Garífunas denuncian “falso diálogo” del Poder Judicial y campaña de Odio

Tegucigalpa, Honduras. – Tras once días de pernoctar frente a la Corte Suprema de Justicia y sin recibir una respuesta a sus exigencias, el Comité Garífuna de Cumplimiento de las Sentencias de la Corte IDH del Pueblo Garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denunció el “falso diálogo” promovido desde la presidencia del Poder Judicial y la campaña de odio que se ha levantado desde el gobierno contra el pueblo garífuna. 

El “falso diálogo” alude a la reunión convocada el miércoles 19 de agosto por el magistrado presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, quien al inicio de dicha sesión se refirió a la parte ausente como “una organización que tiene una problemática desde hace mucho tiempo”. Se refiere a la Ofraneh, que el pasado martes 18 de agosto declinó participar en el encuentro en tanto no se cierre la causa contra cinco personas defensoras del territorio en la comunidad garífuna de San Juan, Tela, en el Caribe hondureño. 

La postura de la Ofraneh se produjo después que Wagner Vallecillo condicionara el viernes 14 de agosto la participación en una reunión, previamente solicitada por el Comité y la Ofraneh, a únicamente cuatro personas. En esa ocasión, la lideresa garífuna Miriam Miranda señaló que la Ofraneh no es una persona, sino todo el pueblo garífuna de Honduras, y que el Comité para el Cumplimiento de las Sentencias estaba integrado por liderazgos de las cuatro comunidades beneficiadas por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS Y LA CRIMINALIZACIÓN

En el centro del conflicto está el incumplimiento de los fallos de la Corte IDH, que en cuatro ocasiones ha condenado al Estado de Honduras por no garantizar la protección del territorio ancestral garífuna en las comunidades de Punta Piedra en Iriona, Colón; Triunfo de la Cruz y San Juan en Tela, Atlántida; y Cayos Cochinos, jurisdicción del municipio de Roatán, Islas de la Bahía. 

El último incidente en la larga espera que ha sido el saneamiento de su territorio, ocurrió el pasado 6 de julio, cuando cinco personas defensoras del territorio fueron detenidas y acusadas por el delito de usurpación tras la ejecución de un desalojo violento realizado en en el marco de la recién aprobada Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial ( Decreto 107-2026). 

La normativa es cuestionada por favorecer intereses empresariales en detrimento de los derechos de los campesinos y pueblos indígenas. Además, declara de “interés y prioridad nacional” las tierras destinadas a actividades agroindustriales, energéticas, turísticas, ganaderas y agrícolas y prohíbe a las autoridades reconocer o tolerar ocupaciones, aún cuando se trate de “conflictos sociales” o “reivindicaciones colectivas” sobre el uso, goce y posesión de la tierra. 

En este contexto se produjo la acusación penal contra las cinco personas defensoras, entre quienes estaba una madre lactante. La Ofraneh exige el “cierre definitivo de la persecución penal”, especialmente luego de que dos juzgados se declararan incompetentes para conocer el caso.

Deinor Mejía fue uno de los cinco defensores detenidos y criminalizados durante el desalojo. Al momento de su captura se encontraba transmitiendo en vivo el desalojo. Para él, la acusación penal desconoce que la comunidad realiza estas recuperaciones para defender un territorio comunitario y cuya situación ya fue resuelta por la Corte IDH. 

Mejía recordó que la sentencia condenó al Estado por vulnerar el derecho a la propiedad colectiva de la comunidad, entre otras razones, por otorgar títulos a personas ajenas al territorio sin realizar la consulta previa, libre e informada. Señaló, además, que quienes reclaman la propiedad del predio no viven en la zona, mientras la comunidad busca el espacio para vivir y preservar su cultura e identidad. 

INDEPENDENCIA JUDICIAL Y UNA JUSTICIA SIN JUEZ

Durante la reunión promovida por el magistrado presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo apeló al respeto de la independencia judicial para explicar los límites de su intervención en el proceso, sin referirse a la situación de indefensión que enfrentan las cinco personas defensoras al no contar con un juzgado que conozca el caso. 

En el encuentro convocado por Vallecillo participaron, entre otros, Leda Lizette García Pagán, de la Secretaría de Derechos Humanos; Rommel Martínez, viceministro de la Secretaría de Seguridad; Daniel Cáceres en representación del Conadeh; Juan Carlos Monge de la Oacnudh; y Alicia Puerto, del Ministerio Público. También estuvieron los magistrados Anny Belinda Ochoa y Felipe René Spear, así como Jorge Omar Casco, quien dijo representar a 12 familias que reclaman como de su propiedad un área de San Juan, denominada Playa Veramar en San Juan, y Mariela Templeton Álvarez, en representación de Defensor de la Paz de Tela (Depat), en Triunfo de la Cruz.

En respuesta, Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh, aclaró que la exigencia de cerrar la persecución penal contra las cinco personas defensoras “no responde a un capricho” ni pretende que un funcionario incurra en prevaricato administrativo. Explicó que se trata de exigir la resolución de las múltiples acciones y recursos legales presentados por los abogados defensores desde el inicio del proceso. Según Miranda, estos no han sido resueltos ni por el juez de jurisdicción nacional ni por el juzgado de Tela, vulnerando las garantías judiciales y el derecho de sus compañeros a una justicia pronta y efectiva.

^{Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh, sostiene que el pueblo garífuna no cerrará el campamento hasta que el Estado demuestre voluntad de cumplir las sentencias de la Corte IDH.} 

La lideresa garífuna también cuestionó la composición de la mesa, al señalar que fueron invitadas personas que no viven en el predio en disputa y representantes de los Rosenthal. “Si el conflicto que hay en San Juan es con Promotur, que es de Yani Rosenthal [político y empresario] ¿cómo van a traer representantes de estas personas a una mesa de diálogo?”, cuestionó. 

Miranda rechazó que el conflicto territorial de San Juan vuelva a plantearse como un asunto de diálogo, al señalar que ya existe una sentencia de la Corte IDH. “No hay ningún diálogo que tenemos que hacer, porque eso es como tratar de retroceder cuando ya hubo una sentencia”, sostuvo. Para la lideresa garífuna, el Estado debe demostrar voluntad política para cumplir con el fallo. 

Denunció, también, una campaña de odio racial que, según afirmó, se mantiene de forma permanente a través de los medios de comunicación, como la difundida por el periodista Ulises Aguirre quien negó que los garífunas sean un pueblo originario y los tildó de advenedizos, entre otros calificativos racistas. Miranda también señaló a Javier Talavera, titular del Instituto Nacional Agrario (INA), a quien señaló de profundizar la violencia en los territorios ancestrales, poniendo en riesgo la vida e integridad de las defensoras y defensores que los protegen y defienden.

Fuente: Criterio