Informe revela cómo capital internacional financió el asesinato de Berta Cáceres

Lo anterior destaca como uno de los  principales hallazgos del informe, difundido la mañana de ese lunes (12) y elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras), un mecanismo independiente que trabaja para coadyuvar en las investigaciones sobre los responsables intelectuales en el asesinato de la lideresa Lenca.

Las conclusiones del GIEI Honduras revelan que el asesinato de Cáceres no fue un hecho fortuito, sino la culminación de un prolongado proceso de persecución y criminalización contra la lideresa Lenca debido a su participación en la defensa del río Gualcarque, que sería represado mediante la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. 

Tras las investigaciones, los expertos internacionales informaron que el asesinato de Cáceres es resultado de una operación criminal organizada, planificada y ejecutada mediante una estructura que involucró la participación de directivos y personal de la empresa Desarrollos Energétios S.A. (DESA), así como de sicarios e intermediarios con formación militar, apoyados en la omisión y tolerancia de sus actividades criminales por distintos ámbitos del Estado hondureño.

“El GIEI concluyó que el asesinato de Berta Cáceres constituyó un crimen empresarial, financiero y político, perpetrado mediante una arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional, estructuras de seguridad, corrupción institucional y graves omisiones estatales, configurando un modus operandi sostenido en el tiempo”, denuncia el informe que contó con el respaldo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otro de los hallazgos principales apunta a la responsabilidad en el crimen por parte de diversos integrantes de la familia Atala, empresarios y accionistas mayoritarios del proyecto Agua Zarca, quienes desempeñaron roles relevantes en la conformación de la estructura que posibilitó el asesinato de Berta Cáceres. 

Entre la evidencia analizada se encuentran comunicaciones digitales, interceptaciones telefónicas y documentación bancaria que permiten establecer que los actores empresariales participaron activamente en la implementación de estrategias orientadas a neutralizar la oposición de las comunidades Lencas al proyecto hidroeléctrico.

Responsables

Entre los empresarios señalados por participar en la estructura criminal se encuentran Jose Eduardo y Pedro Atala, quienes coordinaban el grupo denominado “Seguridad PHAZ”, mediante el cual coordinaron acciones de recolección de información y seguimiento sobre las actividades de Cáceres y el Copinh. El GIEI destaca que Pedro Atala cumplió un rol central para articular sus intereses con la actuación de funcionarios en el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional para promover desalojos y el uso de recursos estatales para garantizar la continuidad del proyecto energético en medio de un contexto de creciente conflictividad social.

“El GIEI constató que Pedro Atala expresó reiteradamente la necesidad de adoptar medidas extremas para poner fin al rol de liderazgo que ejercía Berta Cáceres. Estas expresiones, formuladas en términos irreconciliables —“o ellos o nosotros”—, deben ser comprendidas en el marco de una escalada progresiva de acciones frente al aumento de la oposición al proyecto, que incluyó vigilancia, incursiones armadas y, finalmente, la ejecución de la víctima”, resaltan los expertos internacionales. 

Otro de los involucrados es Daniel Atala Midence, responsable por el manejo de las finanzas del proyecto Agua Zarca y quien, desde etapas tempranas del conflicto, manifestó la disposición de recurrir a la violencia contra la defensora Lenca. De acuerdo al GIEI, otro involucrado es Jacobo Atala, representante del accionista mayoritario, Inversiones Las Jacarandas, ante el FMO y el BCIE, quien además de ser presidente del banco BAC canalizó recursos provenientes de préstamos internacionales para financiar la estructura criminal.

El GIEI sostiene que, los días posteriores al asesinato de Cáceres, los autores intelectuales mantuvieron la coordinación para gestionar las repercusiones del crimen. Mediante el análisis de datos de antenas telefónicas, identificaron que Jacobo, Eduardo y Pedro Atala mantuvieron comunicaciones reiteradas con Daniel Atala Midence y Roberto David Castillo,  sentenciado por su participación en el homicidio, para el control de daños mediante gestiones con actores políticos y empresariales de alto nivel.

Financiamiento del crimen

Acorde a un análisis financiero, el GIEI determinó que, de un total de más de 18 millones de dólares destinados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, cerca del 67% (equivalente a más de 12 millones) fueron desviados y/o manejados irregularmente. Mediante un examen de la información contable de DESA y empresas relacionadas, los expertos internacionales identificaron un patrón sistemático de desvío de fondos con los cuales se habría permitido el pago a sicarios, así como el sostenimiento de la logística previa y posterior al asesinato de Berta Cáceres.

Esto concuerda con el testimonio de Mariano Díaz Chavez, quien proveyó y gestionó las armas utilizadas en diversos hechos violentos contra los defensores lencas e integrantes del COPINH. El 2 de mayo del 2016, Díaz señaló que para el asesinato de Cáceres se ofreció una suma de 500.000 Lempiras, monto que sería entregado por un gerente de DESA. A partir de esa información, el GIEI identificó que el origen de esos fondos proviene de un crédito otorgado por el FMO y el BCIE mediante un depósito de más de 2.6 millones de dólares que fueron transferidos, en diciembre del 2015, a la empresa CONCASA, vinculada a DESA. 

El GIEI destaca que en las 48 horas posteriores al asesinato (3 y 4 de marzo de 2016), se ejecutaron operaciones destinadas a convertir 24.320,77 dólares estadounidenses en 549.892 lempiras y se cobraron tres cheques por montos que totalizan las 500.000 Lempiras que había indicado Díaz Chavez. Las pesquisas de los expertos internacionales sostienen que los cheques fueron cobrados por empleados de bajo rango de DESA y de plena confianza del sentenciado Roberto David Castillo.

La investigación documentó más de 200 comunicaciones, entre el 2 y 3 de marzo de 2016, que conectan a los sicarios con los coordinadores logísticos y a estos con directivos de DESA y miembros de la familia Atala. Acorde a los movimientos financieros, estos coinciden con actividad telefónica y geolocalización que ubican a Castillo con Daniel Atala y  Sergio Rodríguez, (gerente ambiental y social de DESA) en las oficinas de la empresa horas antes del homicidio de Cáceres. Asimismo, se documenta una intensa actividad comunicacional entre Castillo con Pedro y Jacobo Atala, además de Jorge Ávila, jefe de seguridad de la empresa. 

Los registros también muestran que Douglas Bustillo, exmilitar quien fungía como jefe de seguridad de DESA, activó antenas en la zona de Torre Alianza la tarde del 4 de marzo y posteriormente se desplazó al centro comercial Metromall, donde su teléfono coincidió durante varios minutos con el de Henrry Javier Hernández Rodríguez, otro exmilitar involucrado en el crimen. Inmediatamente después, Hernández Rodríguez se dirigió a La Ceiba para encontrarse con Edilson Atilio Duarte Meza, también condenado como autor material del crimen. “Estos elementos sostienen la hipótesis de una entrega de dinero en efectivo coordinada operativamente en el contexto posterior al asesinato”, sostiene el GIEI.

Omisión estatal y colusión empresarial

En sus conclusiones, el GIEI asevera que existen elementos para evidenciar la obstaculización deliberada de la investigación criminal en el asesinato de Cáceres desde las primeras horas, lo cual tuvo impactos directos en el desarrollo del proceso penal. Entre ellos destaca la difusión de narrativas que buscaban reducir el homicidio a un “lío de faldas”, la criminalización de testigos y la interceptación masiva de líneas telefónicas de miembros del COPINH, al mismo tiempo que se omitió la investigación sobre actores empresariales clave.

Además, los expertos identificaron la incorporación de pruebas falsas mediante la intervención de agentes policiacos que participaban de las pesquisas, así como de posibles actos de coacción a testigos. En suma, “el GIEI identificó omisiones estructurales que impidieron una investigación completa del asesinato de Berta Cáceres”, lo cual aseguran, evidencia un mecanismo de captura institucional destinado a garantizar la impunidad de los actores intelectuales.

Destaca también el papel de empresas que, mediante auditorías complacientes y reportes de avance de obra ficticios, permitieron que DESA obtuviera los recursos financieros para continuar con el proyecto hidroeléctrico. Firmas auditoras y consultoras internacionales otorgaron certificaciones técnicas y socioambientales deficientes o falsas. 

El GIEI constató que DESA realizó pagos a KPMG por casi 500.000 lempiras pese a omisiones graves en la detección de irregularidades financieras. La consultora internacional de ingeniería Pöyry SAC recibió pagos que superan los 150.000 dólares por certificar avances de obras inexistentes. Monkey Forest Consulting obtuvo transferencias superiores a 72.000 dólares y 32.000 euros certificando falsamente el cumplimiento de planes socioambientales. L.R & Asociados recibió pagos por más de 170.000 dólares por una diligencia que omitió fraudes documentales y la ausencia de una consulta previa. “El GIEI concluyó que estas actuaciones constituyeron un mecanismo de blindaje financiero y reputacional que permitió el desvío de recursos y la continuidad del proyecto”. 

Finalmente, el GIEI concluyó que el asesinato de Berta Cáceres “fue posible debido a la existencia de una trama financiera estructurada, deliberada y funcional, diseñada para sostener el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, gestionar el conflicto territorial y financiar, directa e indirectamente, actos de violencia, corrupción y criminalidad organizada”. 

Fuente: Avispa Midia