Ecuador: denuncian que Ley minera es inconstitucional
Cuatro nacionalidades indígenas de la Amazonía, protestaron para declarar la inconstitucionalidad de ley que promueve actividad extractiva.
Las organizaciones indígenas de la Amazonía de Ecuador llegaron hasta Quito para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento minero y energético aprobada por el gobierno de Daniel Noboa.
“Este gobierno sigue aprobando leyes de muerte, saqueo y despojo de nuestros territorios en complicidad de los asambleístas. Están tratando de militarizar y despojar nuestros recursos para solo dejarnos contaminación y destrucción” dijo Luis Canelos de la organización Pakkiru.
Se trata de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN), Pastaza Kikin Kichwa Runakuna (Pakkiru), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) y la Organización Waorani de Pastaza (OWAP).
Además de la demanda, las organizaciones Frente Antiminero, Yasunidos y Ecuarunari interpusieron cuatro recursos de amicus curae (mecanismo de participación ciudadana en procesos judiciales, que permite aportar argumentos técnicos, jurídicos o de interés público en el caso).
“No queremos ni minería legal ni ilegal, la fuerza pública y militar debe defender al pueblo y territorios, no a las grandes empresas que ocasionan daño en nuestros territorios”, dijo Luis Canelos.
Para la Conaie la ley "va en contra de la consulta previa y flexibiliza controles ambientales en favor de grandes empresas" pues considera que la normativa permite concesiones de hasta 30 años y habilita la militarización de territorios.
“Esta ley está habilitando que únicamente con una declaración juramentada los titulares mineros que tienen el interés minero que tienen el interés de explotación vayan a un notario y digan que no habrá afectación” dijo por su parte la asesora legal de Pakkiru.
Agregó que, la norma fue aprobada negándole el derecho a las organizaciones indígenas de participar en su debate por lo que la demanda de inconstitucionalidad que están presentando exige ser resuelta en el territorio con participación de la población indígena.
Fuente: SERVINDI
