Honduras debe implementar recomendaciones del Grupo de Expertos en el caso de Berta Cáceres

Tegucigalpa .- El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes sobre el asesinato de Berta Cáceres, presentado el 12 de enero de 2026, tiene una importancia capital, afirmó hoy la Relatora Especial sobre la situación de defensores de los derechos humanos Mary Lawlor, expresando su grave preocupación sobre las amenazas a las que las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras siguen enfrentándose.

“Diez años después del cobarde asesinato de Berta Cáceres, los hallazgos y las recomendaciones del informe final representan un paso fundamental en el camino hacia la justicia y la verdad. Ponen de manifiesto las brechas sistémicas que persisten en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras, y las causas estructurales de su inseguridad”, señaló Lawlor.

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Berta Cáceres era una defensora indígena Lenca. Fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio en represalia por su labor en defensa de los derechos del pueblo Lenca en la comunidad de Río Blanco frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Aunque el sistema de justicia dictó condenas definitivas para los autores materiales de su asesinato, no se ha investigado debidamente los autores intelectuales, ni a las personas involucradas en el financiamiento del asesinato.

El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes (GIEI) mediante el Acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras y la parte representante, fue creado en febrero de 2025, para avanzar la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de la defensora Berta Cáceres y otros delitos conexos, proponer un plan de reparación integral, así como garantías de no repetición.

El 12 de enero de 2026, publicó su informe final, en el que concluye que la muerte de Berta Cáceres fue el resultado de una operación criminal planificada, ejecutada mediante una estructura organizada de coparticipación de diversos actores, incluyendo a grupos de sicarios y directivos empresariales, entre otros. El GIEI destaca el contexto de encubrimiento y omisión por parte de agentes estatales y financistas internacionales.

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“El informe final evidencia que Berta Cáceres fue asesinada en un contexto marcado por la violencia estructural hacia las personas defensoras de los derechos indígenas, territoriales y medioambientales que aún persiste en Honduras”, Lawlor afirmó.

“El Estado tiene la obligación de sancionar, reparar y asegurar las garantías de no repetición, incluso la modificación de estructuras que permiten la continuación de amenazas, hostigamiento y ataques contra las personas defensoras.”

La Relatora Especial señaló que ha sido un incremento preocupante de violencia y amenazas contra las personas defensoras recientemente, en particular las defensoras indígenas.

“Honduras debe garantizar medidas de protección colectiva e integral a personas defensoras, que evalúan el riesgo desde una perspectiva de género y contemplen factores estructurales de violencia y criminalización, así como las amenazas vinculadas a proyectos extractivos”, dijo.

Lawlor instó a la plena implementación de las recomendaciones del Grupo de Expertos y mantiene contacto con el Gobierno de Honduras al respecto.

Fuente:  criterio.hn