Organizaciones sociales de Panamá y aliados internacionales promueven una petición para exigirle al gobierno que rechace negociar con la minera First Quantum

Las organizaciones que lo promueven argumentan que las demandas millonarias presentadas por la empresa mediante mecanismos de arbitraje internacional Inversionista-Estado, buscan presionar al Estado para revertir decisiones soberanas y desconocer tanto el fallo judicial como la moratoria minera vigente. Además, señalan que la operación minera ha generado conflictos sociales, impactos ambientales y controversias legales, por lo que piden al gobierno respetar la voluntad popular contraria a la minería, mantener el cierre de la mina y trabajar en un plan de clausura definitivo y seguro.

Firma la petición en este enlace. (Fecha límite para firmas: 8 de junio de 2026)

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Estimado Presidente Raúl Mulino,

Las organizaciones internacionales abajo firmantes, estamos sumamente preocupados por la posible reapertura de la mina Cobre Panamá. La mina, propiedad de la minera canadiense First Quantum Minerals ha estado suspendida desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia en Panamá dictaminó que el contrato de la mina era inconstitucional. Debido a la opinión popular en contra de la industria minera en el país y sus efectos nocivos, el presidente de Panamá de ese entonces, Laurentino Cortizo, decretó una moratoria minera prohibiendo la aprobación de nuevos contratos mineros.

En los primeros meses de 2024, varias empresas y proveedores mineros empezaron a recurrir al sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado, o ISDS por sus siglas en inglés. Este sistema permite a las empresas transnacionales demandar al estado cuando sienten que sus intereses han sido afectados por medidas tomadas por instancias del Estado. Lo que buscan es exigir indemnizaciones por sus inversiones realizadas, así como por sus expectativas de ganancias futuras. Los procesos de arbitraje o la amenaza de arbitraje puede influir o presionar al Estado con el objetivo de revertir sus decisiones, o para que se tomen decisiones que favorecen sus negocios. Es lo que se llama el “efecto disuasorio” o “efecto congelador”, debido a que pueden paralizar las decisiones estatales que consideran perjudiciales a sus intereses, sin importar si estas decisiones son en favor del medio ambiente o el interés común. Las empresas transnacionales pueden recurrir al arbitraje aún cuando han sido sancionadas por las cortes del país, tal como sucede en el caso de la mina Cobre Panamá.

En este caso, actualmente siguen pendientes demandas por más de 25 miles de millones de dólares de las empresas canadienses First Quantum Minerals y Franco Nevada, y de la empresa surcoreana Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources ( KOMIR). Frente a estas demandas multimillonarias, el nuevo Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que estaría dispuesto a negociar con First Quantum Minerals si suspendieran la demanda. Esto es altamente preocupante y demuestra cómo este mecanismo de arbitraje está siendo utilizado para abrir negociaciones bajo coacción, con el objetivo de socavar la autoridad y fallo de la Corte Suprema de 2023, y para vulnerar la voluntad del pueblo panameño que ha manifestado una y otra vez que la minería dañina no es el tipo de desarrollo que quieren en su país.

Las operaciones de First Quantum Minerals y sus socios en el país han generado protestas a nivel nacional, dos fallos judiciales en contra de sus contratos, violaciones de derechos humanos, y varias sanciones por infracciones ambientales. A pesar de esto, intentan presionar al gobierno panameño a reabrir la mina con el uso de un sistema de arbitraje exclusivo e injusto. Al respecto, David Boyd, durante su mandato como Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente de las Naciones Unidas, dijo que “tiene consecuencias devastadoras para una gran cantidad de derechos humanos, creando daños que experimentan de forma desproporcionada las poblaciones vulnerables y marginadas”, y ha sido “una catástrofe para el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas y decisiones sobre permisos relacionados con el medio ambiente necesarios para abordar la crisis planetaria”.

Por todo esto, hacemos un llamado al gobierno panameño a:

• Trabajar con la sociedad civil y las comunidades aledañas a la concesión de First Quantum Minerals para crear un plan de cierre seguro y definitivo para la mina Cobre Panamá;
• Respetar el fallo de la Corte Suprema de 2023 y la moratoria minera, e insistir que las empresas mineras que operan en el país, como First Quantum Minerals, también respeten las leyes nacionales. Eso incluye la denegación de un nuevo contrato o la reapertura bajo cualquier otro modelo administrativo;
• Rechazar cualquier intento para reabrir la mina, ya sea por medio de demandas de mil millones de dólares que presionan el gobierno a negociar o por otras formas.

La población panameña ha expresado, por varios años ya, su claro rechazo de la minería en el país. El gobierno panameño debe respetar la voluntad del pueblo, y así también garantizar el respeto a las decisiones de la Corte Suprema, de sus leyes adoptadas soberanamente, así como la moratoria minera y sus regulaciones.

Fuente:  Bilaterals