La mayoría social paga la factura: energía, aranceles y subordinación en el nuevo acuerdo con EE.UU.

Es escandaloso (por usar un adjetivo estándar) como tantas decisiones que se toman en el ámbito comunitario sin a penas debate público en España. La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha dado luz verde a los acuerdos aduaneros entre los Estados Unidos y la Unión Europea, nacidos en aquél apretón de manos performativo entre Donal Trump y Ursula Von der Leyen en el campo de golf del magnate ultraderechista en verano de 2025.

La gran coalición de poder político en Bruselas, entre la derecha del Partido Popular Europeo (PPE), los liberales de Renew y los socialdemócratas del S&D (liderado por el PSOE), así como el Grupo -ultraderechista- de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Los Verdes (aunque divididos), ha sacado adelante un pacto profundamente asimétrico y alcanzado, además, bajo el chantaje de una guerra comercial, incluso en el contexto internacional marcado por la agresividad imperialista de la Casa Blanca.

Es hipócrita e inmoral. Porque la aprobación llega pese a un escenario que desmiente cualquier relato de "alianza entre iguales": el apoyo político y militar a Israel en su genocidio contra la población palestina y el proyecto colonial 2.0 para Gaza; amenazas explícitas de guerra de Trump contra Groenlandia para anexar la isla más grande del mundo perteneciente a un aliado militar; amenazas contra España y contra la propia Unión Europea; el secuestro del jefe de Estado de un país soberano; el asesinato de Renee Nicole Good y Kristi Noem en directo ante las cámaras y las flagrantes mentiras del gobierno estadounidense negando los hechos; las 32 muertes (sólo en 2025) y la desaparición de prisioneros secuestrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); el embargo a Cuba; los bombardeos contra Nigeria; la guerra en Ucrania que desencadena un nuevo y monstruoso militarismo que se infiltra profundamente en la vida civil europea y la agresión militar contra Irán.

Y también es irresponsable. Porque lejos de cuestionar esta deriva, la clase dirigente europea responde reforzando su dependencia económica y energética de Estados Unidos.

El primer paso ya está dado. La comisión de Comercio Internacional aprobó el acuerdo por 29 votos a favor, nueve en contra y una abstención.

“No queremos tener nada que ver con España. Vamos a cortar todo el comercio con España. Es un aliado terrible” fueron las palabras de Trump y aún así los eurodiputados del PSOE (Javier Moreno Sánchez) y PP (Gabriel Mato, Susana Solís Pérez, Juan Ignacio Zoido) votaron a favor.

No se trata de una anomalía ni de un accidente parlamentario. Es la expresión política de un orden económico que, en nombre de la estabilidad, acepta disciplinarse ante la potencia dominante del bloque occidental y asume el rearme permanente como forma de gobierno.

Lo que en Bruselas se vende como pragmatismo no es otra cosa que la institucionalización de la subordinación y del bullying estadounidense.

La posición parlamentaria propone cláusulas para suspenderlo si Washington impone nuevos aranceles o amenaza la integridad territorial europea —como ocurrió durante la crisis de Groenlandia—, así como una revisión prevista para 2028. Pero esas salvaguardas no alteran lo esencial: el desequilibrio estructural del pacto. Son pegatinas con avisos de seguridad en un edificio estructuralmente inclinado. De hecho, Estados Unidos ya ha incumplido parcialmente compromisos, por ejemplo mediante el aumento de aranceles al acero.

Ahora queda pendiente el voto definitivo en el pleno, previsto inicialmente para el 26 de marzo. Y aunque algunos grupos han intentado retrasarlo para evitar divisiones internas, todo indica que la mayoría ya está asegurada.

Los aranceles como método

El acuerdo fija un arancel máximo del 15% para la mayoría de exportaciones europeas hacia Estados Unidos, mientras la Unión se compromete a eliminar los aranceles a los bienes industriales estadounidenses.

No es un detalle técnico. Es una relación de fuerza convertida en norma.

Durante décadas, el libre comercio fue presentado como el horizonte natural de la globalización económica. Pero aquel discurso nunca fue neutral. Servía para consagrar una división internacional del trabajo favorable a los centros de poder, para proteger los intereses del capital transnacional y para presentar como universal lo que era, en realidad, una arquitectura profundamente jerárquica, expoliadora y colonial. Hoy, una vez más, esa máscara cae. La potencia hegemónica no necesita hablar el idioma del “orden mundial” multilateral nacido tras la Segunda Guerra Mundial: impone condiciones y obliga a los demás a aceptarlas.

La relación comercial entre la UE y Estados Unidos sigue siendo gigantesca, con más de 1,6 billones de euros anuales en intercambios. Pero el tamaño no equivale al equilibrio. Al contrario, el volumen puede ocultar mejor la subordinación. El pacto refleja una clara asimetría en las concesiones. La UE paga para seguir entrando en el mercado norteamericano. Y paga con aranceles, con cesiones regulatorias y con una mayor dependencia estructural de un socio que trata de frenar la caída como potencia dominante.

La energía fósil como eje del acuerdo

Si el arancel es la forma, la energía es la sustancia del acuerdo.

La UE se compromete a comprar grandes volúmenes de gas natural licuado (GNL), petróleo y tecnología energética estadounidenses, incluida la nuclear. Esto consolida una tendencia ya visible desde 2022, cuando Estados Unidos llegó a cubrir en determinados momentos más del 45 % de las importaciones europeas de GNL.

En 2025, Estados Unidos se consolidó como el proveedor dominante de gas fósil tanto para la Unión Europea como para España, impulsado por la decisión de sustituir el gas ruso. Fue el mayor proveedor de GNL de la UE en 2025, representando casi el 58% del total de las importaciones de GNL europeo, y se situó como el segundo principal proveedor de gas fósil a España.

La mayor parte del gas estadounidense procede del fracking, una técnica altamente contaminante, como señala el informe “¿De dónde viene el gas fósil del Estado español?”. Con una política energética de EE.UU. que impulsa la extracción masiva de combustibles fósiles y abandona los instituciones internacionales para frenar el cambio climático, el gas estadounidense que llega a la UE y España no sólo agrava el colapso ambiental y externaliza los costes socio-ambientales del modelo energético hacia los territorios y las poblaciones vulnerables -mayoritariamente racializadas- en Estados Unidos. Sino forma parte de una estrategia geopolítica y económica de expansión fósil.

Pero el dato más importante no es cuantitativo, sino político: no hay transición energética europea, no hay “Pacto Verde”, no se cumplirán las obligaciones climáticas y todo queda atrapada en la lógica de la subordinación geopolítica.

La crisis climática no puede resolverse mediante un simple cambio de proveedor dentro del mismo régimen de acumulación. Si la transición energética se limita a sustituir gas ruso por gas estadounidense, lo que cambia es la geografía del suministro, no la estructura del problema. Seguimos dentro de una economía fósil, extractiva y organizada por la competencia entre bloques capitalistas. No hay transformación ecosocial justa cuando la prioridad sigue siendo garantizar la rentabilidad del capital energético y la seguridad geopolítica de las grandes potencias.

El capitalismo contemporáneo choca con límites materiales y ecológicos que no puede superar sin cuestionar su propia lógica expansiva. Este acuerdo hace justamente lo contrario: prolonga la dependencia fósil y la disfraza de transición. Es una huida hacia adelante con lenguaje verde.

Cambiar de dependencia sin cambiar de modelo

El relato oficial habla de liberación respecto al gas ruso. Pero la realidad es otra: un cambio de dependencia sin transformación del modelo.

El acuerdo arancelario no reduce la vulnerabilidad estructural de la UE, sino que la reconfigura en favor de otro socio dominante.

La UE sustituye una dependencia por otra. Y lo hace, además, con un combustible más caro, más intensivo en emisiones contaminantes y más volátil. La supuesta “seguridad energética” se convierte así en una ficción administrada desde arriba. Lo que se presenta como autonomía no es sino una nueva forma de vasallaje, ahora más aceptable ideológicamente porque viene del aliado occidental de la alianza belicista OTAN.

La propaganda oficial revela el núcleo del asunto: no estamos ante una decisión técnica, sino ante una estrategia de clase. La clase dominante europea ha optado por preservar su inserción en la cadena atlántica de valor, aunque eso implique degradar las condiciones de reproducción social, encarecer la energía y bloquear una transición ecológica que requeriría otras prioridades.

El orden internacional actual no puede entenderse como una suma de estados soberanos que comercian libremente, sino como una competencia entre bloques en la que cada uno intenta asegurar su posición mediante poder económico, coerción y control de recursos estratégicos. Eso es exactamente lo que vemos aquí: la Unión Europea renuncia a su pretensión de superpotencia para seguir alineado con el imperio decadente del bloque occidental.

España: industria, energía y vulnerabilidad social

En España, los efectos del acuerdo no son abstractos. Son concretos y sectoriales.

El arancel del 15 % golpea de forma directa a ramas industriales con fuerte orientación exportadora, como la automoción, la maquinaria o la industria química. Estados Unidos es uno de sus mercados relevantes fuera de la Unión, así que cualquier incremento de costes reduce salarios y presiona hacia la precarización laboral.

Pero la cuestión no se agota en la exportación. El encarecimiento del gas fósil repercute en toda la economía, especialmente en la agricultura industrial dependiente de los fertilizantes químicos, porque la energía funciona como condición general de la producción capitalista. Aunque España cuente con una mayor diversificación que otros países europeos, su integración en el mercado común hace que la volatilidad internacional termine trasladándose a la electricidad, a la industria y al coste de la vida.

En el sector agroalimentario la apertura parcial a productos estadounidenses introduce una nueva presión sobre un campo ya asfixiado por el aumento de costes, la concentración empresarial, la distribución oligopólica y la crisis de precios (la industria alimentaria y las grandes superficies pagan a los productores precios por debajo de los costes de producción). No es casualidad: el comercio capitalista internacional siempre tiende a exponer a los sectores más débiles a una lógica de guerra de precios en la que ganan quienes concentran más capital y más poder de negociación.

Por eso insistimos tanto en que la economía no debe evaluarse por su capacidad de atraer inversión o aumentar exportaciones, sino por su capacidad de garantizar una vida digna, soberanía material y bienestar colectivo. Desde ese criterio, este acuerdo es un fracaso anunciado. Mejora la posición de algunos grandes grupos empresariales, pero deteriora la seguridad social y condiciones de vida de la mayoría.

La UE invierte, Estados Unidos gana

El pacto incluye además el compromiso europeo de aumentar inversiones en Estados Unidos. Es decir, no solo se comprará más energía y se aceptarán más aranceles: también se facilitará que el capital europeo siga cruzando el Atlántico en busca de mejores condiciones de valorización.

Esto no es un accidente. Responde a una lógica bien conocida: cuando el capital encuentra mayores incentivos (ausencia de libertad sindical, por ejemplo), subsidios o ventajas fiscales y regulatorias en otro territorio, se desplaza allí. Y cuando eso ocurre, la base productiva del país de origen se debilita, se erosionan empleos y se alimenta la dependencia tecnológica.

El acuerdo arancelario puede acelerar la deslocalización de inversión industrial europea hacia Estados Unidos, debilitando la base productiva de la Unión.

El conflicto no es solo comercial. Es una disputa por el control del excedente, por la localización de la industria, por la apropiación de la innovación y por la captura del valor. En otras palabras, por quién manda en la acumulación.

El Sur Global, otra vez fuera del foco

Mientras el debate europeo se centra en la “competitividad” interna, el impacto global queda relegado a nota a pie de página. Pero no debería.

El fortalecimiento de las relaciones comerciales entre grandes bloques puede desplazar a países del Sur global, reduciendo sus oportunidades de exportación y reforzando dinámicas extractivas.

Una mayor integración comercial, económica y financiera entre Estados Unidos y la UE profundiza las prácticas de explotación de materias primas y mano de obra, inaugurando un nuevo ciclo de acumulación y expropiación, tanto en estas dos áreas geográficas pero sobre todo en las zonas declaradas de sacrificio desde donde se expolian la mayor parte de los recursos naturales.

Eso no es un efecto secundario. Es una condición estructural del comercio capitalista. Cuando los grandes bloques negocian entre sí, redistribuyen mercados, rutas, recursos y ventajas en perjuicio de los países periféricos. El Sur Global vuelve a ser el espacio donde se abaratan costes, se extraen materias primas y se trasladan impactos sociales y ambientales significativos que afectan a las personas trabajadoras y las comunidades locales.

El problema no es que este acuerdo sea “ineficiente”. El problema es que funciona exactamente como debe funcionar un régimen de acumulación y de modo de vida imperial: concentra beneficios en el centro, reparte costes en la periferia y llama a eso orden internacional.

Ataques a las regulaciones

En el ámbito de las políticas públicas, incluso antes de aprobar el pacto arancelario, la UE se ha apresurado a debilitar legislaciones que pretendían proteger el medio ambiente o los derechos humanos—en particular la prohibición de importar productos procedentes de la deforestación (EUDR), el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), la Directiva sobre la publicación de información en materia de sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD) y la Directiva sobre el deber de diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD)—, así como otras normativas de interés público en los ámbitos de la alimentación, la energía y el transporte.

Otro ejemplo es la agenda digital que la UE diseñará de forma que no restrinja a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Se flexibilizarán los estándares de seguridad en el sector automotriz y se rebajarán los estándares alimentarios. El gobierno estadounidense también está atacando actualmente la regulación del metano de la UE, ya que afectarían sus exportaciones de GNL a Europa.

En cuanto a los distintos ataques a las regulaciones —a través de paquetes ómnibus— ya evidencian una cierta forma de implementación del acuerdo.

Un proceso sin debate real

La aprobación del acuerdo reproduce, además, otro rasgo constitutivo del capitalismo contemporáneo, en general, y el régimen comercial de la UE, en particular: la despolitización de decisiones profundamente políticas.

Las negociaciones se desarrollan sin transparencia y el resultado se presenta como inevitable, casi natural. Como si no existieran alternativas. Como si la única racionalidad posible fuese aceptar la presión estadounidense y minimizar daños para las grandes empresas exportadoras.

El proceso ha estado marcado por un método antidemocrático, con ninguna (o escasa) supervisión parlamentaria y nula participación ciudadana.

Y aquí hay algo central. Cuando una política económica se presenta como técnica – y en esto el PP y PSOE pero también buena parte de las extremas derechas están de acuerdo, lo que se está haciendo es expulsar el conflicto social del espacio público. Se convierte una elección de clase en una cuestión de gestión. Se desactiva la posibilidad de impugnar el sistema de fondo.

La falacia de la autonomía estratégica

Durante años, numerosos actores políticos y económicos de la Unión Europea -incluido la izquierda parlamentaria española- ha aplaudido la autonomía estratégica. Pero este acuerdo demuestra que esa retórica no es más que una cortina de humo.

La UE acepta condiciones comerciales desfavorables, refuerza su dependencia energética y facilita la salida de inversión industrial. Lo hace, además, en un momento de desorden geopolítico extremo, cuando el discurso sobre seguridad militarizada se utiliza para justificar precisamente lo contrario de la seguridad humana: más dependencia de la superpotencia Estados Unidos, más combustibles y capital fósiles, más militarización, más desigualdades y más vulnerabilidad.

Esto revela la posición subordinada de la UE dentro del bloque atlántico. Es también la incapacidad del capitalismo para resolver la crisis ecológica sin profundizar su propia contradicción. Y este pacto confirma que el sistema económico vigente no está orientado a las necesidades sociales, sino a la reproducción de las relaciones de poder que garantizan la acumulación capitalista.

Conclusión: una decisión política, no técnica

El acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos no es un error. Es una elección política por un mundo en llamas, por las guerras, el cambio climático y el colapso. La UE decide apostar por el viejo régimen de globalización capitalista y subordinarse al poder de la administración Trump. Pero al hacerlo, consolida su dependencia y reduce su margen de maniobra.

Y eso no es un detalle. Es la lógica misma del capitalismo en crisis: administrar la subordinación como si fuera realismo; presentar la renuncia como prudencia; llamar la “protección de los trabajadores y las empresas europeas” (S&D) a la obediencia.

Desde la pandemia de la covid-19 y la guerra de Ucrania, estamos presenciando una alarmante normalización de la agresión, la crueldad y el sufrimiento humano. Quizás este pacto comercial sea otro indicador más de la necropolítica de la UE, el apuntalamiento brutal, el reforzamiento autoritario y el negacionismo histérico de todas las crisis, como señalaba Amador Fernandez Savater en “La tregua de Trump”.

En un mundo cada vez más conflictivo, la capacidad de decidir no se mide por la cantidad de tratados comerciales firmados, sino por la posibilidad real de romper con la barbarie, la guerra, la crueldad, la opresión y el poder de muerte, como decía Rita Segato. Y esa posibilidad, hoy, la clase dominante europea no la quiere ni la imagina. Prefiere que la mayoría social siga pagando la factura.

Fuente: Bilaterals