Llamado urgente para avanzar en el trámite legislativo de la Jurisdicción Agraria
El proyecto de ley que implementa la Jurisdicción Agraria está en riesgo de hundirse por falta de debates en el Congreso. Solicitan a los ponentes retomar su trámite.
Organizaciones campesinas, líderes agrarios y académicos preparan un “SOS” dirigido a los congresistas ponentes del proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria para que se avance en su trámite.
Según esta iniciativa, los parlamentarios “se habían comprometido en avanzar en el trámite legislativo de la Jurisdicción Agraria para que se tuviera una ley aprobada antes del término de la legislatura (el 20 de junio)”.
Sin embargo, agregan, “el tiempo sigue pasando y todavía no hay fecha para la radicación de la ponencia y, por ende, para los debates en plenarias de Cámara y Senado”.
“Esta omisión tendría graves consecuencias para el acceso a la justicia en el campo colombiano y para la materialización de los compromisos establecidos en el acuerdo de paz”, explica el comunicado conjunto, que será radicado este 3 de junio, según conoció Prensa Rural.
La Jurisdicción Agraria es “una herramienta esencial para garantizar derechos, resolver conflictos de forma pacífica y fortalecer el Estado de derecho en los territorios rurales”, sostiene la misiva.
La Jurisdicción Agraria hace parte del primer punto del acuerdo de La Habana y ya está reconocida en la Constitución. Sin embargo, se requiere de una ley ordinaria que la regule e implemente.
A finales del 2024, el Gobierno presentó el proyecto con mensaje de urgencia, tras lo cual, las comisiones primeras de Senado y Cámara lo aprobaron. Sin embargo, sigue pendiente su tránsito por las plenarias de ambas corporaciones para que pueda hacerse realidad. Si no es aprobada antes del 20 de junio, se hundirá.
Por su importancia, reproducimos el texto íntegro de la misiva:
Honorables Congresistas:
Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Congreso de la República no avance a tiempo en el trámite de la ley ordinaria (PL183-24 Senado – 398/24 Cámara) que habilita el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria al asignar competencias, definir principios y establecer reglas especiales para el trámite de los conflictos agrarios. Esta omisión tendría graves consecuencias para el acceso a la justicia en el campo colombiano y para la materialización de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz.
Somos conscientes de las complejidades del momento político y de polarización que atraviesa el país, pero precisamente por ello creemos que es fundamental que el Congreso actúe con altura, visión de Estado y compromiso con el bien común. La Jurisdicción Agraria y Rural no debe ser rehén de divisiones coyunturales ni de cálculos partidistas: se trata de una herramienta esencial para garantizar derechos, resolver conflictos de forma pacífica y fortalecer el Estado de derecho en los territorios rurales. Apostar por su implementación es un acto de responsabilidad institucional que trasciende ideologías y envía un mensaje claro de voluntad democrática y compromiso con la justicia en las zonas rurales.
La Jurisdicción Agraria y Rural, reconocida ya en la Constitución - gracias a la gestión de este Congreso - y evaluada como necesaria por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, representa una herramienta indispensable para garantizar los derechos de millones de campesinos y campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, históricamente excluidos del sistema judicial. Su implementación es una obligación legal, política y ética que no puede estar a merced de los calendarios electorales ni las tensiones partidistas.
Hoy sabemos que existe un consenso sobre la importancia de implementar una justicia especializada. El debate de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara fue un paso importante para demostrar que es posible llegar a acuerdos razonables sobre cuáles son los mejores diseños de la Jurisdicción Agraria. Confiábamos en que los diálogos entre gobierno, rama judicial y congreso continuaran durante el primer semestre de 2025 con miras a tener la ley ordinaria aprobada para antes del término de la legislatura. Sin embargo, quedan menos de 20 días sin tener claridad sobre cuándo se realizarán los debates restantes para la aprobación de la ley.
Retrasar o dejar vencer los plazos para su habilitación legislativa significaría no solo desconocer el mandato que la Constitución otorga al Congreso como representante de la ciudadanía, sino también renunciar a una oportunidad histórica para construir justicia en los territorios, resolver conflictos de tierras de forma especializada y avanzar en la reforma agraria que es un compromiso de Estado. Seguir aplazando la construcción de la Jurisdicción Agraria tendrá un impacto directo en la construcción de paz en el campo.
Desde distintos sectores académicos, organizativos y sociales hemos seguido con atención el proceso, y hoy hacemos un llamado claro y firme: señoras y señores congresistas, no dejen morir la Jurisdicción Agraria y Rural por falta de trámite y no sigan aplazando su discusión. Abran el debate democrático y avancen en la aprobación de la ley que garantiza su existencia y funcionamiento.
La justicia en el campo no puede seguir esperando. El país y el mundo los observan. Este es un momento para demostrar compromiso con la paz, con la equidad
y con el futuro de Colombia.
Fuente: Agencia Prensa Rural