Movimientos populares realizan II Conferencia Internacional de Reforma Agraria en Colombia para “unir esfuerzos colectivos y recuperar la tierra”

Del 24 al 28 de febrero, representantes de movimientos populares y pueblos indígenas de todo el mundo participarán en la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), en Cartagena, Colombia. El evento contará con la participación de representantes de 70 países.

El encuentro se celebrará 20 años después de su primera edición, celebrada en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, en marzo de 2006. En ese lapso, la concentración de tierras se ha intensificado. Los grandes terratenientes y las empresas han actualizado sus mecanismos de acaparamiento de tierras y agua, lo que hace urgentes las propuestas en defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas.

“Lxs campesinos, los pueblos indígenas y lxs pequeños productores de alimentos que alimentan a la mayor parte del mundo y protegen los ecosistemas se enfrentan a una nueva ola de despojo impulsada por la militarización, el crimen organizado, las grandes tecnologías y la mercantilización de la acción climática”, advierte el comunicado publicado por La Vía Campesina para dar a conocer el encuentro.

Si bien existen espacios para debatir sobre problemas ambientales, como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), los problemas que enfrentan quienes viven en estos territorios quedan al margen de los debates, como señala Saúl Vicente Vásquez, coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria del Consejo Internacional de Tratados Indígenas (CITI).

“Si no reflexionamos sobre lo que ocurre en estas tierras y territorios, las soluciones serán falsas o no abordarán los verdaderos problemas”, señala.

Las amenazas contra estos pueblos se intensifican con los conflictos geopolíticos. En este escenario, el propósito del encuentro también es visibilizar los riesgos de las luchas de poder globales para los trabajadores rurales y urbanos y debatir políticas públicas para la defensa de los derechos y la autonomía de estos pueblos.

“Nuestra lucha por la reforma agraria hoy es inseparable de nuestra lucha contra el imperialismo, el autoritarismo y el colapso ecológico. El CIRADR+20 será un momento crucial para intensificar nuestros esfuerzos colectivos por recuperar tierras y territorios, restaurar la dignidad de las poblaciones rurales, construir la soberanía alimentaria y defender los cimientos de la vida”, afirma la nota publicada por La Vía Campesina.

La concentración de tierras ya no es aceptable

En 2006, la declaración final de la conferencia hizo un llamado  a la reforma agraria, advirtiendo que la distribución de tierras era la solución a la pobreza.

El documento, redactado al final de la reunión, indicó entre sus principios “el establecimiento de una reforma agraria adecuada, especialmente en zonas con fuertes desigualdades sociales, pobreza e inseguridad alimentaria, como una forma de ampliar el acceso sostenible y el control sobre la tierra y los recursos relacionados”.

Ahora, veinte años después, la división de la tierra para la producción de alimentos sigue siendo un tema central y cobra mayor urgencia ante el avance de los monocultivos y las urgencias impuestas por la crisis climática.

“Brasil es el país con la mayor concentración de tierras del mundo. Esto ya no es aceptable en este momento”, afirma  Jaime Amorim, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y representante de Sudamérica en la Coordinación Internacional de La Vía Campesina. Destaca el papel de la reforma agraria no sólo como conjunto de acciones que permitan solucionar el problema del latifundio, sino también de la producción en el campo.

“La mayor parte de los alimentos producidos o consumidos por la población mundial son producidos por pequeños agricultores, provenientes de la reforma agraria y de las comunidades tradicionales”, enfatiza Amorim.

Además de producir alimentos, las comunidades rurales son responsables de la preservación del medio ambiente, mientras que la agroindustria, practicada por grandes terratenientes e impulsada por grandes corporaciones, es la principal causa de deforestación.

“El gobierno brasileño debe cumplir con lo que dice la Constitución brasileña. Y la Constitución brasileña es muy clara: expropiar todos los latifundios improductivos que no cumplen su función social y transformarlos en asentamientos de la reforma agraria”, concluye Jaime Amorim.

Fuente: La Vía Campesina