituye la continuidad de las políticas de montaje, persecución y criminalización contra dirigentes y comunidades mapuche en resistencia en La Araucanía y el Biobío, así como del sistemático proceso de impunidad que ha permitido dejar en libertad a agentes represores responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra manifestantes durante la revuelta popular.

Estamos avanzando hacia la implementación de una política sistemática y articulada de barbarie social impulsada por el Estado en convivencia con los grupos empresariales nacionales, inversionistas y compañías transnacionales, la cual desprecia la vida, la memoria y los derechos colectivos, y que utiliza el derecho penal y la fuerza pública para sostener de manera represiva un orden profundamente cruel y desigual.

Demoler la casa y bodega de Julia Chuñil, así como eliminar a sus animales domésticos y ganado, es intentar borrar su historia y silenciar a su familia. No dejar rastro de su existencia en este territorio en disputa y hacer desaparecer sus derechos fueron los objetivos centrales que por años persiguió de manera infructuosa el empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt Anwandter, principal beneficiado de esta esta situación de facto.

Pero la memoria no se destruye con maquinaria ni con resoluciones judiciales. Frente a la impunidad y la violencia estatal, persiste la exigencia de verdad, justicia y dignidad.

Julia Chuñil sigue viva en la lucha de su familia y de quienes no aceptamos que el Estado consolide la impunidad destruyendo hogares, territorios y comunidades históricamente excluidas.

Fuente: Ecoceanos