Ataques, políticas, resistencia, relatos

¿No que transgénicos en África no?

Centro Africano para la Bioseguridad/GRAIN, Johannesburgo, Sudáfrica, 12 de septiembre. Una junta de apelaciones establecida por el ministerio de asuntos agrarios y agricultura, echó abajo un crucial decisión de la instancia sudafricana relacionada con los OGM, de rehusar la experimentación en sorgo, un preciado y ancestral cultivo africano. El consejo de investigación científica industrial (Council for Scientific Industrial Research, o CSIR) ya dio luz verde para proceder al desarrollo de un Súper Sorgo, en instalaciones de nivel tres de contención. La investigación es financiada por el proyecto “de sorgo africano biofortificado” [African Biofortifed Sorghum, o ABS] de la Fundación Bill y Melinda Gates. La Fundación Gates también financia fuertemente la Nueva Revolución Verde en África, dirigida a industrializar la agricultura africana.

El Centro Africano para la Bioseguridad (CAB), que objetó la solicitud inicial del CSIR condenó la decisión y aseguró que los experimentos con sorgo transgénico inevitablemente tendrán por resultado la contaminación del legado africano del preciado sorgo. Haidee Swanby del Centro Africano de Bioseguridad comenta: “El sorgo es un cultivo básico clave para más de 500 millones de personas en el continente. Los riesgos que plantea el sorgo GM para los parientes silvestres no pueden tolerarse y conceder ese permiso equivale a permitir que se dañe el legado de África”.
El CAB insiste en que el proyecto del sorgo biofortificado se desarrolla para su liberación comercial y que el CSIR buscará que le autoricen pruebas de campo muy pronto. La objeción original de la instancia reguladora de GM, emitida en junio de 2006, se basaba en la preocupación de que se contaminara la biodiversidad africana. La contención en una instalación de nivel tres no invalida los riesgos de las pruebas de campo, y se mantienen los riesgos de las variedades del continente.

Elfrieda Pschorn-Strauss, oficial de programa de GRAIN-África, concluye: “No le toca al gobierno de Sudáfrica decidir, a nombre del resto de África, la aprobación de un proyecto industrial que resultará en la inevitable contaminación de la sorprendente diversidad genética del sorgo en el continente. Este cultivo tiene el cuidado y el desarrollo de los campesinos por más de 5 mil años”.

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Brasil
Financiando la contaminación

Radio Mundo Real, 5 de septiembre. Durante la cosecha 2007/2008, en Brasil, el dinero público destinado a los agronegocios representó casi el total de las inversiones en la producción agrícola realizadas en el país, según datos oficiales difundidos por la Agencia Púlsar.

Según su información, el Estado brasileño destinó a los agronegocios cerca de 40 mil millones de dólares, lo que supera en casi diez veces el monto destinado a la agricultura familiar. Lo paradójico es que la agricultura familiar proporciona los alimentos para el consumo interno. El 49 % del maíz, 79% de los frijoles, 54% de la leche, y 40% de los productos avícolas son producidos por pequeñas empresas, mientras que las agroindustrias producen fundamentalmente para la exportación.

El gran financiamiento que reciben las agroindustrias por parte del Estado salió a la luz al tiempo que se reveló otra alarmante noticia: las agroempresas brasileñas han estado utilizando en sus agrotóxicos componentes químicos prohibidos en los países de la Unión Europea donde se elaboran, debido a su altísimo nivel de toxicidad. Dichos agrotóxicos se utilizan en el cultivo de más de dos decenas de variedades de granos, verduras y frutas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), éstos podrían causar problemas en el sistema reproductivo, el sistema nervioso, y resultar cancerígenos. La Radioagência Noticias do Planalto informa que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil habría estado investigando la peligrosidad de estas sustancias, pero sus investigaciones fueron suspendidas por la presión ejercida debido a los fuertes intereses económicos.

Ante la denuncia y alerta de la OMS, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria informó que reevaluará el registro de nueve sustancias, que se utilizan en la elaboración de 99 agrotóxicos.

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Monsanto y sus mañas en México

Según un breve informe de la investigadora mexicana Ana de Ita, “Para Monsanto, el levantamiento de la moratoria a la siembra de maíz transgénico establecida en México hace diez años es una prioridad” pues en el actual entorno favorable a las empresas “parece un negocio jugoso lograr la siembra de maíz transgénico en México, donde cerca de la mitad de la superficie agrícola se destina a al maíz”. Esta moratoria, llegará a su fin, “cuando se otorgue el primer permiso de siembra experimental y en cuestión de meses sería legal la siembra comercial”.

El entorno favorable mencionado es visible en el hecho de que, aun con moratoria, “México ocupa el cuarto lugar en las ventas de Monsanto, una vez que las compañías semilleras nacionales sucumbieron ante la feroz competencia y que fue eliminada la empresa estatal Promotora Nacional de Semillas (Pronase). A escala mundial, Monsanto triplicó sus ganancias en el primer trimestre del 2008 con base en la venta de semillas de maíz (transgénico e híbrido) y de herbicidas. El auge de los agrocombustibles y el uso de maíz para la fabricación de etanol en Estados Unidos aumentaron el valor de sus acciones en 21%”.
Además, agrega la investigadora, “Monsanto ha contado con el apoyo de los legisladores que aprobaron a su favor la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), y con el respaldo de funcionarios de las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, que publicaron el reglamento de la ley y burocráticamente intentan concluir el Régimen de Protección Especial al Maíz” (ver “Granjeros modernos o siervos de Monsanto”, La Jornada del campo, número 8).

Hoy, según informes de Lourdes Díaz López (El Diario, 24 de septiembre), “en Chihuahua los chihuahuenses son ‘conejillos de indias’ con la siembra y consumo de maíz transgénico […pues] ya se comprobó que se está sembrando, sin que el productor ni el vendedor de la semilla se den cuenta que se trata de un producto genéticamente modificado”. En el mismo reportaje, Lourdes Díaz recoge el testimonio del diputado local Víctor Quintana y el líder de el movimiento El Barzón, Gabino Gómez, en el sentido de que “los resultados del levantamiento de muestras de maíz hecho por un laboratorio certificado pagado por Greenpeace revelaron que no sólo hay 70 hectáreas sembradas con este tipo de semilla, como difundió el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), sino 25 mil hectáreas, por lo que se levantó un segundo muestreo del que se esperan resultados muy pronto”. Víctor Quintana comentó en ese momento: “Si se vigilara como lo marca la ley la entrada de semilla, la comercialización y la planta en desarrollo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa) habría detectado mucho antes que nosotros que en Chihuahua se está sembrando maíz transgénico.

Las autoridades de la Sagarpa quieren curarse en salud diciendo que son 70 hectáreas y que el problema se está atendiendo”.

Sin embargo, aunque mientras funcione la moratoria “sembrar maíz transgénico puede ser castigado con cárcel que va de los dos a los diez años, además de la multa de 15 mil a 150 mil pesos, según lo establece el artículo 420 del Código Penal Federal, y de acuerdo con el artículo 120 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados”, lo cierto es que en Chihuhua ya es oficial que esta siembra ocurrió. El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Ignacio Legarreta Castillo indicó “que en Chihuahua se ha detectado el primer caso a nivel nacional de siembra de maíz transgénico, lo cual investiga ya el Ministerio Público Federal (MPF), luego de los estudios de laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y será el MPF quien determine de quién es la responsabilidad, si del productor, el vendedor de semilla o de aduanas al momento de la importación”.

Lo extraño es que en años anteriores “los permisos para siembra experimental cancelados por ilegales se ubicaban en Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, y aunque los funcionarios se empeñan en negarlo, en esos estados existe una amplia diversidad de razas y variedades nativas. En Chihuahua hay 23 razas catalogadas y teocintle, que también se registra en Sinaloa”, insiste Ana de Ita.

Todo parece indicar que estamos ante una embestida clandestina e ilegal para que la siembra de maíz transgénico sea un hecho consumado que permita avanzar rápidamente en desechar la moratoria, una que frágilmente sigue impidiendo una avalancha imparable de contaminación con los devastadores efectos que conlleva.

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Ecuador
El gobierno, la Constitución, los indígenas y las mineras

Unos días antes del referéndum donde se aprobó la nueva Constitución ecuatoriana, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) decidió adelantarse al referéndum y expresó un “SI crítico” que evitó posibles manipulaciones de su postura de oposición, por parte de la oligarquía y sectores de la iglesia.

Esta Constitución fue tejida en un arduo proceso de diálogo entre la sociedad ecuatoriana, y efectivamente el presidente Correa impulsó dicho proceso, aunque luego en los reglamentos se hayan desactivado muchos de sus párrafos más incisivos (asunto que ha concitado la más acre crítica de los sectores progresistas afines u opuestos al gobierno de la “Revolución Ciudadana”). No obstante, era claro que prácticamente todo septiembre la gente estuvo considerando el SI o el NO y que la mayor parte de la gente propensa al NO era la gente ligada a los grupos de derecha, oligarcas y entreguistas, que no han dejado de provocar incidentes. Entonces, pese a que el movimiento indígena independiente sigue emplazando al gobierno de Correa a que se defina con mayor claridad a favor de la gente, sabedora de que el factor indígena sería clave, la Conaie expresó su SI crítico en una decisión de serenidad y generosidad con Ecuador, pese a sus grandes diferencias con Correa.

El 4 de septiembre su Consejo de Gobierno afirmó que la nueva Constitución no recoge adecuadamente sus propuestas en torno “a nuevos derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador” y que seguirá luchando “hasta que haya un verdadero reconocimiento de nuestras demandas en el marco del nuevo Estado plurinacional”. Afirmó también que “en relación a las propuestas nacionales de orden social, ambiental, económico, cultural, participación ciudadana, soberanía nacional, reconocimiento del Estado plurinacional, existe un avance importante en comparación a las 19 Constituciones anteriores y en relación al contexto internacional”. Por tanto, en “su rol histórico y lucha permanente por el cambio real de este país, apoya con el SI crítico en el referéndum para aprobar el proyecto de la nueva Constitución, y de esa manera sepultar de una vez por todas la vieja estructura del Estado, a la agonizante partidocracia y oligarquía del país, al colonialismo, neocolonialismo y al modelo neoliberal injusto e inhumano que tanto daño ha provocado al país”. Por último la Conaie reivindicó ser independiente del gobierno nacional y su movimiento político y que su apoyo era al proyecto de la nueva Constitución, y no un respaldo al gobierno de Correa.

A fines de septiembre, y siendo coherentes con su postura, Conaie, Ecuarunari y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Ecuador (Confenaie) se reunieron para considerar el papel del gobierno en lo tocante a las concesiones mineras y concluyeron que el gobierno se burla de los mandatos constituyentes y favorece a las empresas mineras asentadas en el país, por lo que resolvieron exigir al régimen la aplicación de dicho mandato y el respeto a sus territorios y recursos naturales. “Está claro que Correa no cambiará el modelo económico neoliberal, por el contrario las multinacionales se están fortaleciendo para la explotación de nuestros recursos para su beneficio, lo cual preocupa a las organizaciones, pueblos y nacionalidades”, dijo Miguel Guatemal, vicepresidente de la Conaie.

Va quedando claro que “la nueva Constitución no detendrá la ambición de las empresas petroleras, mineras e hidroeléctricas por lo que es necesario impulsar acciones desde nuestros pueblos para detener esta política neoliberal del actual régimen”, dijo Domingo Ankuash, presidente de la Confenaie.

Pocos días antes fueron asesinados dos miembros de la nacionalidad awa, de la provincia de Esmeraldas “por los intereses económicos y políticos de las empresas mineras y del actual gobierno”, por lo que el encuentro exigió las investigaciones y sanciones a los responsables de su crimen. “Éste es un problema que se reproduce a lo largo y ancho de país y el gobierno no hace absolutamente nada, por el contrario junto a las empresas extranjeras son parte de esta persecución, por ello hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales del país para evaluar y organizar las acciones que sean necesarias a fin de detener esta ambición externa y sobre todo obligar al gobierno a suspender su apoyo a las multinacionales y garantizar el respeto a todos los ecuatorianos”, dijo Salvador Quishpe, dirigente de Zamora Chinchipe.

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Seguirán los paros antimineros

En septiembre, dirigentes de Zamora Chinchipe y el coordinador del Frente de Resistencia Sur a la Minería en Gran Escala (Fresmige) responsabilizaron al gobierno nacional y a las empresas mineras canadienses sobre la ola de paros que diversas comunidades y organizaciones del sur del país impulsarán en el futuro. “La Asamblea Constituyente dictó el mandato minero el pasado 18 de abril, sin embargo el gobierno se ha burlado de dicho mandato y no lo han aplicado, por el contrario han iniciado la elaboración de una Ley de Minería con la participación de los representantes de las mismas empresas mineras multinacionales a espaldas del pueblo ecuatoriano y seguramente querrán imponer dicha ley con el futuro congresillo ilegal. Esto demuestra que el presidente Correa busca afianzar el modelo económico neoliberal y extractivista, contradiciendo su discurso de terminar con la larga noche neoliberal. Ésa es la razón de las acciones de protesta que los pueblos están impulsando, por lo tanto el responsable de esta situación es el propio presidente Rafael Correa y su gobierno”, afirmó Salvador Quishpe.

No obstante, de nuevo, en una muestra de sensatez y generosidad, Quispe aclaró que no habría acciones de protesta antes del 28 de septiembre, fecha en que se llevó a cabo el referendo. “No vamos a permitir que nuestra lucha sea mal interpretada por quienes permanentemente tratan de descalificar nuestro legítimo desacuerdo con este modelo extractivista que pone en riesgo la vida de nuestros pueblos”.

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Ecuador
Carta abierta sobre la nueva Constitución

La gran mayoría del pueblo ecuatoriano se pronunció por el SI a la nueva Constitución, obedeciendo a una aspiración perseguida por las organizaciones, que desde hace más de treinta años hemos anhelado ver el surgimiento de un nuevo país.

La mayoría de nosotros hemos aportado a los principios contenidos en la nueva Constitución incluso antes de que ésta empezara a elaborarse. Hemos construido posiciones, argumentos, propuestas, que fueron recogidas en el proceso constituyente. Por eso nos pronunciamos por un SI crítico.

SI, porque reconocemos que son momentos de síntesis de las propuestas de los movimientos sociales, crítico porque tenemos el temor que nuestro respaldo a la Constitución sea tomado como una carta en blanco para avalar proyectos neodesarrollistas que supondrán una gran deuda social en el corto plazo.

El impulso al IIRSA y el Eje Manos–Manta, que se traducirá en el dragado del río Napo, la apertura petrolera, la insistencia en la minería como nueva actividad intensiva, las políticas agrarias que fomentan el consumo de agrotóxicos y semillas certificadas, el fomento a los agrocombustibles, son algunos de los proyectos que han estado en la agenda de los gobiernos neoliberales, y que han sido frenados por las luchas de los movimientos sociales.

Sin embargo esos mismo proyectos se ciernen como amenaza para nuestro país. Son proyectos que tienen un alto costo ambiental, y que aun cuando sean justificados con el argumento de pagar la deuda social, construirán nuevas deudas ecológicas, y lo clave en este asunto es que la deuda ecológica es deuda social, pues se deterioran las bases de subsistencia sobre todo de los más pobres y se impide un verdadero desarrollo sustentable.

Ninguno de esos proyectos podría desarrollarse, por lo menos en la magnitud que se propone, si actuamos apegados a la nueva Constitución; si usamos la Constitución como una caja de herramientas para defender nuestro patrimonio y el de nuestros hijos.

Nos corresponde estar atentos y articularnos para defender lo que es y ha sido una propuesta de cambio desde la bases. Rescatar el momento político actual, evitar que la Constitución sea secuestrada.
La propuesta ecologista no es otra que la defensa de las riquezas naturales, el respeto a la vida y a la biodiversidad, el cuidado de nuestro futuro.

La lucha ecologista es una lucha por ideales y sobre todo por conservar un espacio donde esos ideales se realicen.

Por eso debemos hacer la constitución nuestra.

Acción Ecológica,
Quito, Ecuador, 30 de septiembre

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Asesinan a defensor de derechos humanos en Colombia

El defensor de derechos humanos Ever González fue asesinado el sábado 20 de septiembre hacia el medio día por dos sicarios que se movilizaban en una moto. Se encontraba trabajando en la localidad de Guachicono del municipio de Bolívar y punto de encuentro entre los municipios de Sucre y el Patía. Desde 1994 nuestro líder campesino Ever González venía apoyando la defensa integral de los derechos humanos de los maciceños en especial de los del municipio de Sucre. En 2000 fue vinculado al sistema de protección del Ministerio del Interior debido a las múltiples amenazas contra la organización social Cima, sus líderes y sus comunidades, por el jornaleo constante por vida digna, integración regional y desarrollo propio. De la misma forma desde el 2003 fue amparado por las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Colombiano. En mayo del 2004 fue víctima de la política de detenciones y judicializaciones masivas. Dicha circunstancia aumentó sus riesgos y vulnerabilidad debido a los señalamientos originados a partir de la aplicación de dicha política. En su caso se demostró su inocencia, el montaje que se le hizo y su liderazgo social campesino. Actualmente se encontraba apoyando el esclarecimiento de unos casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en el municipio de Sucre en el 2007, con la participación de los familiares de las víctimas y la Defensoría del Pueblo del Cauca.

La organización social campesina Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) exige al Estado colombiano, a las autoridades civiles y militares, al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio del Interior investigar, esclarecer y castigar a los responsables de este crimen cometido contra este líder campesino defensor de derechos humanos. Llamamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales para que se solidaricen en defensa de la vida digna tanto de sus comunidades como de sus líderes, y en el derecho a defender y fortalecer nuestra organización social campesina. Requerimos el envío de misivas a los entes estatales y gubernamentales correspondientes exigiendo el esclarecimiento de los hechos. Nuestra gratitud, reconocimiento y memoria eterna a Ever González y a nuestros compañeros y compañeras campesinos asesinados por nuestra lucha constante por vida digna, integración regional y desarrollo propio maciceño.

Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano (Fundecima)

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Palma africana en Chiapas: ¿paramilitar?

Un signo ominoso de globalizar la guerra como programa de desarrollo, es el impulso que comienza a dársele al cultivo de palma africana en Chiapas. En Colombia el esquema siniestro desde hace unos años es desplazar campesinos para promover a mansalva la palma africana (cínicamente llamada palma sustentable) como insumo de agrocombustibles echando a grupos de paramilitares a expulsar a sangre y fuego a los pobladores de un territorio. Los paramilitares, siempre al servicio de las agroindustrias y del gobierno, lo convierten en monocultivo de palma y se asumen como agricultores “legalizados” de “carburante” de palma. El esquema implica un campo armado, con mercenarios al servicio de las transnacionales.

Qué ocurrirá en Chiapas, donde la paramilitarización crece promovida desde los gobierno federal y estatal, se apodera de más y más tierras, desarticula los esfuerzos de cientos de comunidades y siembra el terror en cualquier región o localidad donde haya comunidades independientes u opositoras del gobierno.

Por ahora su freno real son los autogobiernos autónomos zapatistas, que defienden su autonomía, sus territorios, sus cultivos diversos y sus semillas ancestrales, con gran cordura, pero también con táctica y organización de gran fuerza. Pero los funcionarios comienzan a promover la expansión de dicha palma africana mediante los más grandes viveros de América Latina (1 691 000 plantas) en varias regiones de Chiapas —Acapetahua, Mapastepec, Marqués de Comillas, Zamora Pico de Oro y Palenque— regiones, algunas de ellas con fuerte presencia paramilitar.

El coordinador general del Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical (IFAT) dependiente de la Secretaría del Campo, Salim Rodríguez Salomón, dijo que para el próximo año “se contará con 15 mil nuevas hectáreas para la siembra de palma africana, totalizando 44 mil hectáreas y cinco mil productores”. L

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Estados Unidos se posiciona en Guatemala

A fines de septiembre, el gobierno de Estados Unidos, por medio del secretario de Agricultura, Ed Schafer, ofreció apoyo a Guatemala para impulsar el desarrollo, informó el presidente guatemalteco, Rafael Espada. “Tenemos grandes planes a futuro en el área de desarrollo agrícola, rural, campesino y del trabajo en Guatemala, en la exportación e intercambio de productos, conocimiento y tecnología, entre Estados Unidos y Guatemala”, afirmó.

Schafer encabeza una comisión comercial y de inversión que busca mecanismos de participación más activa del sector privado en el TLC entre Estados Unidos, el Istmo y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Schafer se reunió con los ministros de Agricultura de Centroamérica a explorar mecanismos de cooperación que permitan que el sector privado participe más en el TLC. Funcionarios de 17 empresas estadounidenses y 80 regionales se reunirán para explorar y concretar negocios, informó Schafer. Son empresarios estadounidenses interesados en promover el comercio y la inversión en los sectores de productos procesados, bebidas, genética de ganado, carne y pollo, equipo agrícola, productos lácteos, fertilizantes y productos orgánicos.

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Argentina
Persecución a campesinos

Santiago del Estero. A las 8 de la mañana del 6 de septiembre 33 policías allanaron intempestiva e ilegalmente cinco viviendas de la comunidad campesina de un paraje cercano a la ciudad de Pinto, y detuvieron a Luis Aguirre, secuestraron una moto de la familia y lo trasladaron a la Comisaría de Pinto. Aguirre es hijo de Cristina Loaiza y Pocholo Aguirre, quienes han sido encarcelados en tres oportunidades. En una de las detenciones encarcelaron a Cristina con su bebé de 11 meses.

El Juzgado de Añatuya, a cargo del Juez Mansilla, alegó que la detención con tan impresionante despliegue era por el supuesto robo de un caballo.
Allanamiento sin orden escrita por juez competente, detención violenta sin orden escrita y en día sábado ¿por supuesto robo de un caballo? El 7 de septiembre en Pinto, los sojeros realizaban una agasajo al senador nacional Emilio Rached.

El 19 de septiembre detuvieron a Sabino Chávez en un paraje vecino a Pinto. Él es también miembro de la Central Campesina de Pinto. Aún está detenido por el mismo juez Mansilla, que en entrevistas con miembros de una Comisión Internacional de Derechos Humanos, dijo en agosto que “en Santiago del Estero y en Argentina ya no había campesinos ni indígenas”. ¿Una frase que expresa un plan siniestro de nuevo exterminio? Don Sabino estaba cumpliendo un servicio con su camioneta cuando fue brutalmente bajado de la misma sin ningún tipo de orden escrita, en medio de su trabajo pacífico. No andaba en la búsqueda de ser detenido, nadie busca estar en la cárcel.

El 22 de septiembre, en medio de la noche, más de 40 personas, civiles con uniformes, algunos de gendarmes, policías comandados por una concejala de la ciudad de Monte Quemado, llegaron violentamente con cinco camionetas y comenzaron a allanar, robar, destruir bienes de las viviendas de campesinas y campesinos del Paraje El Quebradito, que son miembros de la Central Campesina de Productores del Norte.
Arrancaron de la cama en medio del pánicos de niños y ancianos a Mercedes Farías, Matildo Ediverto Maldonado, Andrés Peralta y Ubaldo Peralta, les robaron dineros que tenían de ventas de sus cabritos y vacas y literalmente robaron la camioneta y herramientas de trabajo de Juan Orellana. Hasta la mañana del 24 de septiembre no se sabía el destino de los detenidos, cuando nuevamente, con la misma metodología y el mismo grupo de 40 personas arrancó violentamente de sus casas al matrimonio de Olga Peralta y Juan Cisneros, dejando a los niños sin la presencia de sus padres y en medio del pánico y el terror.

¿Quién puede decir que se trata de imprudencia de campesinas y campesinos? ¿Podemos decir que el gobierno de la provincia desconoce estos hechos que realizan su policía y algunos de sus agentes políticos amparados en sus cargos y fueros?

¿Dónde está la capacidad de un gobierno que se hace propaganda de haber conseguido la paz y va camino a la justicia a través de las Mesas de Diálogos?

“Como Mocase-Vía Campesina hemos recibido por toda respuesta por parte del gobierno que hay que participar de la mesas de diálogos para tener soluciones.

“Se trata de una verdadera persecución política a los miembros del Mocase-Vía Campesina, que tenemos el derecho que nos otorga la Constitución de participar o no si consideramos que no se pierde la dignidad.” L

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Honduras
Otro asesinato en nombre de la supuesta protección de las áreas naturales

El 24 de septiembre en altas horas de la noche (22 horas), ocho pescadores de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz fueron requeridos por elementos de las Fuerzas Armadas a cargo de la vigilancia del refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, mientras éstos se encontraban faenando frente al área protegida. Según los testimonios de los pescadores, luego de ser detenidos por los militares, sin mediar palabra éstos procedieron a dispararles, siendo asesinado el pescador Guillermo Norales Herrera, originario de la comunidad de Triunfo de la Cruz, quien recibió impactos que aparentan ser causados por un fusil M16, usualmente utilizado como arma de dotación de los militares hondureños.

Al recibir las ráfagas de balas los pescadores gritaron que habían matado a uno de ellos, los militares sólo procedieron a retirarse dejándolos a ellos a la deriva. Carlos Colón, otro de los pescadores, se encuentra hospitalizado, dado que al tirarse al mar fue herido por una raya.

El asesinato del pescador Guillermo Norales se suma a la serie de violaciones a los derechos humanos perpetrados por las Fuerzas Armadas acantonadas en áreas protegidas. La población garífuna radicada en Cayos Cochinos tiene una amarga experiencia en cuanto a la represión surgida como consecuencia de la aplicación de los planes de manejo para esa zona, ventilándose una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las agresiones con armas de fuego a las que han sido sometidos los pescadores garífunas.

La costa norte de Honduras ha padecido a manos de la flota pesquera industrial de las Isla de la Bahía un saqueo sistemático de los recursos ictiológicos, afectando el derecho a la alimentación de los pescadores artesanales (en su mayoría garífunas) los que han visto descender de forma vertiginosas sus capturas, teniendo que incurrir en viajar a mayores distancias de sus comunidades para lograr el sustento de sus familias.
La creación de áreas protegidas inconsultas, ha generado tensiones sobre el manejo de los recursos, desdeñando el conocimiento tradicional garífuna, el que ha permitido la conservación de la mayoría de los territorios que ocupamos, hasta el punto que 28 de las 46 comunidades que habitamos en el país, se encuentran dentro de las áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento.

Cuero y Salado eran dos comunidades garífunas, cuya población se vio forzada a emigrar a principios de los noventa, como resultado de la restricción del derecho a la alimentación que fue impuesto cuando la zona se convirtió en Refugio de Vida Silvestre causando una expulsión silenciosa de 38 de las cuarenta familias que habitaban el humedal. Cabe señalar que la Fundación Cuero y Salado fue la primera entidad privada a la que se le entregó el manejo de una área protegida, siendo sus funcionarios señalados en múltiples ocasiones por su contubernio con la Standard Fruit Company la que posee una fábrica de extracción de palma africana (Caisesa) en una de las cabeceras hídricas del refugio, la que ha venido contaminado con deshechos de la planta aceitera dichos humedales.

Las contradicciones que plagan el manejo de las áreas protegidas en Honduras han servido para los intereses de unos pocos y la represión de los pueblos indígenas y comunidades locales. La expulsión técnica de las comunidades de Cuero y Salado trataron de repetirla en Cayos Cochinos, donde en un momento dado se persiguió a los pescadores mientras a la flota pesquera industrial se le permitió la extracción irracional de crustáceos. Hoy en día los reality shows son una muestra de las inconsistencias de los “ambientalistas”, que si bien prohiben a los garífunas acercarse al Cayo Paloma, el lugar lo han convertido en escenario periódico para sus shows.

La Bahía de Tela, contigua al Refugio de Cuero y Salado, ha sido en los últimos años un centro de conflictos raciales instigado por empresarios y políticos que han venido por más de dos décadas pretendiendo la implementación de un megaproyecto turístico para la zona. En la actualidad se construye un emporio de turismo de enclave con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto conlleva el relleno de 80 hectáreas de un humedal que pese a que se encuentra protegido por el Convenio de Ramsar, pretenden construir un campo de golf. Éste es otro caso en el cual la población garífuna soportó actitudes represivas por parte de la entidad a cargo del cuidado del parque denominada Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal e Texiguat (Prolansate), bajo la suposición que estaban conservado los humedales cuando era vox populi las aspiraciones ecocidas de la élite de poder sobre las lagunas de Micos y Quemada.

Da la “casualidad” que hace dos años fueron asesinados los jóvenes garífunas Epson Andrés Castillo y Yino Eligio López, a manos de miembros de las Fuerzas Armadas. En el juicio efectuado se dio lugar a la sentencia de los soldados involucrados y por supuesto se omitió hacer mención alguna sobre el oficial a cargo de la ejecución. Aparentemente en el informe del forense se excluyó la mención del tipo de arma utilizada. Éste no es el primer caso en Honduras donde las autoridades protegen a los oficiales y elementos de las Fuerzas Armadas. Basta recordar que los crímenes cometidos por los militares durante la década de los ochenta han quedado impunes, sembrando de esta forma una fatídica advertencia para el futuro.

Los hechos acontecidos en la noche de ayer en Cuero y Salado son una muestra más de la política que existe en contra de los derechos del pueblo garífuna. Vemos cómo, cada día más, se reducen nuestros territorios al ser atomizados en nombre de un supuesto desarrollo que sirve más a los inversionistas y empresarios que a nuestro pueblo. Por otro lado algunos operadores de justicia se parcializan poniéndose al servicio de aquéllos que quieren vernos abandonar las playas en que vivimos.

Hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales, a efectuar una investigación exhaustiva sobre los hechos acontecidos y caiga el peso de la Ley sobre los militares asesinos. Además que cese la persecución a los pescadores artesanales y se tomen las medidas necesarias para frenar la destrucción causada por la pesca de arrastre de la flota industrial, verdadera causa del ecocidio que afecta la costa norte de Honduras. De paso exigimos que se respeten los derechos sobre los territorios ancestrales de nuestras comunidades, incluyendo el derecho al hábitat funcional y por ende el derecho a la alimentación del pueblo garífuna. l

Miriam Miranda
Organización Fraternal Negra Hondureña

Revista Biodiversidad, sustento y culturas #58
(http://www.grain.org/biodiversidad)