Las mujeres wichí de Salta continúan resistiendo el desmonte y crece la amenaza de violencia

“Nosotras somos las que hemos empezado en el 2022, mes de noviembre, todas mujeres. Nosotras somos las que hemos descubierto a este hombre, pero si no decíamos nada, nadie se iba a dar cuenta”, explica Marta Herrera, una integrante de la comunidad wichí Misión Chaqueña. Se refiere a Claudio Ferrari, un empresario que viene arrasando con el bosque nativo de su territorio y frente al cual viene resistiendo junto con otras mujeres. Ahora mismo, las mujeres sostienen un acampe a 48 kilómetros de la ciudad salteña de Embarcación y enfrentan la amenaza permanente de represión policial.

“Antes éramos 30 madres pero se iba mermando”, relata Marta y agrega que quedan resistiendo unas siete u ocho mujeres. “Seguimos con el acampe todos los días, estamos en la mañana un rato, después volvemos a casa a cocinar algo y a la tarde volvemos otra vez, defendiendo el territorio. Nosotras estamos ahí al límite de donde está desmontando Ferrari”, detalla y agrega que el empresario manda a su chofer a hostigarlas y las acusa de “insultarlo”, cosa que las integrantes de la comunidad niegan rotundamente.

Nadie sabe mucho sobre Ferrari. Apenas que es un empresario agrícola que pretende explotar las tierras de la comunidad, aunque tampoco está claro cuál es el emprendimiento extractivista que se propone. Y que no sólo está alambrando el lugar, sino destruyéndolo, talando árboles cuya existencia es fundamental para las pobladoras de la zona. Las mujeres wichí se refieren a él como “el usurpador” y aseguran que el terreno comprometido abarca, al menos, unos tres kilómetros.

Juan Carlos Vega, abogado que acompaña a la comunidad, aseguró en diálogo con ANRed que los integrantes de Misión Chaqueña pueden probar su derecho sobre el territorio con documentos como una carpeta técnica, el relevamiento georreferenciado y el registro otorgado por Asuntos Indígenas, mientras que el empresario “no tiene nada”. Lo que le falta en papeles le sobra, de todos modos, en connivencia judicial y política. Vega señala que “el acceso a la Justicia en Salta está restringido” y que denunciaron la situación ante la fiscalía correspondiente y la Delegación de Asuntos Indígenas provincial sin obtener ninguna respuesta.

El pasado 12 de diciembre, la Asociación de la Iglesia Anglicana del Norte presentó una denuncia penal reclamando el «cese inmediato de toda acción de usurpación, avance, ocupación irregular e intento de expropiación del territorio por parte de Ferrari, Claudio Damián» y «la intervención de las autoridades competentes para investigar la situación, garantizar la protección de nuestros derechos y restituir el orden legal y territorial». Frente al silencio de los últimos días, enviaron ayer un pedido a Alejandro Collia, Director de Afirmación de Derechos Indígenas, y a Julián Fernández Duarte, Director de Asuntos Jurídicos, ambos del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), para que “atiendan de manera urgente el conflicto”.

“Reafirmamos que el territorio no es simplemente un espacio físico; es memoria, es identidad, es vida y es la herencia legítima que debemos resguardar para nuestros hijos y generaciones futuras. El resguardo de este territorio no solamente es importante para nuestro pueblo, sino que repercute en las dinámicas ecológicas planetarias, porque como parte del Gran Chaco conforma el segundo bosque más importante de Latinoamérica después del Amazonas, pulmón del planeta”, se lee en el escrito.

Mientras tanto, el hostigamiento es moneda corriente. Ferrari denunció penalmente a dos referentes wichí por supuestas agresiones y la policía intentó detener varias veces a Marta Herrera. “A mí me han denunciado, según dijo la brigada cuando me vino a buscar a mi casa y me quiso llevar a toda costa”, relata la referente. Los policías que se presentaron en su hogar aseguraron que la Fiscalía había ordenado detenerla (“la llevamos y la traemos”, le dijeron), pero cuando Marta pidió ver la orden de la fiscal no le mostraron nada: “Nos llamó por celular y nos dio la orden por ahí”. “Vinieron como cuatro veces, pero ninguna con notificación”, recalca la dirigente.

“La fiscal que ordena supuestamente es la fiscal Souto, de Embarcación”, explica Vega y asegura que la funcionaria en cuestión es pariente de Ferrari. “Los autores intelectuales (del desmonte) son empresas privadas junto con el Estado provincial y algunos organismos intermedios que se encargan de velar por estas cuestiones territoriales, pero que en vez de ayudar no actúan”, remarca el abogado.

En ese sentido, otro miembro de la comunidad, Leonardo Pantoja, denuncia que los representantes del Gobierno provincial que se acercan sólo hablan “con la comisión vecinal” del lugar, un organismo que, según denuncia, “negoció” con la empresa que está arrasando el territorio y siempre niega que existan problemas en la zona. Los representantes del Estado provincial “hacen los informes” con base en eso y “no escuchan” a las comunidades originarias. “Por eso nunca se acaba esto”, lamenta Pantoja y recalca que este funcionamiento no sólo se repite en Misión Chaqueña sino “en todas las comunidades” de Salta.

“Ayer a la tarde la comunidad misma se levantó, fueron al territorio. Llevaron machetes, hachas, motosierras, pinzas y sacaron gran parte del alambrado, cortaron todos los postes porque ya está listo para cercar. Sé que hoy va a llegar Infantería, Gendarmería. La comunidad lo sabe, sabe que hoy vienen y van a querer detener a alguno de los referentes”, advierte finalmente el referente. En paralelo, Marta envía novedades desde el acampe con la voz quebrada: “La gente de Ferrari está cortando el algarrobo. Es un hermoso árbol, de ese mismo sacamos la fruta. En este mismo momento lo están cortando”.

Fuente: ANRed