En Perú aprueban expansión minera que desaparecerá dos comunidades de Cusco

Las poblaciones de la provincia de Espinar protestan contra la expansión de la mina de cobre Antapaccay, operada por la transnacional suiza Glencore, debido a que implica la desaparición de dos comunidades altoandinas de la región Cusco, en el sur del Perú.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó la integración del proyecto Coroccohuayco a la unidad minera Antapaccay-Tintaya, para lo cual el 20 de mayo autorizó la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La resolución no ordena el inicio de obras ni concede derechos inmediatos sobre los terrenos, pero demuestra la aceleración de procedimientos administrativos, con miras a iniciar la explotación en 2028.

En Espinar, donde el 45% del territorio está concesionado a la minería, se vive una crisis sanitaria y ambiental a causa de la contaminación ocasionada por Antapaccay, sustentada en estudios de organismos públicos.

“Para Coroccohuayco se llegó a acuerdos que no se están cumpliendo, sobre la remediación de los pasivos ambientales y afectaciones de salud. En 45 años de la mina, solo hubo crecimiento de pobreza, empeoró la calidad de vida, de la tierra, que ya no es productiva, han envenenado fuentes de agua. En mi comunidad, Huancané Bajo, hasta hoy no hay agua ni luz”, declaró para Avispa Mídia Vidal Merma, integrante de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar.

En el conflicto socioambiental actualmente hay demandas de dos partes. Por un lado, la comunidad Palpata reclama que se les incluya en el área de influencia directa de la explotación, mientras que nueve comunidades que aprobaron la primera variación del EIA exigen la consulta previa para la segunda. Los defensores de los territorios denuncian que la empresa no resolvió sus cuestionamientos sobre las consecuencias de la primera modificación.

En esta reformulación del EIA, Glencore plantea adquirir el 95% de las tierras de la comunidad originaria Huini Coroccohuayco (514 hectáreas) y el 99% de Pacopata (1,161 hectáreas). Para la oficina ambiental, el desplazamiento de las poblaciones se trata de impactos “muy altos”.

Conflicto en Espinar. Foto: CooperAcción.

La minera propone un Programa de reasentamiento y restitución de medios de vida y tierras por adquirir. Lo que no contemplan los mecanismos de compensación es que la pérdida del territorio significa la destrucción del tejido social, cultural, comunitario y espiritual de las comunidades originarias. En vista de las afectaciones a poblaciones indígenas, el Senace solicitó al Ministerio de Cultura que emita una opinión, sin embargo la institución no emitió comentarios.

“Hay un proceso permanente de despojo desde el Estado y las empresas, en el marco de la mina Tintaya, luego el segundo momento de expansión, en Antapaccay, ahora con Coroccohuayco. La gente se ha ido enterando de las propuestas de esta ampliación cuando se solicita la segunda modificación de EIA, hay una fase breve para hacer observaciones, es mucha información técnica. Lo sustantivo no se aclara, que es cómo impactará el sacrificio de territorio”, manifestó el director de Derechos Humanos Sin Fronteras, José Antonio Lapa Romero, en conversación con este medio.

El especialista observa que hay una decisión política, desde el Ejecutivo y el Ministerio de Energía y Minas, para no objetar el proyecto, por lo que prevé que no se aplicará la consulta previa.

Producción global y pobreza local en aumento

En el Perú, segundo productor mundial de cobre, se multiplican los megaproyectos de extracción del mineral en el cinturón cuprífero de la Cordillera de los Andes, que abarca regiones del sur andino nacional como Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Puno. En un contexto de disputa por el control de la cadena mundial de suministro entre China y Estados Unidos, potencia con la que el Estado peruano firmó este año un memorando de entendimiento para impulsar la producción de minerales críticos y tierras raras.

A través del proyecto Coroccohuayco, el grupo suizo planea duplicar su producción de cobre en Espinar a más de 300,000 toneladas anuales, para lo que tendría que sumar 20 mil hectáreas a la zona de sacrificio. De esta forma, Glencore se propone extender la vida útil de Antapaccay - cuya productividad actualmente se estima hasta el año 2034- durante otras dos décadas. Además, en diciembre de 2025 Glencore adquirió el proyecto de extracción de cobre Quechua, también a tajo abierto y en la provincia de Espinar. 

“El crecimiento va a posicionar a Glencore como uno de los cuatro primeros productores de cobre a nivel mundial, entendiendo que hay un movimiento empresarial global en busca de yacimientos. Con el proyecto Quechuas asegura un horizonte de 50 o 100 años de explotación minera. En Antapaccay se produce también oro y plata, en volúmenes interesantes, lo que se traduce en ganancias que permiten a la empresa cubrir los costos de operaciones para extraer el cobre”, explica José Antonio Lapa.

El proyecto Coroccohuayco en Cusco promete extender la vida útil de la operación minera Antapaccay hasta 2052.

En contraste, el 72% de hogares en Espinar se encuentra en situación de pobreza (37% pobre y 35% pobre extremo) y más de 50% de menores de 5 años tiene anemia. Por tratarse de una zona minera, el costo de vida se ha encarecido desde el año 2000, lo que perjudica a la mayoría de la población, que no participa de la dinámica económica en torno a la minería.

En las áreas rurales de Espinar, más precarizadas por el alza del jornal, disminución de prácticas de economía solidaria y pérdida de pastos, las comunidades afrontan la reducción de la ganadería y ventas de sus productos, porque se consideran contaminados.

“El precio del cobre es alto, la demanda es mayor, a costa de dolor, sufrimiento, sangre, vida. Desde el año 2012 se incrementaron los afectados por metales, hay mucha gente enferma con cáncer, con cadmio, arsénico, mercurio, metales en su mayoría cancerígenos, mucha gente que ha fallecido. A pesar de la mesa de diálogo y el estudio de causalidad, los impactos crecieron, la empresa reactivó la planta de fundición de óxidos. Espinar se ha vuelto un negocio rentable para la salud privada, hay clínicas, farmacias, centros naturistas. A todos estos problemas se suma la trata de personas, es como una maldición la minería, las normas son a medida de empresas transnacionales”, agrega Vidal Merma.

En el contexto de graves impactos ambientales, sanitarios y socioeconómicos, las organizaciones de Espinar han sido desarticuladas, por presión y criminalización, o captadas por la empresa, señalan los defensores, quienes denuncian la complicidad del Estado y los medios de comunicación.

Actualmente se espera la resolución del Poder Judicial sobre la demanda de amparo formulada en 2025 por la comunidad campesina Huisa contra Antapaccay, por contaminación del ambiente y daños a la salud, a más de un año de haberse presentado el recurso.

Fuente:  avispa.org