Darío Aranda

Una investigación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario (UNR) confirmó que las personas jóvenes de los pueblos fumigados con agrotóxicos tienen 2,5 veces más probabilidad de padecer y morir de cáncer que las personas que viven lejos de los agroquímicos.

Estados Unidos explicitó su interés en el litio, los hidrocarburos y el agua de América Latina. La generala Laura Richardson reconoció la intervención de su país para incidir en el manejo de los "recursos naturales". Equinor y Shell en el Mar Argentino, la israelí Mekorot para el manejo del agua, Barrick en San Juan y Syngenta en la Casa Rosada. Más extractivismo y un modelo que consolida la dependencia.

Tres expertos independientes, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elaboraron un informe contundente sobre la contaminación y la violación de leyes de Barrick Gold en su mina Veladero de San Juan. Derrames, agua con cianuro y mercurio, silencio mediático e inacción de gobiernos y jueces. Y una población que dice no a la megaminería.

Comunidades indígenas, campesinos y asambleas socioambientales afirman que destruye ecosistemas vitales y viola derechos humanos.

El genocidio negado, el despojo de tierras y la lucha de las comunidades indígenas son los ejes de "Argentina Originaria: genocidios, saqueos y resistencias", un libro que traza las continuidades de la violencia estatal y, también, da cuenta de la defensa del territorio que realizan los pueblos originarios.

La mutinacional ocupa casi la mitad de las hectáreas que le son reconocidas a la comunidad de Puente Quemado II.

El gobierno de Río Negro dio en concesión a empresas mineras más de 50.000 hectáreas, donde se incluyen territorios de comunidades mapuches. Fallos judiciales cruzados —que llegaron hasta la Corte Suprema—, una movilización histórica de pueblos indígenas a Viedma y la decisión de no dejar pasar a las empresas extractivas.

El publicitado trigo transgénico fue prohibido en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una fallo judicial que hizo lugar a una medida cautelar solicitada por productores agroecológicos, organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y vecinos afectados por el nuevo transgénico y por el herbicida glufosinato de amonio. "Es un fallo histórico y una prueba más de lo insostenible del modelo de agronegocio, en base a transgénico y agrotóxicos", afirmó Gabriel Arisnabarreta, integrante de la organización Ecos de Saladillo y uno de los demandantes.