Silvia Ribeiro

"Un informe presentado por la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, redactado en colaboración con el relator especial sobre productos tóxicos, denuncia que el uso de agrotóxicos viola los derechos humanos de muchas formas, incluido el derecho a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano".

"Los usos de inteligencia artificial, Internet de las cosas, convergencia tecnológica, conllevan muchos más aspectos polémicos de los pocos que aquí nombro, que urge entender y debatir. Un punto en el que todos coinciden, es que disminuyen los empleos, aunque crean otros, en número muy menor".

Un estudio científico publicado la semana pasada encontró niveles “extraordinarios” de contaminación con químicos altamente tóxicos en la fauna de la fosa de las Marianas, el punto más hondo de los oceános, con más 11,000 metros de profundidad en el noroeste del oceáno Pacífico.

Uno de los principales factores en que se apoyó Donald Trump en campaña –y que ahora usa para justificar absurdas medidas antimigrantes, altos impuestos a las importaciones y otras– fue la promesa de reducir la pérdida de empleos.

Ocho personas, todos hombres, tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, según el informe de Oxfam Una economía para el 99 % publicado este mes. La cifra es abismal. La desigualdad entre los muy pocos inmensamente ricos y los miles de millones cada vez más pobres no es nueva, pero el aumento de la brecha produce vértigo.

De extremo a extremo, los pueblos indios de las Américas viven, construyen y resisten. Resisten las invasiones a sus territorios de mineras, petroleras, grandes represas, gasoductos, la tala de sus bosques y las mega plantaciones de monocultivos de árboles, los parques eólicos, las plantaciones de transgénicos y las fumigaciones de agrotóxicos, el avance indiscriminado de proyectos inmobiliarios, la contaminación y robo de sus tierras, ríos, lagos y aire.

El acoso contra Acción Ecológica por su denuncia de violaciones a derechos indígenas e impactos ambientales de la minería motivó que cinco relatores de la ONU exhortaran en diciembre al gobierno de Ecuador a revocar el proceso de clausura y reformar la legislación que usa para disolver grupos de la sociedad civil (ambientales, derechos humanos y sindicales).

El 20 de diciembre pasado, el gobierno de Ecuador inició el proceso para disolver la organización Acción Ecológica (AE), que tiene 30 años de trayectoria ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Esa medida de extremo autoritarismo e intolerancia a la crítica social, intentando acallar a una organización social independiente, coincide con el escalamiento de la militarización y represión contra el pueblo indígena shuar en la Cordillera del Cóndor y la denuncia por AE sobre las violaciones allí cometidas.