Minería invade 111 ha en áreas protegidas

Así lo revela el reporte de Fundación EcoCiencia “MAAP #243: Minería en la Amazonía ecuatoriana sector sur–provincia de Zamora Chinchipe” que documenta el crecimiento de la actividad minera dentro y alrededor de zonas de conservación clave de la provincia.

Zamora Chinchipe, ubicada en el extremo sur de la Amazonía ecuatoriana, constituye una de las regiones de mayor importancia ecológica del país debido a su localización en la transición entre la cordillera de los Andes y la llanura amazónica.

Esta condición favorece una alta diversidad biológica y la presencia de ecosistemas estratégicos, como bosques nublados, páramos y formaciones únicas como los tepuyes subandinos.

El análisis identifica aproximadamente 111 hectáreas afectadas por minería dentro de áreas protegidas y áreas de conservación en cuatro casos de estudio monitoreados entre 2011 y 2025. 

Entre las zonas impactadas se encuentran el Parque Nacional Podocarpus, la Reserva Biológica Cerro Plateado, la Reserva Natural Maycú y el Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza.

Dichas zonas son territorios fundamentales para la conectividad ecológica y la conservación de especies emblemáticas como el jaguar, el tapir y el oso de anteojos.

Hallazgo preocupante

Uno de los hallazgos más preocupantes corresponde al monitoreo realizado en el Parque Nacional Podocarpus, donde se identificaron 44 hectáreas afectadas por minería entre agosto de 2023 y diciembre de 2025.

El estudio evidencia que la actividad minería se desarrolla dentro de un área protegida en la que la explotación de recursos minerales está prohibida por ley. 

Además de la pérdida de cobertura forestal, el monitoreo satelital permitió observar impactos sobre el río Loyola, parte de la red hídrica del parque nacional y clave para la conservación de bosques nublados y páramos andinos.

El reporte también documenta afectaciones dentro de la Reserva Biológica Cerro Plateado, una zona núcleo de alta relevancia ecológica del sur amazónico.

Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 13 hectáreas impactadas por minería, incluyendo áreas dentro de la propia reserva. 

El análisis identificó además que el 92% de las zonas intervenidas se encuentran fuera de concesiones autorizadas, evidenciando posibles actividades mineras irregulares en territorios ambientalmente sensibles.

A estos casos se suman impactos dentro de la Reserva Natural Maycú, donde se registraron 21,22 hectáreas afectadas por minería, y del Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza, con 44,27 hectáreas impactadas.

El estudio advierte que la expansión minera continúa incrementando la presión sobre ecosistemas estratégicos de la Amazonía ecuatoriana.

A través de imágenes satelitales de alta resolución y monitoreo con drones, el reporte identificó remoción de cobertura vegetal, erosión de suelos, piscinas de sedimentos y campamentos abandonados asociados a la actividad minera.

Estos hallazgos reflejan una dinámica extractiva caracterizada por la apertura y abandono recurrente de frentes mineros, generando impactos acumulativos y mayores desafíos para el control ambiental.

El informe destaca además que Zamora Chinchipe ha pasado de registrar alrededor de 5 hectáreas afectadas por minería en 1995 a más de 6.800 hectáreas en 2024, consolidándose como uno de los principales focos de expansión minera en la Amazonía ecuatoriana.

Recomendaciones urgentes

El reporte recomienda fortalecer la incorporación obligatoria de tecnologías de monitoreo satelital y sistemas de alerta temprana para detectar nuevas actividades mineras en áreas protegidas y zonas de difícil acceso.

Asimismo, plantea la necesidad de integrar evidencia tecnológica –como imágenes satelitales, drones y sistemas de georreferenciación– en procesos administrativos y judiciales relacionados con delitos ambientales y minería ilegal.

El estudio subraya que la protección efectiva de áreas protegidas amazónicas requiere fortalecer los mecanismos de control territorial, vigilancia y articulación institucional.

Solo así se podrá prevenir la expansión de actividades extractivas en ecosistemas clave para la biodiversidad y la conectividad ecológica del Ecuador.

También advierte que el crecimiento acelerado de actividades mineras irregulares en zonas remotas y ambientalmente sensibles representa un desafío creciente para la gobernanza territorial y la capacidad de control del Estado.

De esta manera se evidencia la necesidad de consolidar sistemas de monitoreo, alerta temprana y procesos administrativos y judiciales más sólidos frente a delitos ambientales y minería ilegal.

Fuente: SERVINDI