Darío Aranda

Indígenas de Salta y Jujuy cortaron la ruta 52 en rechazo a la actividad minera. Reclaman participación en las decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y a las Naciones Unidas.

Comunidades originarias de Salta y Jujuy fueron recibidas en Naciones Unidas. Denunciaron la vulneración de sus derechos y el avance minero sobre sus territorios. En noviembre llegará al país una misión de la ONU para conocer la situación.

Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Misiones y Neuquén fueron escenario en las últimas semanas de intentos de desalojos, criminalización y represión de familias campesinas y pueblos originarios

Organizaciones e investigadores sociales advierten sobre el aumento de la violencia en el campo argentino. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes están procesados por defender el terruño.

La Defensoría del Pueblo solicitó la prohibición inmediata del endosulfan, el insecticida más usado en la producción agraria de Argentina. Ya está vedado su uso en 74 países y la ONU instó a que se abandone su utilización el próximo año

Durante los últimos quince años, y de la mano de la profundización del modelo agropecuario, productores sojeros avanzaron sobre territorios indígenas y campesinos. Esto implicó desalojos y desmontes.

La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.

El máximo tribunal de Justicia de Córdoba falló a favor de una comunidad de campesinos que habían sido condenados como usurpadores del territorio donde siempre vivieron. El fallo, que recupera los argumentos de un juez civil, sienta jurisprudencia.