Lucía Sepúlveda Ruiz

La mayor parte de las personas intoxicadas eran trabajadores que inhalaron los plaguicidas que se estaban aplicando y experimentaron síntomas como problemas respiratorios, dolores de cabeza, mareos y vómitos. El Seremi de Salud del Maule inició sumarios sanitarios para investigar ambos brotes de intoxicación. Por su parte, la Dirección del Trabajo también inició un sumario en el fundo Casa Blanca y decretó suspensión de faenas.

Para la justicia y para una parte de la sociedad chilena, Jaime Marileo Saravia es un terrorista, porque un tribunal lo condenó a cumplir una condena de 10 años y un día por el incendio de alrededor de cien hectáreas de pino y eucaliptus del fundo Poluco-Pidenco en el año 2001.

Adjunto la carta de la Presidenta Bachelet (firmada por Domingo Namuncura) declinando reunirse con las organizaciones sociales, agrarias y ambientales en relación al proyecto de ley de privatización de las semillas.

Su enérgico rechazo a un proyecto de ley que privatiza las semillas, despojando a los agricultores de su derecho a guardar, intercambiar y utilizar las semillas producto de su cosecha y abriendo paso a los cultivos transgénicos hicieron ver ante la Comisión de Agricultura el pasado martes 14 de julio, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI),la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, el Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) organizaciones miembros de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida; la Fundación con Todos, de Chiloé y la Asociación de Agricultores Orgánicos de Chiloé, junto a CETSUR, y GRAIN

El 17 de marzo se realiza en Rancagua la audiencia de preparación del juicio oral contra Elena Varela, la documentalista chilena cuya detención en una cárcel de alta seguridad por tres meses, dio la vuelta al mundo el año 2008. Fue detenida el 7 de mayo, y escarnecida públicamente como terrorista

"En Chile se han instalado mecanismos que obedecen a la lógica de la “guerra preventiva”, que divide al mundo en enemigos y amigos. En las filas de los “enemigos”, para el Estado chileno parecen estar los jóvenes; los estudiantes; los trabajadores y sobre todo, los mapuche. Esto último es lo que hoy nos convoca".

La transparencia no existe para muchos asuntos en el SAG, la repartición pública chilena encargada del área de agricultura y ganadería, dependiente del Ministerio de Agricultura, que está reteniendo el acceso del público general a un estudio realizado con fondos estatales el año 2006 sobre presencia de residuos de plaguicidas en la fruta que consumimos los chilenos. Es importante aclarar que los productos de agroexportación por lo general cumplen con normas exigentes de los mercados europeos y norteamericanos, pero el tratamiento con agrotóxicos que reciben los productos que van al mercado interno muchas veces se realiza con productos más peligrosos y en supermercados y ferias del país, se consume fruta con cantidades inaceptables de residuos de plaguicidas. Pero hasta ahora no hay cómo probar eso.

Nueve años de cárcel por los supuestos delitos de incendio y porte de armas solicitó el 14 de marzo de este año en Nueva Imperial (Región de la Araucanía) la fiscal Vania Arancibia contra los presos políticos mapuche Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco y el comunero Roberto Painemil Parra. La negativa de la jueza Claudia Sánchez Slater a acoger denuncias de tortura que invalidarían los cargos, y la citada acusación del fiscal ilustran el funcionamiento de los tribunales chilenos en juicios de indígenas.