Magdalena Gómez

"Yo reafirmo el consejo de que nos apeguemos a su texto y con él por lo pronto me quedo: “Ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos… construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos”."

"Hoy estamos ante la falacia de que es posible establecer una relación equitativa entre pueblos indígenas y empresas trasnacionales e incluso establecer alianzas entre estos actores frente al Estado".

"Bien se ha dicho que los pueblos demandaron autonomía y el Estado les ofrece la supuesta interculturalidad, la cual, por cierto, siempre ha existido, racista, discriminatoria, asimétrica. Hoy nos encontramos con las evidencias de que las normas en materia indígena aparecen subordinadas, o anuladas en los hechos, frente a otras normas con más poder."

Entre las diversas implicaciones graves de la situación que hoy viven los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, en el sur de Baja California, está la del espejo que muestran sobre el vaciamiento de los pueblos indígenas y a su vez la reterritorialización identitaria que mantienen.

El pasado 16 de febrero se cumplieron 19 años de la firma de los acuerdos de San Andrés en 1996, en el marco del diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, suspendido por los zapatistas siete meses después sin que el gobierno de Ernesto Zedillo hiciera nada por rencauzarlo. Más bien provocó la crisis con el incumplimiento a los acuerdos y el virtual sabotaje a la mesa sobre democracia y justicia.

La consolidación de la vía legislativa para consumar el despojo de tierras en favor de las trasnacionales plantea desafíos a la centenaria resistencia indígena. En especial se vulnera el objetivo estratégico de reconstituir los pueblos indígenas con el eje de su autonomía territorial. El marco jurídico precario a nivel nacional se amplió a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que dio entrada plena a tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT, entre otros, colocados en el mismo nivel que la Constitución.

Si observamos el rumbo de las anunciadas reformas estructurales, impulsadas desde el PRIAN, nos daremos cuenta de que, en efecto, van por todo en cuanto a la transmutación plena de lo que fue el proyecto plasmado en la Constitución de 1917. El Congreso de la Unión está por aprobar el paquete de leyes que reglamentan y profundizan el impacto de la reforma constitucional en materia energética.

Es urgente darle horizonte a todas las luchas indígenas y recuperar la propuesta de autonomía contenida en el gran pacto constitutivo que se expresa en los Acuerdos de San Andrés, como una alternativa para reconstruir territorios.