Darío Aranda

Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.

"Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado."

Una encuesta de la consultora Aresco evidencia una mayoritaria oposición a la megaminería. Se realizó en seis provincias mineras. Los encuestados también cuestionan las leyes que protegen la actividad. Más de la mitad cree que provoca un daño grave al ambiente

Familias rurales cortan la Ruta 34, en Santiago del Estero, desde hace un mes. Exigen una ley que frene los desalojos y piden detener la represión que padecen en el campo. También, que se ponga en marcha el acuerdo firmado con el gobierno provincial

En su dictamen, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Agricultura que profundice los estudios sobre agroquímicos y pidió que la recategorización de su toxicidad se base en resultados independientes y no en los presentados por las empresas.

Organizaciones rurales de base consensuaron un proyecto de ley para frenar desalojos y declarar la función social de la tierra. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Será respaldada por legisladores del FpV y Nuevo Encuentro.

El genocidio negado, el despojo de tierras y la lucha de las comunidades indígenas son los ejes de Argentina Originaria: genocidios, saqueos y resistencias, un libro del periodista Darío Aranda. La obra, que recopila investigaciones, crónicas y entrevistas publicadas en Página/12 y suma textos nuevos, otorga la voz a los pueblos originarios que interpelan a las industrias extractivas y gobiernos que pretenden sus territorios

En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.