En Colombia, los agricultores están ocupando tierras improductivas, aprendiendo agroecología y presionando a favor de una reforma agraria popular

La lucha por la reforma agraria en Colombia alimenta el debate público y  ha logrado avanzar en medio de la disputa por la tierra y  la violenta represión de los movimientos populares. Las ocupaciones de tierras improductivas, la agroecología y la acción parlamentaria son las herramientas utilizadas para aumentar la presión para la aplicación de las leyes y la transformación hacia una política agraria más justa.

Las ocupaciones se llevan a cabo en tierras improductivas o cuyos propietarios han cometido diversos delitos, como delitos ambientales y trabajo forzoso. Los campesinos dividen el territorio entre parcelas familiares improductivas y un área colectiva. La producción de las parcelas permanece en manos de cada familia, mientras que un porcentaje de lo proveniente del área colectiva se destina a un fondo de inversión para la propia ocupación, destinado a fortalecer la producción y la vida comunitaria.

Estas zonas están plagadas de amenazas de terratenientes y empresarios que contratan paramilitares para expulsar los movimientos.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ilustran el contexto de violencia. Solo en el primer semestre de 2025, la organización reportó el asesinato de 129 personas vinculadas a los derechos sociales y al movimiento campesino colombiano.

Tierra de promisión

Es en este contexto que, en el municipio de Pailitas (Cesar), a la orilla de la carretera que comunica los distritos de El Burro y La Palestina, familias campesinas decidieron recuperar un área de aproximadamente 1.200 hectáreas que, según ellos, llevaba años sin uso y seguía contaminando la fuente hídrica local, perjudicando a las comunidades que viven aguas abajo.

Agricultores vinculados al grupo "Comisión por la Vida Digna, Tierra y Territorios" estudiaron el área, denominada Finca Tierra Prometida, la ocuparon y hoy tienen su derecho de posesión reconocido por la justicia.

Para iniciar la ocupación, las familias plantaron 1200 plántulas de banano y, paralelamente, realizan talleres para reducir el uso de fertilizantes y restaurar el suelo y el agua. Todo esto forma parte de la transición hacia un modelo de producción agroecológico que respeta el suelo y no recurre al fuego. La lógica es la de la producción integrada entre las familias.

“Explotaban y contaminaban la fuente de agua, lo que perjudicaba a todas las comunidades río abajo. También decidimos, debido a la situación económica de nuestra familia, recuperar este espacio. Antes no sembrábamos, y decidimos recuperar esta zona”, dice el agricultor Dani Molina, de la Comisión para la Vida Digna, la Tierra y los Territorios.

La reforma agraria es una lucha de larga data en Colombia, marcada por una alta concentración de la propiedad de la tierra: aproximadamente el 1% de la población posee el 46% de la tierra cultivable nacional, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El gobierno de Gustavo Petro ha marcado un antes y un después. Desde su llegada al poder, se han asignado aproximadamente 300.000 hectáreas a comunidades campesinas y étnicas, un logro impulsado por décadas de movilización de las propias organizaciones agrarias.

Fabián Hernández, portavoz de la Comisión para una Vida Digna en Tierras y Territorios, considera la recuperación de tierras en Pailitas un ejemplo de la importancia de la reforma agraria. Según él, este modelo de recuperación de tierras no fue inventado por la Coordinadora Nacional Agraria (CNA), sino que es una acción comunitaria que se ha llevado a cabo en Colombia durante siglos.

La reforma agraria ha avanzado gracias a las acciones de las organizaciones campesinas. Para nosotros, la recuperación significa poder recuperar el campo y las tierras improductivas. Este territorio es un ejemplo del problema de la tierra y la necesidad inminente de una reforma agraria. Porque esta tierra tiene espacios desocupados. Una parcela de 1.200 hectáreas posiblemente tenga 900 hectáreas vacías. Y estos espacios son para la reforma agraria en Colombia», dijo.

Producción, agua y autonomía

Otro pilar de las ocupaciones centradas en la reforma agraria es la sostenibilidad en suelos ecológicos, también para las familias que forman parte de los movimientos. En Tierra Prometida, la organización combina parcelas familiares y un área colectiva, destinando un porcentaje de la producción a un fondo común. Los talleres de agroecología buscan reducir el uso de fertilizantes y proteger el agua, lo que motivó la revisión tras la denuncia de la contaminación de las fuentes de agua.

Cada familia tiene su propia parcela y puede cultivar los alimentos que prefiere, ahorrando así con los ingresos de la venta. Además, existe un espacio comunitario dedicado a la producción que genera ingresos para un fondo comunitario. La idea es reinvertirlos en producción y en espacios para la interacción comunitaria.

"Aquí trabajamos colectivamente. Cada comunidad. Trabajamos y, al producir, generamos ingresos para las familias", dice Dani Molina.

Un ingreso garantizado es esencial para las familias que carecen de tierra y trabajan en propiedades privadas con bajos salarios. Ana Milena Zolano, campesina, lleva 33 años trabajando en el campo y no ha podido comprar tierras para su familia. Por ello, se unió a la Comisión por la Vida Digna, Tierra y los Territorios para participar en la ocupación de la Finca Tierra Prometida.

"No hemos podido conseguir el dinero para comprar tierras aquí porque es caro. Estas tierras pertenecen a gente que siempre ha tenido dinero. Y nosotros nunca tuvimos tierras, así que nos embarcamos en este proceso para tener un lugar donde trabajar", declaró a Brasil de Fato.

Lucha y autodefensa

Para enfrentar las amenazas, los movimientos entienden que es necesario mantener la organización y una ideología coherente. El CNA es el mayor movimiento por la tierra en Colombia y la principal fuerza que organiza a los campesinos en la ocupación de tierras improductivas.

Además de la formación productiva, la CNA también se preocupa por empoderar a los campesinos mediante una línea política alineada con el socialismo. Para el movimiento, esto marca una oposición entre las diferentes líneas políticas que compiten por la tierra en Colombia.

Andis Alvarino es campesino de la Tierra Prometida y comprende que las amenazas y ataques que sufren los paramilitares tienen un importante agente organizador: el capital. Para él, la lucha es también un nuevo proyecto social: se necesita un socialismo que no reproduzca lógicas excluyentes.

Si vienen, tenemos que enfrentarlos. Cuando vienen, alguien los envía. Sí, alguien les envía el capitalismo. El capitalismo se impone a todos, incluidos los campesinos. Por lo tanto, el campesino también tiene que alzar la bandera y mantenerse firme, afirma.

Pese a la presión de las grandes corporaciones, los agricultores resaltan la importancia de la distribución de la tierra, no sólo para la producción de alimentos sanos, sino también para una división más justa del territorio colombiano.

Fabián Hernández recuerda el papel histórico de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y la Línea Sincelejo, frente a grupos paramilitares que intentaron destruir la producción comunitaria. «Hoy recuperamos esta historia y las luchas de los líderes asesinados», afirma, señalando también la criminalización de los campesinos que ocuparon tierras improductivas y la muerte de cuatro líderes de la Comisión durante el gobierno de Iván Duque.

Pese a ello, hay un cambio de escenario: “Hay un avance importante porque este es un gobierno favorable a la recuperación de tierras sin la violencia que vimos en gobiernos anteriores”.

Avances sin precedentes y presión popular

A nivel institucional, el gobierno de Gustavo Petro reaccionó al Sistema Nacional de Reforma Agraria, reconociendo al campesinado como sujeto de protección especial (Acto Legislativo 01/2023) y creando la Jurisdicción Agraria (Acto Legislativo 03/2023).

La administración también reconoció los Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam) –instrumento que prioriza las políticas de reforma agraria, agroecología y soberanía alimentaria– y consolidó las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), de las que actualmente se reconocen 14.

Según la ministra de Agricultura,  Martha Carvajalino, más de 700.000 hectáreas se incorporaron al Fondo Nacional de Tierras, y aproximadamente 300.000 hectáreas se entregaron a familias campesinas y comunidades étnicas. «Poner la tierra en manos del campesinado es reconocer a quienes abastecen el 80% de los alimentos en las ciudades», declaró en una entrevista con Brasil de Fato. Sin embargo, admite que las regiones con mayor concentración de propiedad de la tierra también concentran la violencia, y defiende la reforma como política de Estado.

Fuente: Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)