Paraguay: extractivismo y militarización. Pero también resistencia

El Observatorio de Tierra, Agronegocio y Derechos Humanos de BASE IS, ha presentado el dossier de noticias respecto a los meses de enero y febrero de 2026, en el que se puede observar una serie de acontecimientos registrados en torno a la tierra, la crisis climática, la soberanía alimentaria, el extractivismo, las negociaciones comerciales internacionales y el avance de la biotecnología. El patrón político y económico: la profundización de un modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de bienes naturales, acompañado por una creciente militarización y por el debilitamiento de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas.

Pero también se han registrado situaciones concretas de victoria de la gente común, de la gente que se organiza, que sale a las calles, que sufre presiones y estigmatizaciones por defender los bienes comunes.

En el Departamento de Cordillera tras varios meses de movilización para defender el agua del acuífero, ante el intento de extracción de agua para uso exclusivo de un mega emprendimiento inmobiliario, logró la intervención de la Justicia para frenar la privatización del agua para el futuro barrio cerrado.

En el distrito de Independencia, en el departamento del Guairá, la comunidad de Santa Catalina logró detener el avance de la soja sobre áreas cercanas a la Reserva del Ybytyruzú, tras una serie de movilizaciones y acciones de presión por parte de campesinos y campesinas se puso freno al avance extractivista en ese territorio.

Mientras las comunidades enfrentan conflictos por el agua y la tierra, la soberanía alimentaria permanece prácticamente ausente de la agenda gubernamental. Organizaciones campesinas denuncian recortes presupuestarios significativos en instituciones clave como el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.

Las movilizaciones de productores de sésamo reflejan esta situación. Las familias campesinas reclaman precios justos y critican que el Estado deje la fijación de precios exclusivamente en manos del mercado y de los acopiadores.

En contraste con la débil respuesta estatal frente a las demandas campesinas, la relación entre el Estado y los gremios empresariales vinculados al agronegocio aparece mucho más dinámica. Organizaciones como la Asociación Rural del Paraguay o la Federación de Cooperativas de Producción mantienen reuniones periódicas con el gobierno para discutir políticas vinculadas a la producción cárnica, sojera, arrocera y forestal.

Paralelamente, el Estado impulsa inversiones en infraestructura logística destinadas a facilitar la exportación de materias primas, como el desarrollo del Puerto de Concepción y diversos proyectos vinculados al transporte y la energía, en coordinación con organismos financieros internacionales.

Las cifras económicas reflejan la expansión de este modelo. La producción de soja alcanzó nuevamente los diez millones de toneladas en la campaña 2024/2025, mientras que las exportaciones de carne porcina registraron un crecimiento superior al 50% durante el último año, con Taiwán como principal destino.

A esto se suma un nuevo frente extractivo: el acuerdo firmado con Estados Unidos para priorizar la entrega de minerales críticos como litio, uranio y tierras raras. El memorando de entendimiento fue firmado sin requerir aprobación parlamentaria, lo que genera preocupación sobre la transparencia y el control democrático de estos recursos estratégicos.

El gobierno y la criminalización a flor de piel

El inicio del 2026 estuvo marcado por graves denuncias provenientes de la comunidad indígena Tekoha Karapã, en el departamento de Canindeyú. Allí se registraron ataques de civiles armados, quema de viviendas, destrucción de cultivos y detenciones arbitrarias de miembros de la comunidad, entre ellos Cristian Romero Venialgo. Líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos denunciaron la inacción de las instituciones estatales responsables de proteger a los pueblos indígenas, señalando incluso el riesgo de un “etnocidio”.

La situación refleja un conflicto estructural: por un lado, empresas privadas que alegan títulos de propiedad sobre tierras disputadas; por el otro, comunidades indígenas que reclaman territorios ancestrales. Este tipo de conflictos no son nuevos, pero se intensifican en territorios donde convergen intereses extractivos y economías ilegales, como ocurre en varias zonas de Canindeyú.

A este panorama se suma la creciente criminalización de dirigentes sociales. El caso del productor de yerba mate y defensor ambiental Vidal Brítez —quien enfrenta un juicio por supuesta coacción grave tras haber encabezado protestas contra el uso de cianuro en Paso Yobai— evidencia cómo la protesta social comienza a ser tratada como un problema de orden público.

Las decisiones del gobierno parecen reforzar esta lógica. La ampliación del despliegue militar en la Región Oriental, eliminando los límites territoriales de la Fuerza de Tarea Conjunta, y el envío al Congreso del acuerdo SOFA con Estados Unidos —que concede inmunidad y libre tránsito a tropas estadounidenses— refuerzan la percepción de una creciente militarización de la seguridad interna.

Mientras el Estado paraguayo mira hacia afuera, en busca de las inversiones extranjeras, en busca de entregar los bienes naturales y asentir absolutamente todas las barbaridades de Donald Trump, las comunidades están en el camino de esperanza, organizándose, preparándose, resistiendo, produciendo y movilizándose.

OBSERVATORIO DE TIERRA, AGRONEGOCIOS Y DERECHOS HUMANOS DOSSIER ENERO/FEBRERO 2026, disponible en  https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2026/03/Dossier-Enero-Febrero.pd

Fuente: desinformemonos.org