Una independencia secuestrada por la oligarquía y el imperio

Cuando en 1821 Honduras se declaró independiente de España, la oligarquía criolla no tardó en traicionar ese gesto. Primero se anexó a México, luego a las Provincias Unidas del Centro de América, hasta que en 1838 se constituyó como república independiente. Pero esa independencia formal nunca fue acompañada de soberanía real. Hoy, casi dos siglos después, Honduras sigue siendo un país con bandera propia y decisiones ajenas.

La izquierda hondureña lo dijo siempre: la independencia sin justicia social es una farsa. Y esa farsa se ha vuelto más evidente que nunca en el último año. Bajo el gobierno de Nasry Asfura —impuesto en medio de un fraude electoral que el propio consejero del CNE, Marlon Ochoa, denunció con audios en la mano—, el país ha profundizado su condición de colonia informal. Las ZEDE vuelven a ser promovidas, los hospitales se caen a pedazos, los defensores de derechos humanos son asesinados impunemente, las comunidades garífunas son desalojadas a la fuerza y las elecciones se roban con total descaro.

Las ZEDE: soberanía en venta al mejor postor

Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) son la expresión más descarada de la entrega de la soberanía nacional. Creadas durante el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo y profundizadas por Juan Orlando Hernández, estas zonas semiautónomas permiten que inversionistas extranjeros —principalmente estadounidenses— establezcan jurisdicciones privadas con sus propias leyes, impuestos y autoridades, al margen de la Constitución hondureña.
En 2024, la Corte Suprema de Justicia, en una decisión patriótica impulsada por la presidenta Xiomara Castro, declaró inconstitucionales las ZEDE. “La justicia para el pueblo hondureño es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía”, dijo entonces Castro.
Pero la oligarquía no se rinde. Tras la sentencia, Honduras Próspera Inc. —la empresa de Peter Thiel que opera en Roatán— demandó al Estado hondureño por 10.775 millones de dólares ante el CIADI, casi tres veces el Plan de Inversión Pública de 2024. Y ahora, con Asfura en el poder, el gobierno oficializó su reingreso al CIADI y busca reactivar las ZEDE, mientras organizaciones denuncian que estas zonas estarían vinculadas a redes internacionales de trata de personas, incluyendo actores relacionados con el caso Epstein.
La soberanía no se negocia. Y quienes la negocian no son los hondureños, sino una élite que ha hecho del país un paraíso para el capital transnacional.

Salud: la vida como mercancía

Si algo demuestra que Honduras no es soberana es su sistema de salud. Tres de cada diez pacientes atendidos en la red pública no recibieron su tratamiento completo durante julio de 2026, según una veeduría de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Un 20% tuvo que comprar insumos por su cuenta. Y un alarmante 7% conoce a alguien que falleció sin recibir su tratamiento.
La situación es particularmente grave en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde el 39% de los usuarios no recibió su medicación completa. El Colegio Médico de Honduras ha denunciado que la crisis no se limita al desabastecimiento de fentanilo, sino que se extiende a medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio.
Mientras tanto, la Secretaría de Salud contaba con 3.300 millones de lempiras aprobados para la compra de productos farmacéuticos, pero el presupuesto vigente se redujo a 2.225 millones a finales de julio, con una ejecución de apenas el 36%. Es decir, el dinero estaba, pero no se usó. Porque para la oligarquía, la salud del pueblo no es una prioridad: es un negocio.

Violencia contra defensores: el terror como política de Estado

En 2025, quince defensores de derechos humanos fueron asesinados en Honduras. Once de ellos defendían la tierra y el territorio. Dos, el medioambiente. Dos, la libertad de expresión. El Bajo Aguán, en Colón, registró once de esos asesinatos, en una región marcada por el conflicto agrario, la expansión de la palma africana y la presencia de estructuras criminales.
La directora de ACI PARTICIPA, Hedme Castro, lo dijo sin rodeos: “No hay ninguna garantía para ningún hondureño en este momento. No hay ni una garantía de protección”. Y tiene razón. En 2026, la violencia no solo persiste: se ha intensificado. Los campesinos y garífunas son los principales afectados por desalojos y agresiones.
En mayo de 2026, veinte personas fueron masacradas en una finca de Rigores, Colón. Ocho de las víctimas pertenecían a organizaciones campesinas que habían denunciado la destrucción y confiscación de sus bienes por parte de la policía días antes. La impunidad es total. El Estado no protege a quienes defienden la vida y la tierra: los persigue, los criminaliza y los entierra.

Garífunas: despojo, racismo y resistencia

El 6 de julio de 2026, más de 200 agentes de la Policía Nacional irrumpieron en la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida. Ejecutaban un desalojo contra un territorio ancestral que la Corte Interamericana ya había reconocido como perteneciente a la comunidad. Cinco defensores garífunas fueron detenidos y posteriormente liberados, pero continúan enfrentando procesos penales por “usurpación agravada”.
Detrás de este desalojo está el Decreto 107-2026, una ley agroindustrial redactada sin consultar a las comunidades, que atribuye tierras ancestrales y campesinas a la agroindustria, la ganadería y el turismo a gran escala. A julio de 2026, ya se habían dictado más de 1.000 órdenes de desalojo contra miles de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) ha sido una de las organizaciones más agredidas en este contexto, junto al COPINH y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Los garífunas resisten al despojo, pero el Estado responde con policías, jueces y balas.

Fraude electoral: la democracia como simulacro

Las elecciones del 30 de noviembre de 2025 no fueron libres ni legítimas. Así lo denunció Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien afirmó haber entregado al Ministerio Público audios que vinculan al asesor argentino Fernando Cerimedo con un fraude orquestado por instrucciones de Estados Unidos.
Según Ochoa, en las grabaciones se habla de “introducir votos a favor de Nasry Asfura en determinadas urnas, retirar sufragios que no favorecían a esa candidatura, alinear a las Fuerzas Armadas e impedir un recuento voto por voto”. Cerimedo, que trabajó para Javier Milei en Argentina, fungió como “el principal enlace entre el candidato y Trump” y “el principal operador del fraude electoral”.
El CNE proclamó a Asfura ganador “sin contar la totalidad de las actas y sin procesar una sola impugnación”, según Ochoa. Y cuando el Congreso Nacional —controlado por el bipartidismo— aprobó un juicio político contra él, Ochoa lo llamó “una cueva de ladrones” y advirtió que quieren “destruir todo el material electoral de las elecciones generales de 2025, para borrar toda evidencia del fraude”.

La independencia que no fue

Honduras celebra su independencia cada 15 de septiembre, pero la verdadera independencia sigue pendiente. Las ZEDE, la crisis de salud, los asesinatos de defensores, los desalojos garífunas y el fraude electoral no son problemas aislados. Son síntomas de un mismo mal: un Estado capturado por una oligarquía que ha hecho de la soberanía nacional una mercancía y de la democracia un simulacro.
La sociedad hondureña tiene la responsabilidad histórica de articular una alternativa que no se limite a administrar la miseria, sino que dispute el poder real. Porque la independencia no se declara: se construye con soberanía popular, justicia social y dignidad. Y eso, en Honduras, sigue siendo una tarea revolucionaria.

Porque desfilar el 15 de septiembre no te hace ser patriota.

Fuente: Criterio.hn