El poder detrás de la portada

Quién es dueño de los medios en Bolivia

En Bolivia, la propiedad de los medios casi nunca es pública. No existe un registro abierto y fácil de consultar que diga quién es dueño de cada canal, cada radio y cada diario. Lo que existe es un puñado de familias y empresarios que, además de medios, controlan bancos, agroindustria, ferrocarriles, casinos y aerolíneas. El medio es una pieza más dentro de un patrimonio mucho más grande. Esa superposición es, por sí sola, la primera fuente de sesgo: una línea editorial rara vez muerde la mano que también firma créditos, vende soya o necesita licencias del Estado.

Entender quién informa al país empieza por entender quién es su dueño. Este es el mapa, con lo que está documentado y lo que todavía falta verificar.

Casi todos los nombres de esa lista pertenecen a élites económicas regionales: agroindustria y banca en Santa Cruz, familias tradicionales en La Paz, o empresarios con grandes carteras que dependen del Estado. El medio nunca está solo. Está atado a un conglomerado.

El caso El Deber

El movimiento más reciente de ese mapa ocurrió en abril de 2025, en El Deber, el diario más grande e influyente del país. Lo seguimos con el estándar que aplicamos a todo dato sensible: confirmado, reportado o sin verificar.

Lo que está confirmado ya es relevante: capital de empresarios cruceños entró al diario mayor del país en plena crisis financiera. Lo que falta confirmar es más delicado todavía: si un ministro en ejercicio tiene parte de ese diario, y cuánta. En Bolivia, esa concentración de poder no tiene contrapeso ni regulación. No hay ley que impida que quien gobierna sea dueño de quien informa.

El caso Los Tiempos

El mismo patrón golpeó antes a Cochabamba. En noviembre de 2023, Los Tiempos cambió de dueño tras una crisis económica y, según sus directivos, presión fiscal del gobierno de entonces. Lo seguimos con el mismo estándar.

El patrón se repite, y cruza todos los colores. Como en El Deber, capital ligado al poder entra a un diario histórico en crisis. La diferencia es de qué lado: los Valdivia vienen del entorno del MAS; los nuevos socios de El Deber, del empresariado cruceño, hoy con un pie en el gobierno de Paz. La captura de medios no es de izquierda ni de derecha. En los dos casos, el lector pierde un medio independiente y gana un dueño con intereses fuera del periodismo.

El mapa del alcance

Bolivia no tiene una medición de audiencia independiente y continua. No existe un “people meter”, y el único estudio de rating de televisión lo financia Unitel, el canal líder. Las cifras que siguen son estimaciones, cada una con su fuente. Aun así, el panorama es claro: la televisión sigue siendo el medio más visto, pero internet ya la alcanzó.

Según Ipsos CIESMORI (2024), 72% de los encuestados se informa por televisión, 90% usa internet, 86% redes sociales y 30% radio. La prensa impresa cayó al 9%. En digital, El Deber es el sitio de noticias más visitado del país, con cerca de 8 millones de visitas al mes. En televisión, Unitel manda desde 2011. La radio casi no se mide, pero Erbol, con unas 170 emisoras aliadas, tiene la mayor huella nacional.

El dinero del Estado

La propiedad es la mitad de la historia. La otra mitad es el dinero público. La pauta estatal funciona desde hace años como premio y castigo, sin una sola norma que la regule.

Un estudio de Observacom y la Asociación Nacional de la Prensa (2024) encontró que La Razón y Ahora El Pueblo concentraron más del 85% del aviso oficial impreso. Bolivia Verifica documentó que, en sus últimos cuatro meses, el gobierno de Luis Arce gastó Bs 31,1 millones en publicidad a través de 42 medios. Los medios independientes, Página Siete antes de cerrar, El Deber, Los Tiempos, Brújula Digital y la agencia Fides, quedaron sistemáticamente fuera. El gobierno de Rodrigo Paz, en funciones desde noviembre de 2025, todavía no publicó una regla para repartir ese dinero.

El otro brazo: la amplificación

Tener el medio es una parte del poder. Amplificarlo es la otra. En 2023, Meta dio de baja una red ligada al gobierno de entonces y al MAS, que se identificaba como “Guerreros Digitales”: 1.041 cuentas de Facebook, 450 páginas, 14 grupos y 130 cuentas de Instagram, con un alcance cercano a 2,3 millones de seguidores. El fenómeno no es de un solo color político, y no terminó con el cambio de gobierno.

Como mención, y bajo análisis: en 2026, tras una publicación del economista Gonzalo Colque sobre un avión de la familia Justiniano, se documentó un ataque digital coordinado contra esa publicación y una presunta red de más de mil cuentas. Es el hallazgo de un analista, todavía sin verificación independiente. En paralelo, en el entorno del presidente Paz figura el asesor argentino Fernando Cerimedo, vinculado regionalmente a campañas digitales y a controversias por desinformación. Su rol formal en el gobierno está en disputa.

Lo que está en juego

El poder comunicacional en Bolivia se concentra en tres capas que se refuerzan: la propiedad, en manos de élites económicas y, posiblemente, de un ministro; el dinero del Estado, repartido sin reglas; y la amplificación digital, que ya no se activa solo en campaña. Encima de todo eso, el país no tiene ley de protección de datos ni un registro público de propiedad de medios. Sin esos dos cimientos, el ciudadano no puede saber quién le habla ni con qué interés.

Por eso este mapa es público y seguirá abierto. Cada dato lleva su sello. Cada vacío, su pedido de verificación.

Fuente: Sala.Red