Molina Barreto: entre redes de poder y el retroceso de derechos indígenas

La trayectoria de Roberto Molina Barreto en la Corte de Constitucionalidad (CC) está marcada por un conjunto de decisiones que, según organizaciones y autoridades de Pueblos Indígenas, ambientales y de derechos humanos, han debilitado la protección jurídica de los Pueblos Indígenas frente a la expansión del modelo extractivo en Guatemala. 

Su posición ha sido señalada como restrictiva respecto al alcance del derecho a la consulta previa, libre e informada reconocido en el Convenio 169 de la OIT y la consulta de vecinos reconocida por el Código Municipal. 

Al analizar algunas de sus actuaciones, que se han traducido en sentencias, se observa como Barreto responde a intereses contrarios a las mayorías, en el caso del modelo extractivo en Guatemala, a empresas nacionales y transnacionales que operan con opacidad y, en algunos casos, coludidos con los gobiernos de turno. 

1. Proyecto minero Fénix Vs. Pueblo Q’eqchi 

En el caso de la licencia minera Fénix, vinculada a la explotación de níquel y tierras raras en El Estor, Izabal, fue el único magistrado que votó en contra de la realización de la consulta comunitaria ordenada por la CC. En un contexto en el que la denuncia nacional e internacional mostró  la opacidad de las dos principales mineras en el Caribe guatemalteco y la denuncia de toda una trama de sobornos en el sector minero que vinculó al expresidente Alejandro Giammattei, en el caso que se conoció como  la alfombra mágica. 

Fuente oficial CC: “La resolución… se emitió con voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto” (1 mar 2021)”.

Lo polémico es su disenso en un caso emblemático de consulta a los pueblos indígenas (El Estor, Panzós, Cahabón y Senahú / pueblo Q’eqchi’) que suele usarse como evidencia de una línea más reticente frente a estándares robustos de consulta/territorio”.

Trecsa VS. pueblo Ixil

En procesos promovidos por comunidades del pueblo Ixil, de San Juan Cotzal y Nebaj, de Quiché, frente a proyectos de la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (Trecsa), integró bloques que defendieron interpretaciones donde la negociación individual con propietarios era considerada suficiente, aun cuando las comunidades reclamaban la participación colectiva en la planificación de los proyectos. Esto motivó que las autoridades indígenas y ancestrales  en 2021 accionaran legalmente contra el magistrado. 

         2. Despojo de tierras versus Propiedad comunal de la tierra de la Sierra Santa Cruz 

En la región del pueblo Q’eqchi en la Sierra Santa Cruz, en Izabal, las comunidades han reclamado de manera histórica la titulación y propiedad de las tierras ancestrales. La Corte de Constitucionalidad resolvió, el 7 de diciembre de 2015,  a favor de 8 comunidades de la sierra un amparo definitivo que protegió el derecho de propiedad de la población. 

Molina Barreto de nuevo fue el único magistrado en no sumarse al amparo definitivo a favor de las 8 comunidades (el pleno “con excepción de Roberto Molina Barreto” ampara a las comunidades).

Desde la perspectiva del pueblo indígena, su postura aparece como contraria a la restitución y protección de los derechos de propiedad ancestral que tiene el pueblo Q’eqchi’. 

      3. Hidroeléctrica Entre Ríos versus Pueblo Q’eqchi’ 

En el caso de la hidroeléctrica Entre Ríos, la CC resolvió a favor de las comunidades Q’eqchi’ de Lanquín, Alta Verapaz, afectadas por la empresa. En este caso el 5 de febrero de 2013 en el expediente 4419-2011 se confirma que el magistrado Molina Barreto, firmó la sentencia y emitió un voto razonado concurrente.  

En su voto, sostiene que el fallo de la CC contenía una “errada interpretación del derecho de consulta” (Convenio 169 OIT) y cuestiona la forma en que la mayoría estructuró la protección. 

      4. Hidroeléctrica “La Vega / De La Vega” versus Pueblo Ixil 

En el municipio Ixil de Nebaj, Quiché, las comunidades denunciaron la operación opaca de la hidroeléctrica “La Vega”, propiedad de la empresa  Hidroxil S.A. propiedad de la empresa Casado Hermanos.  

En los expedientes: 4957-2012 y 4958-2012 la CC, el 14 septiembre de 2015 protege a las comunidades Ixil y ordena la realización de la consulta.  Molina Barreto vuelve con su voto razonado concurrente en el marco de una sentencia que ordena la consulta. 

En su razonamiento enfatiza “derechos adquiridos” de la empresa y lanza críticas a actores que, según él, responden a “intereses sectarios o marcadamente ideológicos”. 

      5. Licencia minera “Eluvia” versus El pueblo Sipakapense 

En el municipio de Sipacapa, San Marcos, la población denunció la opacidad de la operación de la licencia minera “Eluvia” de la empresa Entre Mares de Guatemala S.A. que, afecta directamente a los municipios de Sipacapa, San Carlos Sija y Cabricán, estos dos últimos de Quetzaltenango. 

En los expedientes acumulados: 5705-2013 y 5713-2013, se identifican las decisiones y actuaciones, en 2016, de la Corte; en el documento se identifica a Molina Barreto como ponente.

En ese momento el rol de Molina Barreto como ponente “expresa el parecer del Tribunal”. Aunque la CC ordena encaminar la consulta, el diseño que se lee en la sentencia ha sido criticado porque ubica el “momento” de la consulta cuando ya hay definición técnica y ambiental avanzada del proyecto; da un rol central al Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ejecutivo, para coordinar y sienta lineamientos de participación de ministerios y la empresa, lo que algunas comunidades ven como consulta “administrada o impuesta” más que un proceso con poder real como consulta libre, previa e informada.

        6. Sentencia ilegal vs. autoridades indígenas del norte de Huehuetenango 

En febrero de 2026, el pleno de la CC, con la firma de Molina Barreto, dejó en firme las condenas contra las autoridades indígenas del norte de Huehuetenango, Rigoberto Juárez Mateo y Bernardo Ermitaño López Reyes, que fueron absueltos en 2016 por un Tribunal de Mayor Riesgo en la ciudad de Guatemala. 

Los cinco magistrados titulares rechazaron los amparos que denunciaban no solo criminalización por la defensa del territorio, sino también la reforma arbitraria de los delitos fuera del debido proceso. En este caso López Reyes fue condenado a 23 años de prisión por detención ilegal y Juárez Mateo a 7 años por el mismo delito, además de penas conmutables por instigación a delinquir, bajo el argumento de que no se vulneró el debido proceso, pese a que la defensa solicitó un control de convencionalidad respecto a las formas ancestrales de resolución de conflictos. 

Para sectores sociales, esta resolución consolidó el uso del derecho penal contra las autoridades ancestrales y dirigentes comunitarios que se oponen a proyectos extractivos e hidroeléctricos, reforzando una jurisprudencia que privilegia la continuidad de los megaproyectos sobre la protección de los derechos colectivos. Detrás de estas resoluciones están los intereses de las empresas  Energía y Renovación propiedad de los Castillo Mata, también de las hidroeléctricas en Santa Eulalia, Barillas y San Mateo Ixtatán. 

          7. Anulación de la sentencia por Genocidio contra el pueblo Ixil 

En casos de justicia transicional sus resoluciones han sido igualmente determinantes. En 2013, votó a favor de anular la sentencia por genocidio contra el general y exjefe de facto en 1982, José Efraín Ríos Montt, una decisión que dejó sin efecto una condena histórica de 80 años de prisión por el genocidio cometido contra el pueblo Ixil. 

Para sectores de víctimas y defensores de derechos humanos esa anulación no solo interrumpió un proceso emblemático, sino que cerró la posibilidad de profundizar investigaciones sobre responsabilidades civiles y empresariales vinculadas al conflicto armado interno. Cinco años después de su papel activo luego de anular la sentencia contra Ríos Montt, Molina Barreto fue candidato vicepresidencial junto a Zury Ríos, con el partido Valor. 

De esta manera, la actuación de Molina Barreto en la CC ha sido leída como parte de un entramado más amplio en el que confluyen intereses empresariales, sectores conservadores y actores políticos tradicionales, configurando una línea de jurisprudencia que ha protegido estructuras de poder histórico mientras limita el avance de derechos colectivos y de la justicia por graves violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas. 

El Movimiento Pro Justicia  denunció lo delicado de la candidatura de Molina Barreto en 2021 por dejar entredicho la independencia de su persona como magistrado ante la máxima corte. 

“Roberto Molina Barreto tiene impedimento para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad por la falta de independencia judicial que supone su participación como candidato vicepresidencial del partido Valor. Su designación constituiría una afrenta grave a la protección efectiva de los derechos humanos que estriba, en gran medida, en la disponibilidad real y permanente al acceso a un sistema de justicia independiente e imparcial, en un marco de probidad, honorabilidad, integridad, ética y honradez.” Cita el documento. 

El polémico magistrado 

La figura de Roberto Molina Barreto no puede ser reducida a la de un simple abogado que ha transitado por los pasillos del poder en la Corte de Constitucionalidad, es un actor fundamental cuya biografía política y judicial es sintomática de las profundas tensiones que definen al Estado guatemalteco contemporáneo. Por eso su ascenso en los espacios de justicia constitucional es un testimonio de la compleja intersección entre el derecho y las estructuras conservadoras, configurando una carrera que ha servido de puente entre la consolidación institucional de la posguerra y el actual escenario de regresión democrática. Esta trayectoria, sostenida en alianzas políticas y respaldos en sectores políticos tradicionales lo posiciona además como un candidato con posibilidades reales de ser electo nuevamente por el Congreso de la República para un período más en la CC.

Tras concluir su segundo período en la Corte de Constitucionalidad en 2016, Roberto Molina Barreto dio el salto abierto a la política partidaria y, en 2018, se inscribió como candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Valor, acompañando en la fórmula a Zury Ríos Sosa, hija del general Efraín Ríos Montt. 

El Tribunal Supremo Electoral rechazó la inscripción al invocar el artículo 186 de la Constitución, que prohíbe optar a la Presidencia o Vicepresidencia a familiares de quienes hayan ejercido la jefatura como resultado de un golpe de Estado. Más allá del desenlace jurídico, el episodio fue interpretado por diversos sectores como un punto de quiebre en su trayectoria, al evidenciar una definición política explícita que desdibujó la frontera entre juez constitucional y actor partidario. 

Organizaciones sociales y actores académicos señalaron que esa postulación confirmaba afinidades ideológicas previamente advertidas en su actuación jurisdiccional y, en 2021, agrupaciones como la Alianza por las Reformas y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) invocaron ese antecedente para objetar su retorno a la Corte, argumentando que su participación electoral comprometía la apariencia de independencia que exige la magistratura constitucional.

Roberto Molina Barreto (1955) es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y actualmente magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026. Su trayectoria pública se consolidó durante el gobierno de Óscar Berger, quien lo nombró magistrado titular de la CC en 2006, integrando la XI magistratura (2006-2011). Posteriormente fue reelecto para la XII magistratura (2011-2016), período en el que también ejerció la Presidencia del tribunal en dos ocasiones (2010-2011 y 2014-2015) y la Vicepresidencia (2013-2014). Antes de su llegada a la Corte se desempeñó como Procurador General de la Nación (2005-2006). En el plano institucional promovió y presidió el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) entre 2003 y 2005, y más adelante impulsó el Instituto de Justicia Constitucional, vinculado a la propia CC. 

De forma paralela ha mantenido actividad en el ejercicio privado a través del bufete Molina Barreto & Asociados, firma con la que ha estado vinculado durante más de tres décadas, combinando su papel como jurista constitucional con la práctica profesional y la incidencia en espacios académicos y gremiales.

Retorno a la Corte de Constitucionalidad y las decisiones clave en medio de la disputa por la justicia y la impunidad.

En noviembre de 2020, Molina Barreto fue designado nuevamente magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 por el Congreso de la República, tras la vacante generada por la salida por motivos graves de salud del magistrado Neftalí Aldana, representante del Legislativo ante ese tribunal. Su juramentación fue respaldada por una amplia mayoría de 121 votos en el hemiciclo parlamentario. 

El retorno al máximo órgano de control constitucional se produjo en un contexto de fuerte confrontación política en torno a la lucha contra la corrupción y el futuro de los mecanismos de rendición de cuentas en el país. Sectores críticos interpretaron su designación como parte de una recomposición estratégica de la Corte orientada a consolidar un bloque conservador, en sintonía con actores políticos tradicionales y grupos de poder que habían cuestionado abiertamente los esfuerzos de depuración institucional de años anteriores. 

El analista político Miguel Ángel Sandoval, en declaraciones recogidas por Prensa Comunitaria, calificó la votación como un movimiento que fortalecía lo que diversos sectores sociales han denominado el Pacto de corruptos, señalando que su regreso no era un hecho aislado, sino parte de una correlación de fuerzas más amplia dentro del sistema político. En ese marco, el tránsito de Molina Barreto —de magistrado constitucional a candidato vicepresidencial junto a la hija del dictador Efraín Ríos Montt, y luego nuevamente magistrado— se convirtió en un eje central del debate público sobre independencia judicial, conflicto de intereses y la reconfiguración del poder institucional en Guatemala.

La trayectoria de Roberto Molina Barreto en la Corte de Constitucionalidad está marcada por decisiones que han generado fuertes controversias en momentos clave de la vida política guatemalteca. 

Durante la crisis política de 2015 intervino en acciones que frenaron el retiro de inmunidad del entonces presidente Otto Pérez Molina, al respaldar solicitudes para posponer audiencias en un contexto de creciente presión social por los casos de corrupción. 

Entre 2014 y 2015 avaló la elección de magistrados señalada como producto de las llamadas “comisiones paralelas”, pese a denuncias públicas sobre cooptación institucional. Este proceso fue investigado posteriormente por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público en dos fases en las que se documentaron negociaciones irregulares entre operadores políticos, abogados y aspirantes a magistraturas para influir en la integración de la Corte Suprema de Justicia y las Sala de Apelaciones, mostrando la existencia de redes que buscaban asegurar control del sistema judicial. 

En 2026, impulsó junto a las magistradas Dina Ochoa y Claudia Paniagua la tramitación urgente de amparos relacionados con la elección gremial del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), con el objetivo de excluir a profesionales de ciencias afines como los criminólogos y politólogos del padrón con derecho a voto en esos comicios, una medida que incidía directamente en la conformación de las comisiones de postulación, decisión que generó críticas por presunto trato diferenciado en la admisión de acciones constitucionales.

En 2011 fundó la Fundación Cívica para un Mejor País, que recibió un aporte de 100 mil dólares del gobierno de Taiwán y financiamiento de la gremial textil Vestex. 

En resoluciones constitucionales vinculadas a materia económica y laboral, ha sido señalado por respaldar posturas coincidentes con intereses empresariales organizados, como el caso donde su voto favorable permitió la implementación de salarios mínimos diferenciados en municipio con presencia de maquilas textiles, una medida promovida por el sector agrupado en Vestex, gremial que previamente había financiado la fundación que él mismo creó, esto  ha alimentado cuestionamientos sobre su independencia frente a actores corporativos con capacidad de incidencia política.

A estos antecedentes se suman señalamientos sobre su entorno cercano y posibles conflictos de interés. Su yerno, Julio R. Espigares López, fue implicado en 2012 en un caso de cobros ilegales dentro del Ministerio Público y, según denuncias públicas, habría recibido beneficios de impunidad tras gestiones atribuidas a Molina Barreto. 

En el denominado Caso Fénix, relacionado con el lavado de aproximadamente Q350 millones sustraídos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) mediante contratos anómalos y triangulación de fondos a través de empresas de cartón y sociedades offshore, el Ministerio Público identificó documentos donde el magistrado figura como notario de empresas vinculadas a Gustavo Herrera, empresario señalado como operador clave en ese esquema de desvío y posterior blanqueo de capitales, quien ha sido vinculado históricamente a redes de corrupción en el sector salud y que actualmente permanece prófugo de la justicia guatemalteca. 

En 2021 diversas organizaciones sociales presentaron impedimentos contra su designación como magistrado, citando tanto su candidatura partidaria como su relación profesional con dichas empresas, además de reportes periodísticos sobre presuntos casos de nepotismo en contrataciones estatales de familiares. 

Aunque no existen procesos penales formales en su contra, el conjunto de estos antecedentes ha configurado una imagen pública asociada a la línea conservadora del sistema de justicia y a decisiones que, según sectores críticos, han favorecido a militares acusados de crímenes de lesa humanidad, a funcionarios cuestionados y a intereses empresariales influyentes.

Fallos controversiales de la Corte de Constitucionalidad

Durante su permanencia en la Corte de Constitucionalidad, Molina Barreto ha sido autor o coautor de fallos polémicos, frecuentemente alineados con posturas conservadoras y cuestionados por organizaciones anticorrupción y de derechos humanos. Para dimensionar su influencia, es necesario considerar lo que diversos observadores han denominado “captura institucional”, entendida no solo a partir de sus resoluciones, sino del contexto político y las redes de poder que rodean su actuación. 

Afinidades políticas y vínculos

A Roberto Molina Barreto se le vincula con grupos conservadores y sectores políticos de derecha involucrados en casos de corrupción. En 2018 se alió públicamente con Zury Ríos Sosa (hija del exdictador Efraín Ríos Montt) como aspirante a vicepresidente por el partido VALOR. Esta candidatura fue vetada constitucionalmente por el TSE y CSJ, pero dejó claro su afinidad con esa agrupación política. Organizaciones civiles presentaron denuncias de impedimento señalando que su participación partidaria compromete la “imparcialidad” judicial. En 2021 la asociación FADS (Familiares contra la Delincuencia) y otros reclamaron la postulación de Molina Barreto, recordando estos vínculos con Valor y Ríos Montt.

En 2011, Roberto Molina Barreto fundó la Fundación Cívica para un Mejor País, integrada por colaboradores cercanos de la Corte de Constitucionalidad y miembros de su familia, con el objetivo declarado de promover programas de educación cívica. Según investigaciones periodísticas, la entidad recibió una donación de 100 mil dólares de la Embajada de Taiwán en 2015, así como financiamiento recurrente de la gremial textil Vestex desde 2012. Vestex, que agrupa a empresas maquiladoras, ha impulsado históricamente políticas a favor de ese sector, entre ellas iniciativas orientadas a establecer salarios mínimos diferenciados en municipios con presencia de la industria textil.

El vínculo entre estos aportes y la actuación jurisdiccional de Molina Barreto generó cuestionamientos públicos cuando la Corte de Constitucionalidad conoció acciones relacionadas con la reducción salarial promovida por ese sector. En esas resoluciones, el magistrado votó a favor de la validez de las medidas respaldadas por la gremial, pese a que su fundación había recibido recursos de ese mismo grupo empresarial. Aunque él sostuvo que no existía conflicto de interés, organizaciones anticorrupción y medios independientes señalaron este cruce como un posible caso de incompatibilidad ética, al considerar que la coincidencia entre financiamiento privado y decisiones judiciales favorables a los donantes podía afectar la percepción de imparcialidad del máximo tribunal.

La alianza de Roberto Molina Barreto con las magistradas Dina Josefina Ochoa y Claudia Paniagua ha sido señalada de manera reiterada en análisis políticos y coberturas periodísticas sobre la Corte de Constitucionalidad. En casos considerados sensibles para sectores conservadores, los tres han actuado de forma coincidente, lo que críticos han descrito como un “bloque” con orientación común dentro del tribunal. En el caso relacionado con el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), fueron ellos quienes impulsaron que determinados amparos fueran conocidos por el pleno, evidenciando una actuación concertada. En resoluciones anteriores, Paniagua también ha mantenido posiciones jurídicas afines, reforzando la percepción de una línea compartida en decisiones de alto impacto institucional.

Este patrón se extendió a la disputa por la democracia gremial y la integración de las cortes. En enero de 2026, Molina Barreto promovió, junto a Ochoa y Paniagua, la tramitación acelerada de amparos orientados a excluir a profesionales de ciencias afines, que agrupa a los internacionalistas, sociólogos, criminólogos y politólogos de las votaciones del CANG. Esta medida fue interpretada como un intento de incidir en la correlación de fuerzas dentro del gremio, con el objetivo de que los representantes ante las comisiones de postulación respondieran a un sector específico. 

En paralelo, se ha observado que Molina Barreto ha cuestionado investigaciones dirigidas contra la fiscal general Consuelo Porras y ha atribuido a los medios de comunicación la creación de un clima de crisis institucional. Asimismo, medios independientes han documentado señalamientos de nepotismo en su círculo familiar. Su yerno, Julio R. Espigares López, fue denunciado en 2012 por presuntos intentos de cobro de sobornos a proveedores cuando ocupaba un cargo en el Ministerio Público; reportes periodísticos sostienen que el caso fue cerrado sin detenciones y que posteriormente continuó desempeñando funciones en otras entidades estatales. Otros familiares han sido vinculados a contratos públicos, según investigaciones de prensa.

Denuncias, investigaciones y procesos abiertos

A pesar de su posición, sus tendencias en fallos y sus vínculos, Molina Barreto aún no enfrenta investigaciones formales de corrupción en tribunales, pero ha sido foco de varias denuncias públicas.

Además, la Alianza por las Reformas y la AEU señalaron que Molina Barreto había sido representante legal de una empresa vinculada a Gustavo Herrera, lo cual a juicio de la denuncia viola el requisito de “honorabilidad”. Estos recursos señalaron sus puntos negros y buscaron que fuera excluido del proceso, pero finalmente el Congreso o CSJ confirmaron su nombramiento.

El 29 de abril de 2021 la FECI anunció hallazgos que sugieren que el entonces presidente de la CC, Roberto Molina Barreto, actuó como notario en la creación de dos empresas (Fabricación de Químicos S.A. y Jakyll Properties S.A.) vinculadas al desfalco de Q350 millones en el IGSS (caso Fénix). En esas sociedades, cuyo dueño real era Gustavo Herrera (hoy prófugo), aparece la firma de Molina Barreto en documentos notariales. Aunque el propio magistrado negó cualquier vínculo directo con Herrera, la Fiscalía destacó esta actuación notarial en su informe interno. Este hecho fue confirmado por prensa como evidencia documental de su conexión indirecta al caso de corrupción. Hasta la fecha no se ha judicializado a Molina Barreto por este asunto, pero el indicio quedó registrado en el expediente Fénix.

En el caso de su yerno Espigares López (quien escapó de la justicia tras intento de soborno). También se ha cuestionado su gestión por presuntas contrataciones de familiares en el Estado ya que varios miembros de su familia se han beneficiado de contratos gubernamentales durante su permanencia en el sistema judicial.

En el proceso conocido como “Comisiones Paralelas” de 2014, aunque no fue imputado penalmente, Roberto Molina Barreto fue señalado por analistas y medios como uno de los magistrados que votaron en la Corte de Constitucionalidad para rechazar las acciones de inconstitucionalidad contra la elección cuestionada de 133 magistrados de Salas de Apelaciones y 13 de la Corte Suprema de Justicia, un proceso denunciado por negociaciones irregulares y manipulación política; según investigaciones periodísticas como las de Nómada, esa decisión permitió la continuidad de jueces vinculados al gobierno de Otto Pérez Molina y al partido Líder, lo que fue interpretado por sectores críticos como un respaldo a un esquema de cooptación judicial y un acto que favoreció la preservación de redes de poder dentro del Organismo Judicial, aunque las investigaciones penales se concentraron en otros actores y no derivaron en sanciones directas contra él.

Redes de influencia

Los vínculos financieros, profesionales y políticos atribuidos a Roberto Molina Barreto han sido asociados con sectores tradicionalmente conservadores y ligados a casos de corrupción. 

En el plano político, observadores lo ubican dentro de la red informalmente denominada “pacto de corruptos”, señalando afinidades con figuras como Juan de Dios Rodríguez, con sectores cercanos a la familia Ríos y con gremiales empresariales tradicionales; su discurso crítico hacia la CICIG, su respaldo a decisiones controvertidas del Ministerio Público y su señalamiento a medios de comunicación como generadores de crisis han sido interpretados como coincidentes con la línea del statu quo institucional que estos grupos defienden.

Fuente: Prensa Comunitaria