Silvia Ribeiro

Disputa tierra, agua y nutrientes de los cultivos alimentarios, además de expulsar a los campesinos de sus territorios y empujarlos a abandonar sus cultivos tradicionales.

Mientras en el continente crecen las protestas contra las patentes y derechos de obtentor sobre las semillas, en México esto se promueve en las leyes estatales de Fomento y protección del maíz criollo que se aprobaron en Tlaxcala y Michoacán.

En 1998, el grupo ETC (entonces llamado RAFI) denunció la existencia de patentes sobre una tecnología que llamó Terminator. Se trata de una tecnología transgénica para hacer semillas suicidas: se plantan, dan fruto, pero la segunda generación se vuelve estéril, para obligar a los agricultores a volver a comprar semilla en cada estación.

"La geoingeniería es una propuesta excelente para gobiernos y empresas que no quieren cambiar nada: así pueden seguir calentando el planeta y además generar nuevas ganancias empresariales con el supuesto enfriamiento del planetacon geoingeniería."

El surgimiento de una nueva cepa letal de la bacteria Escherichia coli (E. coli) en los alimentos en Europa pone de manifiesto, nuevamente, el desastre sanitario en que nos ha metido el sistema alimentario agroindustrial. Lo tratan como accidente, pero en realidad es algo cada vez más frecuente, porque es una consecuencia sistémica. Era lo esperable, al igual que el surgimiento de la gripe porcina y la gripe aviar.

"Avizorando nuevos negocios con la biodiversidad y los mercados de carbono, el gobierno estatal vuelve a arremeter contra las comunidades de la selva, comprando a quien se deje y reprimiendo a los demás."

Basados en un acuerdo entre los gobiernos de Chiapas y de California, con la colaboración de instituciones como El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y trasnacionales conservacionistas, avanzan en Chiapas los proyectos llamados REDD, que significan la privatización del aire de los bosques, despojando a las comunidades que los habitan de su derecho al territorio.

La Red en Defensa del Maíz, en su asamblea nacional en marzo de 2011, además de rechazar las siembras piloto de maíz transgénico que impuso el gobierno, denunció dos leyes estatales aprobadas en Tlaxcala y Michoacán, que supuestamente son para proteger el maíz "criollo", pero en realidad, no impiden la siembra de transgénicos y sí promueven el registro, patentes y otras formas de propiedad intelectual sobre el maíz campesino.