Acciones sociales para la defensa del maíz como bien común
En las últimas décadas el campo colombiano se ha sumergido en una profunda crisis, pero los gobiernos han considerado que sólo es posible salir del atraso modernizándolo con más producción industrial bajo estándares de productividad, eficiencia y competitividad. Se insiste en que la producción campesina es ineficiente y no cumple con los requerimientos de calidad y sanidad del mercado global y se desconoce que la agricultura campesina es más sostenible, eficiente y resiliente a las crisis climáticas y que actualmente suministra cerca del 70% de nuestra alimentación básica.
En la década del noventa el país era autosuficiente en la producción de alimentos, pero luego de la apertura económica y de la firma de los Tratados de Libre Comercio, se perdió gran parte de su agricultura nacional y aumentó la importación progresivamente, sobre todo de Estados Unidos. Colombia en 2021 importó más de 14 millones de toneladas de alimentos, que corresponde a más de 35% de los alimentos que requiere el país (sólo como ejemplo, 95% de la soya y 85% del maíz del consumo nacional).
La demanda nacional actual de maíz es de unos 6.7 millones de toneladas, sobre todo de maíz amarillo, pero la producción nacional es de sólo 1.3 millones de toneladas, generándose una brecha de 5.4 millones de toneladas que se importan para la industria alimentaria de animales y humana. La producción de este maíz es subsidiada en Estados Unidos, por lo que llega a menor precio que el maíz nacional, siendo muy débiles los controles arancelarios y de impuestos a la importación. Este maíz mayoritariamente es transgénico, de baja calidad, y son muy precarios los controles fitosanitarios y las evaluaciones de bioseguridad. Esta situación ha llevado a que la producción nacional se vuelva inviable y los agricultores abandonen su cultivo.
En 2019 en el país se sembraron 386 mil 432 hectáreas maíz, de las cuales 212 mil 067 fueron de maíz tecnificado y 174 mil 373 de maíz tradicional. Hoy el cultivo de maíz sigue siendo casi todo de gente que produce en pequeña escala, puesto que 60% tienen hasta 10 hectáreas, 30% son medianos y sólo el 10% son grandes, en total 390 mil familias siembran maíz. En Colombia para 2021 se sembraron un total de 150 mil 451 hectáreas de cultivos transgénicos, correspondientes a 142 mil 975 hectáreas de maíz GM y 7 mil 464 de algodón GM. El cultivo de maíz transgénico se aprobó en 2007 y su área ha crecido muchísimo en los últimos años. Los departamentos con mayor área de cultivos de maíz transgénico fueron Meta con 52 mil 134 hectáreas; Tolima con 38 mil 913; Córdoba con 19 mil 228; Valle del Cauca con 13 mil 800 y el Cesar con 7 mil 325. Ahora sólo 21% de campesinas y campesinos han adoptado la siembra de maíz transgénico y son pocas las personas que la implementan.
En las regiones en donde se establece la agricultura tecnificada, en la Altillanura, Tolima, Huila, Córdoba y Valle del Cauca, los agricultores grandes y medianos, manifiestan que el cultivo de maíz transgénico con tecnología tolerante a herbicidas (TH) les ha funcionado bien, afirman que han reducido el uso de mano de obra y los costos para el control de malezas y que obtienen mayor rentabilidad que en cultivos con híbridos convencionales; aunque en general se ha aumentado la aplicación de herbicidas y han surgido malezas resistentes a los herbicidas. Respecto a los maíces con tecnología Bt, los agricultores señalan que en general no está funcionado bien, puesto que las plagas han adquirido resistencia a la toxina Bt y quienes cultivan tienen que realizar dos o tres aplicaciones adicionales de insecticidas, haciéndose ineficiente esta tecnología, pero la mayoría utiliza maíces con doble tecnología (Bt y TH).
En varias regiones del país quienes cultivan maíz transgénico han tenido pérdidas económicas considerables como fue la situación en los departamentos del Tolima en 2014 y en Huila en 2016, en donde la gente perdió entre 75% y 90% de la cosecha, aunque campesinas y campesinos hicieron denuncias y reclamos ante el ICA y las empresas semilleras, estas entidades no respondieron y por el contrario acusaron a la gente del fracaso por el “inadecuado manejo de la tecnología” y también culparon el fracaso a las condiciones climáticas adversas. En años recientes quienes cultivan maíz transgénico en el departamento de Córdoba, manifiestan que estos cultivos no están funcionado bien y que no pudieron vender bien su cosecha, por lo que el área sembrada ha disminuido fuertemente.
En las regiones donde predomina la agricultura campesina e indígena, la mayoría de campesinas y campesinos de maíz consideran que el transgénico no es compatible con las condiciones ambientales, culturales y socioeconómicas y con sus formas tradicionales de cultivo. La mayor preocupación que tienen las comunidades es que estos cultivos transgénicos están contaminando y afectando sus semillas criollas y su soberanía alimentaria. En el país varios resguardos indígenas han declarado sus territorios libres de transgénicos (en 2005 en Córdoba y en Sucre el pueblo zenú y en 2008 en Riosucio, Caldas el pueblo embera). También en 2018 el municipio de San Lorenzo, Nariño se declaró libre de cultivos transgénicos.
Colombia es uno de los centros de diversidad de maíz más importantes del mundo. En el país existen 34 razas nativas y cientos de variedades criollas. A las comunidades que protegen esta diversidad de maíces criollos les preocupa que una vez liberados los cultivos transgénicos en sus territorios ocurrirá irremediable la contaminación genética de la diversidad de semillas nativas y criollas, que puede ocurrir por el cruzamiento proveniente de cultivos transgénicos cercanos o a través del mercado del sistema de semillas convencional. Luego de quince años de siembras de maíz GM en todo el territorio nacional, en varias regiones existen numerosas evidencias de contaminación genética de variedades criollas de maíz presentes en los territorios indígenas y campesinos.
Desde hace varios años las organizaciones campesinas e indígenas y las redes de semillas han realizado pruebas técnicas para identificar posible contaminación genética de las semillas criollas de maíz en sus territorios y también de semillas comerciales no GM que se venden en sus regiones. Los resultados de estas pruebas evidencian que en varias regiones las semillas criollas y el sistema comercial de semillas ya se contaminaron. En 2021 la Alianza por la Agrobiodiversidad junto con cuatro organizaciones indígenas de los departamentos de Tolima, Huila, Cauca y Córdoba, realizaron pruebas para determinar posible contaminación de los maíces en territorios indígenas. Los resultados obtenidos fueron críticos especialmente en el Tolima, donde de 20 variedades de maíces criollos evaluados, 10 resultaron contaminadas con eventos Bt y RR, y en el Huila de 32 variedades 6 arrojaron contaminación. Se encontró contaminación en varias semillas certificadas no transgénicas. Estas comunidades luego de evidenciar la contaminación de sus semillas han adoptado medidas para promover la recuperación, cuidado y control de sus maíces criollos. También interpusieron una acción judicial (Tutela) que busca obligar a las autoridades a que implementen medidas de control de la contaminación de los maíces criollos en los resguardos y exigir medidas para resarcir los daños.
En 2019 y 2020 se tramitó en el Congreso de la República un proyecto de Acto Legislativo que modifica el artículo 81 de la Constitución Política de Colombia para que se prohíba en el país el ingreso, producción, comercialización y exportación de las semillas transgénicas, para proteger la agrobiodiversidad como bien común de los pueblos. Esta reforma constitucional tuvo una fuerte oposición de parte de la industria biotecnológica y el gobierno nacional, por lo que no fue aprobada. Las organizaciones sociales esperan que en el nuevo gobierno de Colombia se presenten condiciones para gestionar de nuevo este proyecto.
Como parte de las obligaciones y acciones que debería adoptar el Estado colombiano frente a las tecnologías transgénicas se debería reconocer y declarar las semillas como bienes comunes de los pueblos, libres de todas las formas de propiedad intelectual. Derogar las leyes de semillas que las privatizan y permiten el control corporativo y que criminalizan las semillas campesinas. Prohibir los cultivos transgénicos y derogar la norma de bioseguridad que no ha permitido garantizar la seguridad de estas tecnologías. Renegociar los TLC que imponen propiedad intelectual sobre la biodiversidad y sustituir la importación de productos transgénicos por la producción nacional con enfoque agroecológico. Reconocer el derecho de los pueblos comunidades y entes territoriales a declarar sus territorios libres de transgénicos. Los programas de fomento agrícola y de ayuda alimentaria no deben incluir este tipo semillas y alimentos.
Para proteger sus bienes comunes y sus territorios, las organizaciones sociales y locales realizan acciones que les permiten garantizar y mantener el control de sus semillas y los saberes ancestrales y medios de sustento, que les ha permitido que las semillas sigan caminando de la mano de las mujeres y hombres y continúen multiplicándose y circulando a través de las redes de intercambio y solidaridad. Lo que sí tienen claro las comunidades es que el día que pierdan el control de estos bienes comunes y saberes comunitarios quedaremos atrapados en las fauces de quienes quieren imponer estas tecnologías y una única forma de producir y consumir alimentos.
Grupo Semillas: oc.gro.sallimes@namreg
- Para descargar el artículo en PDF, haga clic en el siguiente enlace: