El juicio de los «nuevos tiempos»: sin evidencias ni peritajes, con testigos protegidos y campaña de juzgamiento mediático

El Juzgado de Garantía de Los Lagos resolvió hoy las medidas cautelares en el marco de la investigación por la muerte de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil Catricura, decretando prisión preventiva solo para uno de los hijos imputados, pese a que la Fiscalía solicitó la medida más gravosa para los tres.

El tribunal acogió la solicitud de manera parcial. Los otros dos hijos quedaron sujetos a arresto domiciliario total y prohibición de salir del país. No obstante, tras conocerse la resolución, la Fiscalía Regional de Los Ríos interpuso un recurso de apelación verbal para que la Corte de Apelaciones de Valdivia revise la decisión y decrete prisión preventiva también para ellos, argumentando que su libertad constituiría un riesgo. Mientras se resuelve el recurso, los imputados permanecen detenidos en el Complejo Penitenciario de Valdivia.

En paralelo, el Ministerio Público desistió de la cautelar de prohibición de comunicación entre los imputados. A tres de los hijos de Julia Chuñil se les imputa el delito de parricidio. En tanto, al exyerno de la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por orden judicial, se le atribuye como encubridor del delito de homicidio calificado, quedando con arresto domiciliario nocturno.

Una investigación sin pruebas materiales

Durante la audiencia del 15 de enero, la abogada Karina Riquelme, representante de la familia de Julia Chuñil, realizó un duro cuestionamiento al actuar del Ministerio Público, denunciando graves irregularidades, ausencia de pruebas y un proceso investigativo profundamente viciado.

Según expuso ante el tribunal, la Fiscalía no presentó pruebas científicas ni peritajes que acrediten la existencia de un homicidio ni la participación de los hijos de la defensora mapuche. Pese a las múltiples diligencias realizadas por la PDI, Labocar y otros equipos especializados —incluyendo excavaciones, levantamiento de ADN y rastreos—, no existe evidencia material que permita sostener la tesis de un parricidio.

La defensa subrayó que no hay informes del sitio del suceso que respalden la ocurrencia de un crimen, a pesar de tratarse de una investigación extensa y de alta exposición pública.

Testigos protegidos y declaraciones sin defensa

De acuerdo con la defensa, la imputación se sostiene casi exclusivamente en dos elementos altamente cuestionados:

• Un testigo “reservado”, cuya identidad sería fácilmente reconocible y que presenta problemas cognitivos, situación reconocida incluso por Carabineros, que en su momento se negó a tomarle declaración por no encontrarse en condiciones.
• La declaración de un coimputado obtenida sin abogado defensor, en un contexto de detención violenta, estado de ebriedad y presiones indebidas, lo que constituye una vulneración grave del debido proceso.

La abogada fue enfática en señalar que ninguna de estas declaraciones cuenta con corroboración probatoria, requisito básico para sustentar una imputación penal, y menos aún una solicitud de prisión preventiva.

La única evidencia científica: fuera del domicilio familiar

Uno de los puntos centrales de la exposición de la defensa dice relación con la única evidencia científica existente en la causa: una muestra de sangre identificada como perteneciente a Julia Chuñil.

Riquelme explicó que dicha muestra no fue encontrada en el domicilio de los hijos, sino en el lugar donde la defensora mapuche estuvo el último día que fue vista, junto a la persona que hoy actúa como testigo protegido. En ese sitio se levantaron dos muestras de sangre, siendo una de ellas atribuida a la víctima.

La abogada recalcó que esta evidencia solo pudo ser identificada gracias a la colaboración voluntaria de la familia, que entregó muestras biológicas y permitió todos los ingresos policiales solicitados por la Fiscalía.

A juicio de la defensa, resulta especialmente grave que el testimonio de la persona que estuvo a solas con Julia Chuñil en el único lugar donde se ha encontrado sangre de la víctima sea utilizado como principal sustento de la imputación, sin que el Ministerio Público haya entregado una explicación coherente sobre este antecedente.

Diligencias reiteradas, ningún resultado

Durante la audiencia también se detallaron los reiterados ingresos de equipos policiales al domicilio de uno de los hijos imputados en Mafil. Funcionarios de Labocar ingresaron por primera vez el 5 de diciembre y reingresaron el 19 de diciembre de 2024, levantando numerosas evidencias.

Sin embargo, según enfatizó Riquelme, ninguna de estas diligencias arrojó resultados que respalden la hipótesis de un ahorcamiento, la existencia de un cuerpo o cualquier antecedente que dé cuenta de la comisión de un homicidio.

“Equipos completos ingresaron al domicilio donde supuestamente se habría cometido un crimen y no encontraron absolutamente nada”, sostuvo la abogada ante el tribunal.

Omisiones, estigmatización y vulneración de derechos

La defensa denunció además una serie de prácticas preocupantes por parte del Ministerio Público:

• Omisión de antecedentes que contradicen su propia tesis, incluidos testimonios que descartan conflictos familiares.
• Intentos de construir un relato de violencia intrafamiliar sin respaldo probatorio.
• Hostigamiento policial a testigos vulnerables del territorio.
• Falta de consideración del contexto cultural mapuche, en contravención a estándares internacionales de derechos humanos, pese a condenas previas al Estado de Chile por investigaciones discriminatorias.

Riquelme advirtió que la utilización de testigos reservados y declaraciones obtenidas sin defensa legal no solo debilita la investigación, sino que amenaza directamente las garantías fundamentales.

“No existe un motivo razonable para sostener un parricidio”

En su alegato final, la abogada fue categórica: no existe motivo razonable, coherente ni probado para sostener que los hijos de Julia Chuñil hayan cometido o encubierto un parricidio.

Lo que queda en evidencia, sostuvo, es una investigación deficiente, basada en dichos contradictorios y sin evidencia material, que parece orientada a buscar responsables a cualquier costo, revictimizando a una familia mapuche que ha colaborado desde el primer día en la búsqueda de la defensora ambiental.

Fuente: Ecoceanos