Cartografiar el extractivismo, expandir las resistencias

Nos encontramos en un momento de la historia marcado por una crisis socioecológica y su consecuente emergencia climática a nivel global sin precedentes. Los límites naturales y ecológicos del planeta se hacen cada vez más evidentes y, como ocurre siempre, los sectores más vulnerables —particularmente los países del Sur Global— son los primeros en sufrir los impactos. En Argentina, y otros países de la región, la expansión de la frontera sojera y el desarrollo de otras prácticas agrarias según el modelo de agronegocios implican una reconfiguración radical del mundo rural.  La agricultura campesina familiar y las economías regionales fueron desplazadas por un esquema netamente mercantilista que concibe la tierra únicamente como capital. Esta transformación profundizó las desigualdades sociales y económicas (Svampa Viale,2020), configurando un mapa de exclusión en nombre del “progreso”.

Durante los años setenta, el paquete tecnológico de la llamada Revolución Verde se expandió en América Latina. Profundos cambios se implementaron impulsados en sinergia con violentas dictaduras, determinando el rumbo político. La introducción de semillas híbridas, fertilizantes químicos y pesticidas no fue un proceso técnico neutro, sino una política de Estado que condicionó el rumbo de la región hacia un modelo capitalista dependiente (Gargano, 2022). Como advierte Fraser (2023), hoy el capital niega a otros el uso del “don gratuito” del cual siempre dependió: la capacidad autoregenerativa de la naturaleza. Nos enfrentamos con la carga ecológica global: contaminación extrema en las ciudades, hiperextractivismo en las zonas rurales y una creciente vulnerabilidad frente a los impactos cotidianos del calentamiento global.

En la región del Norte Grande Argentino, desde fines del siglo XX se desplegaron economías regionales vinculadas a tres procesos clave: la expansión de la frontera agroindustrial, la exploración y explotación minera, y la instalación de grandes proyectos de infraestructura e integración regional (Merlinsky, 2018). Estas iniciativas se sostuvieron en el acaparamiento de bienes comunes estratégicos y escasos —agua, bosques, suelo— bajo el argumento del “desarrollo” regional y en segunda instancia nacional. Sin embargo, los efectos han sido devastadores: desplazamientos migratorios de campesinos e indígenas, crisis hídricas, pérdida de biodiversidad, contaminación y degradación de suelos y cuencas por fumigaciones masivas (Castilla, 2018). El resultado es un modelo que coloca la reproducción del capital por encima de los derechos humanos (Garay, 2018) y que profundiza las desigualdades socioterritoriales (Krapovickas y Garay, 2015).

Estas dinámicas han derivado en tensiones y conflictos socioambientales se inscriben dentro del patrón extractivista y el agronegocio (Gárgano, 2022). Donde los sectores más desprotegidos —campesinos, criollos excluidos, comunidades indígenas— se convierten en los principales sujetos políticos de resistencia. Como plantearon Giarraca y Teubal (2006), esas resistencias se enmarcan en una crítica antiglobalización que desafía la narrativa hegemónica del desarrollo. Lo que se consolida en América Latina es, entonces, un modelo de extracción intensiva, masiva y monopólica de recursos naturales que transforma la naturaleza en mercancía de exportación con bajo valor agregado, legitimado por discursos tecnocientíficos y políticas de Estado (Merlinsky, 2021).

Sin embargo, junto a estas resistencias brotan lenguajes nuevos. Formas de vida que se niegan a quedar reducidas al despojo, alternativas que disputan sentidos y territorios. Es en esa tensión donde se inscribe nuestro trabajo en el Laboratorio de Ciencias Humanas (CONICET–UNSAM), a través del Programa Conflictos Socioambientales, Conocimientos y Políticas en el Mapa Extractivista argentino. Nuestro propósito es doble: por un lado, desentrañar los entramados de dominación y las tramas de poder que sostienen el extractivismo; por otro, acompañar, visibilizar y aprender de las experiencias no hegemónicas que, desde la agroecología y otras alternativas, inventan otros modos de habitar la tierra.

Un programa transdisciplinario

El Programa Transdisciplinario surge como un modo de acompañar procesos que ya están en marcha en los territorios. Como recuerda Tim Ingold (2012), “el mundo no está hecho de entidades estructuradas, está hecho de procesos que se están desplegando”. Esta perspectiva nos invita a comprender que no se trata de llegar desde la universidad con diagnósticos cerrados, sino de sumarnos a devenires que existen más allá —y muchas veces a pesar— de la propia institución.

El programa reúne a investigadoras e investigadores de historia, comunicación, antropología, filosofía, ciencias ambientales, geografía, derecho, ciencia política y cine. Esa diversidad de miradas no constituye un simple gesto metodológico: pensar el extractivismo exige abrirse a múltiples lenguajes y modos de conocer. Porque no se trata únicamente de un modelo económico, sino de un modo de habitar que define qué vidas son posibles y cuáles quedan al margen.

Nuestro punto de partida es reconocer que el conocimiento no es neutral. Como mostró Gargano (2022), las políticas estatales que impulsaron la Revolución Verde en América Latina fueron expresión de un régimen de tecnociencia (Latour, 1983), en el que ciencia y tecnología se transformaron en políticas de Estado, importadas y reforzadas por las dictaduras militares. Esta militarización de la ciencia instaló un modo de producir saber subordinado a las necesidades del capital global, un patrón que sigue moldeando la región hasta hoy.

Pero frente a esa lógica, emergen prácticas alternativas que abren grietas en el modelo dominante. Un ejemplo lo encontramos en una de nuestras investigaciones en la Universidad de Río Negro —la única del país con una Licenciatura y una Maestría en Agroecología—. Allí viajamos para conocer cómo se transmite la agroecología y cómo la universidad, productores y vecinos se articulan para sostener otras formas de producción.

El Proyecto Rizoma, una de las huertas agroecológicas que entrevistamos en la Comarca Andina, muestra ese ida y vuelta: la universidad les brindó herramientas técnicas sobre manejo de plagas, gestión productiva y otras técnicas que fortalecieron su trabajo. Un grupo de extensión también se acercó al proyecto para ayudarlos a escalar la producción y volverla más sustentable. Mientras que el colectivo, —que pasó de estar conformado por cuatro compañeros de la universidad a ser un colectivo de nueve integrantes que trabajan de manera horizontal y toman decisiones en asamblea—, “también impactó en la universidad”, comenta Cassandra Del Valle Gallegos. Rizoma se convirtió hoy en un centro experimental, un espacio de aprendizaje y de visitas para estudiantes de las carreras agroecológicas que, hasta hace poco, no tenían dónde conectar la teoría con la práctica. En este sentido, Cassandra percibe el carácter bidireccional de la Agroecología: universidad y territorio se retroalimentan.

Estas experiencias no son “objetos” de estudio, sino procesos vivos que redefinen la relación entre universidad y territorio. El programa transdisciplinario busca abrir la institución a prácticas que ya germinan en campos, huertas y asambleas, creando correspondencias más que relatos sobre otros. Esto implica tensionar los límites de la academia, apostar a la co-construcción del conocimiento y reconocer que los conflictos socioambientales no solo revelan disputas sobre desarrollo y democracia, sino también la potencia de prácticas de cuidado y autonomía que desafían la lógica del despojo.

El Mapa Extractivista

Otro de nuestros principales trabajos fue la construcción de un Mapa Agroextractivista de la provincia de Buenos Aires. La propuesta surgió de una inquietud compartida: ¿cómo articular en un mismo espacio los múltiples registros que daban cuenta de los impactos del agronegocio y sus efectos en la vida cotidiana? La respuesta fue la creación de un mapa interactivo que reuniera información dispersa y aparentemente inconexa: notas periodísticas, informes institucionales, investigaciones académicas, registros audiovisuales y, sobre todo, testimonios de comunidades afectadas.

El objetivo de esta herramienta no era únicamente sistematizar datos, sino desmontar la narrativa que presenta los daños ambientales como hechos aislados o accidentes inevitables. Al reunirlos, al ponerlos en relación, se revela la lógica sistémica que los produce: la expansión sin freno del modelo agroindustrial y sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. El mapa organiza los conflictos en tres ejes fundamentales: contaminación por agrotóxicos, cursos de agua vulnerados y escuelas afectadas.

En el proceso de producción establecimos lazos con el Consejo Consultivo de Ituzaingó; Pueblos Fumigados; Asamblea por la Vida y el Ambiente; Paren de Fumigar Pergamino; ONG Naturaleza de Derechos; ONG Democracia en Red; y otras comunidades locales, con el objetivo de co-construir y democratizar la información. La cartografía que resultó de este trabajo no es estática ni cerrada, sino abierta a ser alimentada y corregida por los propios actores territoriales. Lo que habilita una apropiación comunitaria del conocimiento. De este modo, la democratización del saber no se juega únicamente en el acceso, sino en la posibilidad de intervenir, disputar y producir saberes en común.

El Mapa Agroextractivista se convirtió, así, en una herramienta polivalente: de investigación, porque ordena y visibiliza procesos; de organización comunitaria, porque fortalece redes de resistencia; y de comunicación política, porque interpela directamente a quienes insisten en negar los impactos del modelo agroindustrial. En su doble condición de archivo y plataforma abierta, el mapa permite ver que detrás de cada punto georreferenciado no hay solo un “caso”, sino una vida, una comunidad, un territorio en disputa.

Comunicación y contra-narrativas

El trabajo en el mapa nos condujo a otra dimensión: la necesidad de diversificar los lenguajes de la investigación. Como estudiantes de la Maestría en Periodismo Narrativo de UNSAM, quienes escribimos este artículo, junto con el grupo de investigación, consideramos que la producción de papers especializados de la academia, escritos en clave abstracta y destinados a un público restringido puede ser insuficiente si queremos dialogar con quienes están en el centro de los conflictos.

Por eso decidimos explorar otros formatos. En conjunto con Canal Abierto impulsamos el podcast Territorios, donde las luchas socioambientales se narran en primera persona. Escuchar a Estela Lemos, docente rural de Entre Ríos —la provincia más fumigada del país— en su lucha por proteger a las niñeces. O a José Luis Meirás, documentalista y activista de Magdalena, el escenario del mayor derrame de petróleo en agua dulce. Permite que las historias adquieran densidad afectiva y política. Como advierte Sara Ahmed, los afectos no son expresiones privadas: son fuerzas sociales que circulan, que vinculan, que organizan lo común.

En esa clave, el periodismo narrativo y las producciones audiovisuales se vuelven aliados de la investigación. No se trata de “divulgar” lo que ya sabemos, sino de abrir espacios donde el conocimiento se construye de otra manera, en la intersección entre el relato, la experiencia y el dato.
Asimismo, el cortometraje “Experiencias en el mapa extractivista” compuesto con imágenes y sonoridades de comunidades que sufren impactos ambientales, ha sido proyectado en festivales internacionales de cine en Latinoamérica y en cineclubes, amplificando el diálogo con comunidades.

Disputa de sentidos, conocimiento situado y agroecología como horizonte

Comprender el extractivismo no puede limitarse a producir papers o mapas: implica adentrarse en los sentidos, narrativas y afectos que hacen ciertos modelos de desarrollo se acepten como inevitables. En Argentina, la narrativa agroindustrial dominante sostiene que la expansión de la soja, los hidrocarburos o el litio sirve para alimentar a millones y garantizar el progreso económico. Sin embargo, en la práctica, estas políticas suelen dejar tras de sí comunidades enteras en situación de precariedad, desplazamientos, contaminación y despojo de bienes comunes. Lo que se presenta como un bien general se traduce, en realidad, en daños concentrados sobre los sectores más vulnerables.

Este mecanismo de legitimación se inscribe en lo que Mark Fisher (2019) denomina realismo capitalista: una visión del mundo artificialmente construida que nos atrapa en un ciclo depresivo. Como señala Fisher, “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”, porque la ideología dominante naturaliza el despojo y normaliza la desigualdad. Este ciclo se refuerza mediante emociones colectivas: la sensación de desastre inminente, la frustración y el desaliento funcionan como herramientas de control social, dificultando la movilización y el cuestionamiento del status quo. Sara Ahmed explica que “ciertas emociones respaldan una suerte de operación ideológica tendiente a defender la desigualdad: emociones de depresión, de desaliento, de desesperanza, que impiden la movilización política”. Así, los afectos se entrelazan con la política y el conocimiento: entender el extractivismo exige reconocer no solo sus impactos materiales, sino también cómo se sostiene emocional e ideológicamente.

En este giro afectivo de las ciencias sociales, nuestro trabajo periodístico se propone narrar historias situadas. Dar voz a experiencias que no caben en estadísticas ni gráficos. Como propone Donna Haraway (2019), se trata de “contar historias que cuenten historias”, es decir, relatos que revelen los entramados de poder y las vidas que atraviesan los territorios. Este enfoque implica situar nuestro conocimiento en diálogo con procesos que las comunidades ya despliegan: huertas agroecológicas, proyectos colectivos, economías solidarias, luchas por el agua y por la tierra, para comprender y amplificar otras racionalidades posibles.

Desde esta perspectiva nace el objetivo de reconstruir la historia de la Agroecología en Argentina. Un proyecto vigente con financiamiento de la UNSAM, en ejecución por todo el equipo. Nos proponemos analizar trayectorias de investigación y enseñanza en ámbitos públicos y mapear experiencias cooperativas de producción agroecológica. Al mismo tiempo, buscamos identificar las sinergias y tensiones entre ambos espacios. Para reconstruir la Agroecología como disciplina en Argentina haremos foco en dos ámbitos clave: la Cátedra de Agroecología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y las carreras Agroecología de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). En cuanto al recorte espacial de las experiencias, trabajamos con cooperativas agroecológicas en la provincia de Buenos Aires y en la Comarca Andina (con foco en El Bolsón y Lago Puelo).

Nuestro objetivo es examinar los imaginarios políticos y socioambientales, así como estrategias de movilización social. Al mismo tiempo, nos proponemos indagar el contenido de las agendas de investigación y formación en Agroecología y su vinculación o desvinculación con problemas y demandas de los productores. El proyecto busca reconstruir la trayectoria de la Agroecología en Argentina y aportar insumos de política pública para fomentar una transición agroalimentaria en la producción agrícola, uno de los principales sectores de la matriz productiva.

Frente a la narrativa hegemónica que insiste en la catástrofe inevitable, apostamos por expandir contra-narrativas que muestren que otros modos de vida ya están en marcha. La Agroecología se presenta no sólo como un modelo productivo, sino también como horizonte metodológico y político para las universidades.

En esas resistencias encontramos otras formas de producir conocimiento, además de alimentos: la construcción de comunidad, el cuidado de la tierra y la defensa frente a las presiones del mercado que amenazan cualquier forma de vida. La relación bidireccional entre universidad y comunidades, entendida como práctica transdisciplinaria, desafía también la lógica extractivista del saber, que suele apropiarse de datos sin devolver nada a los territorios.

Nuestras investigaciones en curso

En paralelo al trabajo colectivo del mapa —desde el agronegocio a la agroecología—, cada integrante del programa desarrolla sus propias líneas de investigación, que dialogan con el horizonte común.

En particular, nuestros temas (Gastón y Georgina, quienes escriben) se cruzan. Limones y flores, flores y limones. Como se cruzan los problemas del agua con la extracción minera. Como se cruza el río después de un temporal. Como se dobla la esquina del barrio cerrado hacia la calle sin pavimentar. Como se expande una agroindustria regional que es la historia del monocultivo global, en el caso del citrus en Tucumán. Las flores son una forma de resistencia. A ambos también nos preocupa la forma, no solo el contenido, por eso lo abordamos desde el periodismo narrativo.

El trabajo de Georgina indaga en los migrantes del Norte argentino, expulsados de los territorios de los que habla Gastón. Allí donde el limón crece y se expande, más flores migrantes llegan a polinizar el cordón verde de La Plata, donde se sitúa la investigación.

El auge del limón en el NOA: entre el desarrollo y el extractivismo

El auge del limón en el NOA es un fenómeno agroindustrial reciente, consolidado en las últimas dos décadas. Su expansión articula prácticas agrícolas, exportaciones, concentración de tierras, transformaciones rurales, condiciones laborales y alteraciones ecológicas. Argentina es el séptimo productor mundial de cítricos, y el 91% del territorio sembrado se concentra en esta región. Tucumán ocupa un rol central: el 95% de sus plantaciones de citrus son limones (Federcitrus, 2018), distribuidos entre Burruyacú y el pedemonte del Aconquija, zonas de alta fertilidad y biodiversidad propias de la yunga.

Más del 70% de la cosecha se destina a jugo concentrado y aceites esenciales, con proporciones que muestran el nivel de industrialización: 200 kg de fruta fresca generan 1 kg de aceite esencial y 17 kg producen 1 kg de jugo concentrado. Según Forbes Argentina, el sector genera u$s500 millones anuales, impulsado por apoyo estatal a la exportación. Este crecimiento, sin embargo, implica deforestación de bosques nativos, uso intensivo de agua y alteración de ecosistemas, incluso en áreas con valor arqueológico. 

Concentración empresarial y discurso verde

Cinco grupos concentran la producción: Citrusvil (Grupo Lucci), Citrícola San Miguel, Argenti Limoni, Trápani y Citromax. Estas empresas encabezan estrategias de “sustentabilidad” basadas en bonos verdes, instrumentos financieros regulados por la ICMA y adoptados por BYMA en Argentina, que prometen financiar proyectos con impacto ambiental positivo. En 2021, Citrusvil S.A. emitió una Obligación Negociable Verde por u$s 6,3 millones, a tasa 0% y plazo de 30 meses. Detrás del discurso sustentable, persiste una lógica empresarial orientada a maximizar ganancias y compensar emisiones, donde “el que puede pagar, contamina”.

En la práctica, los territorios citrícolas se expanden sobre zonas protegidas por la Ley 26.331 de Bosques Nativos, en categorías I y II, que prohíben la transformación del uso del suelo. En Burruyacú, relevamientos con GPS y entrevistas confirman la existencia de dos diques privados de gran porte, sin medidas de seguridad, que alteran el cauce de más de cinco arroyos en plena crisis hídrica del NOA, poniendo en riesgo a tres poblaciones de más de 2.000 habitantes.

Condiciones laborales y sociales

El sector enfrenta conflictos laborales entre trabajadores autoconvocados, sindicatos y empresas. Las jornadas superan las ocho horas bajo condiciones extremas, con cargas de 17 a 20 kg por bin. En abril de 2025, el jornal era de $28.000 y la maleta $964. La Ley 26.727 de Contrato de Trabajo Agrario (2011) legaliza la contratación temporaria, habilitando despidos entre cosechas y precarización estructural. Muchos jornaleros migran luego al valle de Río Negro o al sur tucumano para otras cosechas.
El Estado provincial, permeable a las presiones empresariales, declaró la emergencia del sector en 2022 y 2023, otorgando exenciones impositivas. A la vez, financia el plan interzafra, que subsidia a los trabajadores durante los meses sin cosecha, garantizando mano de obra disponible para el ciclo productivo.

Transformación del suelo y especulación inmobiliaria

La concentración de la tierra y la búsqueda de rentabilidad impulsan la transformación del uso del suelo. Desde los 90 crece el fenómeno de urbanizaciones cerradas sobre antiguas colonias agrícolas. En Colonia Chazal, nueve familias quedaron encerradas dentro del country más grande del NOA, sin agua potable ni acceso a materiales, sufriendo hostigamiento del personal de seguridad.
Estos procesos expresan la lógica del rent gap (Urbina González, 2012), donde el cambio de uso del suelo —de caña a cítricos, y luego a barrios privados— genera renta especulativa y desplazamiento social, tal como analiza Malizia (2019). 

Impacto sanitario y silencios institucionales

La citricultura utiliza agrotóxicos, herbicidas y pesticidas cuyos costos e importaciones reconoce el propio Estado. Las investigaciones sobre su impacto son financiadas por privados, como Syngenta, y no son de acceso público. En Santa Lucía, la docente Celsa Civaldi denuncia fumigaciones en quintas vecinas al Colegio María de la Esperanza, con pérdidas de embarazos, alergias y malformaciones entre alumnos y familiares. Una encuesta local revela que el 85% de la población sufrió consecuencias del uso de “matayuyos”.

Alianzas político-mediáticas

Empresarios y medios hegemónicos sostienen un discurso extorsivo para obtener beneficios fiscales. Tras la guerra en Ucrania, impulsaron la emergencia citrícola (2022), logrando exenciones impositivas y reclamando un “dólar limón”. Mientras tanto, celebran la apertura de nuevos mercados.
Empresas como Argenti Limoni incluso arrancaron plantaciones como medida de presión al gobierno, sin que se cuestione el cambio de uso del suelo. A su vez, Citrusvil y San Miguel son “socios oro” de la fundación Federalismo y Libertad, vinculada a Atlas Network, Friedrich Naumann Foundation y la Red Liberal de América Latina, donde confluyen empresarios, periodistas y políticos de derecha bajo una agenda desarrollista.

Reflexiones sobre la ruta del limón

La industria del limón genera flujo económico y potencial regional, pero su estructura concentrada, la violación de la Ley de Bosques y las prácticas extractivistas impiden un desarrollo humano sostenible. Los bonos verdes actúan como máscara de sustentabilidad, reforzando un modelo que precariza el trabajo y mercantiliza la tierra.
La combinación de crisis hídrica, deforestación y especulación inmobiliaria podría acelerar el colapso del modelo citrícola, como ya muestran los casos de Argenti Limoni, Chazal vs. Lucci y las quintas abandonadas de Tafí Viejo. Lejos de planificar un desarrollo equitativo, el modelo reproduce un capitalismo por despojo, desplazando poblaciones rurales —muchas indígenas, como los Wichís y Qom— y ampliando las periferias urbanas del NOA.

El Jardín imposible. Memorias migrantes, prácticas territoriales y floricultura en
Colonia Urquiza. Contra-narrativas al extractivismo

Esta investigación busca profundizar el diálogo entre sostenibilidad, migraciones y producción de alimentos a partir del estudio de las trayectorias migratorias de productores de flores y verduras en el cordón verde del partido de La Plata (Argentina), un territorio que abastece de alimentos a más del 70 % de la provincia de Buenos Aires. Un relevamiento reciente del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Universidad de La Plata junto a la Municipalidad registró 6.225 productores tras dos décadas sin datos oficiales. Este “motor verde” enfrenta hoy una crisis: el avance inmobiliario, la contaminación de napas y la falta de planificación estatal amenazan su supervivencia. Está en riesgo no sólo una actividad económica, sino también formas de vida y patrimonios culturales únicos.

Durante décadas, la expansión urbana sin planificación ha avanzado sobre las áreas rurales. Desde los años 70, las políticas neoliberales y urbanísticas —profundizadas durante la última dictadura cívico-militar— impulsaron el surgimiento de countries y barrios privados, afectando sobre todo a los productores migrantes, arrendatarios perpetuos que buscan mejores condiciones de vida a partir del trabajo de la tierra y del cultivo de flores. La desigualdad social y la explotación están estrechamente ligadas a las condiciones ambientales y a los vacíos político-administrativos que enfrenta la región. Abordar esta problemática es clave para diseñar políticas que promuevan un desarrollo urbano más justo y sostenible.

En este territorio conviven comunidades migrantes —italianas, japonesas y bolivianas— que, a lo largo de generaciones, han transmitido saberes agrícolas y rituales comunitarios profundamente ligados a la tierra. La investigación indaga tanto en las dimensiones materiales del extractivismo —el avance del agronegocio y la presión inmobiliaria sobre zonas periurbanas— como en sus dimensiones culturales: prácticas, símbolos y saberes vinculados al trabajo agrícola. Busca mostrar cómo estas comunidades sostienen otras formas de relación con el territorio, donde el cultivo no es solo medio de subsistencia, sino práctica cultural y afectiva que resiste la lógica mercantil.

El estudio abre preguntas sobre las estrategias de resistencia actuales: ¿qué alianzas o disputas se tejen entre comunidades migrantes? ¿Se construyen puentes de solidaridad y diálogo de saberes o predomina el aislamiento? Asimismo, explora cómo las contra-narrativas ligadas a la floricultura proponen un modelo alternativo donde el territorio se concibe como espacio de memoria e identidad más que como simple recurso productivo.

La figura de la rosa —cultivo emblemático en la zona— funciona como hilo narrativo y simbólico. A través de ella analizo cómo el trabajo manual y cotidiano de estas comunidades produce sentidos sobre el arraigo y la pertenencia. Estas prácticas agrícolas, atravesadas por procesos de desterritorialización y reterritorialización —en el sentido de Deleuze y Guattari (1988)—, muestran cómo los saberes migrantes viajan, se adaptan y crean nuevas territorialidades culturales y políticas.

Cartografiar lo posible

Bajo el sol inclemente del Norte Grande, donde la crisis hídrica seca ríos y el aire se espesa de polvo, el modelo del agronegocio —encarnado en los interminables monocultivos de citrus, soja o pinares— parece condenado a la extinción. No por una distopía futura, sino por la confluencia de una lógica extractiva negacionista y un clima global llevado al límite, con la ayuda de proyectos megamineros en zonas áridas. Lejos de impulsar una transición agroecológica o un plan de saneamiento, el sistema se recicla en el espejismo del capitalismo verde: bonos sustentables emitidos por la banca internacional que, irónicamente, financian la deforestación de áreas protegidas por la propia Ley de Bosques. Un maquillaje ecológico que perpetúa el desarrollismo más crudo.

Con la llegada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), este extractivismo entra en una fase metastásica: otorga a grandes capitales tres décadas de exenciones tributarias y entrega soberanía a cambio de la promesa del desarrollo. En este paisaje de despojo, se fumiga y se envenena; se desmonta hasta el colapso de los ecosistemas, generando inundaciones evitables y sequías brutales. El agua —ese bien común en disputa— o falta donde se la necesita, o se estanca en los barrios populares como una maldición, arrasando con viviendas, caminos y vidas. Quienes no pueden resistir, migran. Hoy los movimientos hacia el conurbano bonaerense se frenaron, y los trabajadores golondrina viajan hacia el centro y sur del país, donde todavía subsisten las cosechas de vid, peras o manzanas en Mendoza, Río Negro y Neuquén. Pero incluso esa fruticultura histórica sufre el avance de la megaminería y el fracking en Vaca Muerta, cuya promesa de salarios altos seduce y, a la vez, precariza.

Detrás de los alambrados que multiplican el territorio, se consolida un modelo donde la reproducción del capital tiene primacía sobre los derechos humanos. Los sujetos políticos de esta tragedia son los condenados de la tierra: campesinos, criollos excluidos y comunidades indígenas que resisten la precariedad mediante prácticas comunitarias. Sus cuerpos marcan el costo real: la muerte por deshidratación de “El Brujo”, un cosechero de limón en la yunga jujeña; el asesinato de Fabián Martínez, del MOCASE; niños wichí fallecidos con signos de desnutrición en el Chaco salteño. Frente a esto, todas las voces coinciden: el acceso a la tierra es el punto de partida. Es allí, en una política de tierras que el Estado se niega a aplicar —tensionado por los sectores de la oligarquía— donde podría germinar una alternativa: garantizar la tenencia para que la agroecología deje de ser un acto de resistencia y se convierta en la base de un sistema alimentario justo y soberano. Mientras tanto, los “verdurazos”, marchas y “feriazos” son el grito público que interrumpe el silencio de un campo alambrado y envenenado por unos pocos.

El mapa extractivista es, en última instancia, un intento de cartografiar no solo los daños, sino también las posibilidades. Como plantea Stefania Barca en Forces of Reproduction , “existen sujetos que quedan afuera de la representación oficial y que portan la posibilidad de re-politizarla tanto a través de la lucha como de prácticas de vida alternativas”. Reconocerlos implica entender que la disputa no se libra únicamente en el territorio material, sino también en el terreno simbólico, afectivo y cultural.

Los efectos del agronegocio que intentamos mapear —que antes aparecían como hechos aislados— fueron el punto de partida para corrernos de las formas tradicionales de producción de conocimiento. Este ejercicio nos permitió reunir diversas fuentes —notas periodísticas, papers, registros audiovisuales, demandas de organizaciones de base y experiencias en el territorio— para desarmar las narrativas hegemónicas que presentan estos impactos como meras contingencias o accidentes. Queremos seguir profundizando en esta línea de trabajo: la cartografía de lo posible. Porque los extractivismos no se reducen a problemáticas ambientales o sociales; también son culturales. Mirar los hechos desde un único recorte disciplinar, como suele hacer la investigación académica, sería continuar reproduciendo las mismas lógicas que buscamos transformar.

Desarmar esas lógicas exige involucrar más actores —por fuera de la academia— y pensar cómo llegar a quienes resisten y construyen otras narrativas desde los territorios. La metodología es parte viva de esa búsqueda: no es algo dado, sino una práctica que se construye y reconfigura en cada investigación, en cada encuentro. La escritura colectiva ya es, en sí misma, una apuesta política: requiere escucha, paciencia y acuerdos, en un contexto donde la investigación es cada vez más precarizada.

Queremos que estas producciones sirvan también a otros: que alimenten nuevas cartografías, diálogos interdisciplinarios y alianzas más allá de cada investigación individual. Cartografiar lo posible es, en definitiva, un ejercicio de imaginación política. El mapa extractivista busca ser una herramienta en esa dirección: un espacio abierto, colectivo y en constante transformación, que recoja los saberes de las comunidades y los ponga en diálogo con la academia y la sociedad. Un archivo vivo de luchas y alternativas, una invitación a pensar —y sentir— que otro mundo no solo es necesario, sino que ya está desplegándose en los territorios.

Bibliografía

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Fuente: Huella del Sur