Desinformémonos

El miércoles 26 de julio se llevará a cabo la manifestación, "que iniciará en el Ángel a la Independencia y se dirigirán a la Secretaría de Gobernación, donde también demandarán la reingeniería de políticas, programas y estructuras gubernamentales de atención a campesinos y organizaciones de productores".

A 4 años de suspendida la siembra de maíz transgénico por la demanda colectiva, finalmente se abre el debate judicial sobre los posibles daños a la biodiversidad y la salud humana.

Más de 3.5 millones de campesinos en México perdieron 30 por ciento de su poder de compra desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hace 23 años, aseguró la Comisión Ejecutiva del Movimiento Social por la Tierra (MST).

"No podemos permitir que graves violaciones a los derechos humanos como estas pasen desapercibidas, tenemos la obligación de denunciar y evidenciar que las agresiones de los gobiernos contra las normales rurales son ilegítimas e ilegales, que en nombre de un concepto abstracto y ambiguo de “orden público” se tiene permiso para disparar, matar, desaparecer y lesionar a jóvenes que lo que buscan es estudiar".

Los pueblos nayeri, cora, huichol y wixáricas se unieron a finales de mayo para realizar una ceremonia en el sitio sagrado Keeyasta, localizado en el Río San Pedro en Nayarit, uno de los últimos ríos vivos de México amenazado por la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pobladores y comuneros indígenas de Santa Cruz Ayotuxco, del estado de México, detuvieron las obras de la autopista Toluca-Naucalpan al asegurar que tienen un amparo de suspensión de la construcción otorgado por las autoridades federales, quienes determinaron que los habitantes son los propietarios de las tierras.

“Se ha desatado una escalada de violencia y hostigamiento contra las comunidades indígenas” tras la consulta popular sobre el cultivo de soya transgénica en los municipios de Holpechén y Tenabo, en Campeche, denunciaron los apicultores mayas de la entidad, quienes acusaron a “grupos patrocinados por Monsanto” de llevar a cabo las agresiones.

"En la etapa preliminar de la elaboración del informe, organizaciones civiles documentaron 32 abusos al derecho a la tierra y el territorio por parte de empresas, 28 casos de falta de acceso de información sobre trabajos, 22 abusos al derecho a un medio ambiente sano, 17 de impactos a la salud de la población, 17 de falta de cumplimiento a derechos indígenas. De la misma forma, se registraron 32 agresiones a personas que se opusieron a los proyectos".