“¡Somos resistencia, no terroristas!”, grita el pueblo ecuatoriano en exigencia a sus demandas

El domingo 28 de septiembre el comunero ecuatoriano Efraín Fuerez fue brutalmente asesinado por las Fuerzas Armadas del Ecuador, en Cotacachi, provincia de Imbabura, mientras se encontraba junto a miles de comuneros, sosteniendo el Paro Nacional que para ese entonces tenía cinco días de haber iniciado. Las protestas actuales recuerdan al estallido social ocurrido 6 años atrás, en octubre del 2019 cuando la población ecuatoriana tomó las calles en un contexto similar al actual. 

El hecho que a finales del mes pasado llevó a decenas de comunidades a ‘parar’, fue que el pasado 13 de septiembre el gobierno de Ecuador liderado por Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel -vigente desde 1974-, elevando el precio de 1,80 dólares a 2,80 dólares por galón (3.785 litros). Según  Carolina Jaramillo, -portavoz de la Presidencia ecuatoriana- esta acción representará un ahorro de 1.100 millones de dólares anuales, que serán destinados a proyectos sociales y productivos para quienes más lo necesitan, así como para reducir el déficit fiscal y combatir el contrabando.

En contraste, la población -especialmente los sectores más vulnerables- considera que esta medida provocará el progresivo aumento económico en los productos de primera necesidad. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP), desmintió el análisis gubernamental y señaló que los únicos beneficiados con la eliminación del subsidio serán los empresarios del sector de importación de combustibles.

La supresión del subsidio tan sólo fue el detonante de la indignación. Noboa, de apenas 37 años de edad, asumió la presidencia ecuatoriana en noviembre del 2023 por un periodo de 18 meses para completar el mandato inconcluso de Guillermo Lasso, quien anticipó su salida antes de un juicio que lo culpara de corrupción.

Durante el primer periodo de gobernatura, Noboa realizó cortes sistemáticos de electricidad, aumentó la pobreza y el empleo informal, elevó el IVA y ha aprobado proyectos de construcción que amenazan la vida en territorios indígenas. 

Debido a esa serie de medidas que han afectado a los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana, el 22 de septiembre -cinco días después de que el subsidio fuera eliminado- inició el Paro del Pueblo.

Organizaciones populares, convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y Frente Popular, Unión Nacional de Educadores (UNE), entre otras a las que se les sumó el movimiento indígena y los partidos de izquierda, protestaron en 22 de las 24 provincias de Ecuador y decidieron no retirarse de las calles sino por el contrario, mantener bloqueadas las principales vías terrestres de comunicación.

Represión

A 9 días del paro nacional, en una sesión de consejo ampliado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) resolvió mantener el Paro Nacional. Decisión que significa que los 18 pueblos, las 15 nacionalidades indígenas que conforman el Ecuador, comunas, comunidades, centros y asociaciones que, a su vez, integran esta Organización, permanecerán -hasta nuevo aviso- en las calles.  Al igual que el gobierno de Noboa, Marlon Vargas, presidente de la CONAIE , afirmó que el diálogo no es una opción para la Confederación.

12 días después de que el paro inició, la única respuesta de Noboa ha sido la represión y criminalización de manifestantes. La revista  Crisis informó el pasado jueves (2) que desde el inicio del Paro el Gobierno Nacional ha impuesto una serie de medidas en un intento de disuadir la organización popular, tales como el congelamiento de cuentas en un  12,5%, de acuerdo con la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, a varios dirigentes de organizaciones de la sociedad civil como del Movimiento Indígena y del Frente Nacional Anti-minero, entre otras.

El 23 de septiembre, en 22 puntos de Ecuador hubo movilizaciones que terminaron con 12 personas detenidas y heridos de bala, por fractura y golpes. En días posteriores, los 12 detenidos han sido reivindicados por los comuneros como luchadores sociales del pueblo kichwa de Otavalo. Aunque ha habido múltiples protestas en exigencia de su liberación, fueron declarados como ‘terroristas’ y trasladados hacia la cárcel de Esmeraldas y Portoviejo.

Otra de las medidas ha sido la militarización del territorio nacional para disuadir a las organizaciones movilizadas, específicamente en la región de la Sierra y la ciudad de Latacunga, lugar donde el medio comunitario TV MICC del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), fue clausurado arbitrariamente por 15 días. La Red de Medios Alternativos (RMA), en solidaridad con TV MICC,  calificó el acto de “persecución política contra la comunicación comunitaria y los pueblos que se organizan y resisten”.

Las estrategias represivas por parte del gobierno de Noboa han incluido la aprobación del uso de armas y municiones letales en las manifestaciones. Muestra de lo anterior es lo sucedido la mañana del 28 de septiembre en el marco de este Paro Nacional.

Efraín Fuerez, comunero indígena de 46 años de edad falleció en el hospital de Cotacachi, luego de ser ingresado por un impacto de bala que perforó su espalda. De acuerdo a sus  compañeros, además de que las Fuerzas Armadas dispararon contra Fuerez, cinco militares lo golpearon y patearon por varios minutos. En suma, como producto de la represión, una persona más permanecía en estado crítico, informó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREH).

Frente al asesinato de Fuerez, el 30 de septiembre se realizó una Asamblea Comunitaria que contó con la presencia de defensores de derechos humanos, abogados, autoridades municipales y pobladores. En la Asamblea, 13 militares fueron procesados de manera comunitaria y posteriormente entregados a la “defensoría del pueblo, la Cruz Roja y a sus familiares”, donde los soldados pidieron disculpas por las acciones que llevaron la ejecución extrajudicial del comunero, solicitaron también la liberación de las 12 personas detenidas a lo largo del paro y además reafirmaron que “los indígenas no son terroristas”, de acuerdo con el grupo Crisis.

Al cierre de esta edición, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador ha emitido el  noveno reporte respecto a los hechos ocurridos en lo que va del Paro Nacional. Con corte del 3 de octubre a las 19 horas se han registrado: 196 reportes de vulneraciones a derechos humanos, 105 personas detenidas, 110 heridas, 12 temporalmente desaparecidas y una fallecida.

De igual forma, la Alianza comunica que el derecho a la integridad personal es el principal derecho afectado por las acciones de las Fuerzas Armadas pues aparece en 62 de todos los reportes recibidos junto a otros derechos afectados como: el derecho a la resistencia y a la protesta, el derecho a la opinión y expresión, el derecho a la autodeterminación y el derecho a defender derechos.

Exigencias

El 29 de septiembre en  conferencia de prensa, Marlon Vargas, presidente de la CONAIE informó 10 puntos que integrantes de la Confederación le exigen a Noboa, entre ellos están:

la derogatoria al Decreto 126 -una de las demandas principales- para reactivar el subsidio del diésel. La defensa de la tierra y el agua. El fortalecimiento de la educación y salud pública. La reducción del IVA del 15% al 12%, pues de acuerdo con las organizaciones, dicho incremento fue impuesto por el gobierno para financiar la guerra contra el narcotráfico y “enfrentar la crisis económica” sin considerar a los sectores más vulnerables. El alto la represión y criminalización del pueblo ecuatoriano, así como la exigencia permanente de justicia para las víctimas de la represión como el comunero Efraín Fuerez.

Hasta el momento, bajo la premisa de ¡Somos indígenas, no terroristas!, varias comunidades integrantes de la CONAIE, así como colectividades artísticas y estudiantiles se encuentran movilizadas para exigir el cumplimiento de sus demandas incluyendo la renuncia de Noboa, mientras que la única respuesta por parte del gobierno ecuatoriano sigue siendo el uso de las fuerzas armadas para contener y reprimir a los manifestantes. 

Fuente: Avispa Midia