Sembrando Vida: recuento necesario
Sembrado Vida es un programa señero del gobierno, iniciado en el sexenio de AMLO, que consta de apoyos monetarios y en especie y está dirigido a población en pobreza rural. Se presenta como ejemplo de reforestación, contribución a la mitigación al cambio climático, atención a la pobreza y promoción de agricultura sustentable entre campesinos y campesinas. Para acceder al programa se debe tener propiedad o posesión de 2.5 hectáreas de tierra y sólo se entrega a individuos, no a comunidades ni organizaciones.
A seis años de iniciado el programa, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) realizó una revisión sobre sus resultados en diversas regiones del país. La investigación y entrevistas las realizaron Russel Peba, Pedro Uc, Carlos Beas y el equipo de coordinación de Ucizoni, Aline Santiago, Ana Valadez, Álvaro Salgado, Armando Galeana, Joel Aquino, Alfredo Zepeda y Ana de Ita, en colaboración con organizaciones de regiones en la península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua.
La publicación resultante, Sembrando Vida, recuento desde las regiones a seis años, es un documento esencial para entender la realidad del programa. Se puede descargar en https://www.ceccam.org/node/4496.
Ana de Ita, directora del Ceccam, brinda un análisis panorámico de los resultados del programa. Pese a estar dirigido a población campesina, no está en el marco de secretarías productivas sino de Bienestar. Contó con un promedio de 28 mil 219 millones de pesos anuales en seis años, pero solamente atendió a 18.3 por ciento de la población que necesita el programa, según sus propias definiciones y cálculos. La población campesina en estado de mayor pobreza no puede acceder al programa.
Tampoco es un programa de forestación. Según datos oficiales, presentados por la presidenta Sheinbaum en noviembre de 2024, el programa Sembrando Vida (PSV) benefició a 439 mil personas, que en seis años reforestaron más de un millón de hectáreas con mil 100 millones de árboles, lo cual significaría la captura de 30 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Es imposible comprobar la veracidad de dichas cifras, señala de Ita, porque la localización de las parcelas beneficiarias no es pública y no se puede verificar que las plantaciones existan y hayan sobrevivido. La estimación significa un promedio de mil 100 árboles por hectárea, una cifra demasiada alta para esa superficie aún si fueran solamente árboles, pero además el programa demanda aplicar sistemas agroforestales o de milpa intercalada con árboles frutales, lo cual requiere más espacio.
En prácticamente todas las regiones consultadas parece haber mucho menos árboles por hectárea. Entre otras cosas, porque se usa una parte para milpa y cultivos alimentarios, pero además por una combinación de factores que se repiten en muchas entrevistas: los árboles no sobreviven porque las especies no son adecuadas a la región, las plántulas llegan plagadas (en muchos casos de viveros del Ejército), faltan sistemas de riego, falta asesoramiento sobre cuidado y saneo de plagas en especies que las y los campesinos no conocen. La falta de agua es tema recurrente ya que la vasta mayoría practican la agricultura de temporal y en el PSV las especies, tiempos y tipo de siembra designados requieren riego, que no está previsto.
En casi todas partes, los participantes se quejan de que los técnicos del programa no los escuchan y no consideran los consejos y conocimientos de los y las campesinas del lugar. En varios casos, resulta claro que tampoco es fácil expresar sus críticas, por miedo a perder el programa.
El principal atractivo del programa para las y los campesinos beneficiados es el pago mensual que ha sido de entre 5 y 6 mil pesos mensuales. En las entrevistas expresan aprecio por nuevos conocimientos sobre abonos orgánicos y algunas otras técnicas. No obstante, es claro que el PSV no apoya ni se apoya en el fuerte de las culturas campesinas en México: los sistemas de milpa tradicional, diversos y adaptados a culturas y geografías de cada lugar y las estructuras y asambleas comunitarias, los ejidos, la autoorganización.
La estructura que impone el PSV, al considerar solamente individuos, exigir propiedad y crear grupos de 25 beneficiarios con un técnico, llamados Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC), sabotea directamente a la organización comunitaria, a sus propias organizaciones campesinas e incluso produce conflictos en familias. El cuidado de árboles, viveros y reuniones del CAC les representan trabajo adicional al que ya tenían. Por ello y porque parte de los beneficiarios del programa tienen otros trabajos asalariados, el PSV ha generado la contratación informal de otras personas, con salarios extremadamente bajos.
El hecho de plantar árboles conlleva también conflictos sobre la propiedad de la tierra, ya que esa tierra no puede rotarse o cambiar uso según lo que disponga la asamblea en beneficio de la comunidad, lo cual de hecho es una forma de privatización.
En apretada síntesis, el programa no ha cumplido sus propios objetivos declarados, ni como programa forestal ni de mitigación al cambio climático, ni de atención a la pobreza rural, también la siembra de maíz ha disminuido. Además, ha instaurado formas de cultivo que atentan contra la organización propia de las comunidades y ejidos y que promueven la privatización de la tierra.
Fuente: La Jornada
