Desde la Amazonía hasta Belém: la lucha por la justicia climática requiere acabar con la impunidad de las grandes empresas

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Mientras los negociadores climáticos se reúnen en Bonn, Alemania, esta semana y lo harán en unos meses en Belém, Brasil, para la COP30 y la Cumbre de los Pueblos, una verdad permanece flagrantemente ausente de las discusiones oficiales: la crisis climática no es sólo un fracaso político, es el resultado directo del poder empresarial incontrolado, habilitado por un sistema mundial que protege a los contaminadores y castiga a aquellas/os de nosotras/os que nos atrevemos a resistir.

La crisis climática exige medidas urgentes de los gobiernos para reducir las emisiones y hacer una transición hacia nuevos sistemas de energías renovables para los pueblos. Esto significa que hay que obligar a las grandes empresas de combustibles fósiles a que dejen de contaminar y que pongan fin a sus décadas de destrucción. Les escribo esto desde el corazón de la Amazonía ecuatoriana, donde la lucha de las comunidades indígenas y aquellas en la primera línea ofrece una advertencia para el mundo: existe un oscuro legado de devastación provocada por la industria de los combustibles fósiles que no debe olvidarse. La justicia climática no puede lograrse mientras reine la impunidad empresarial.

Los crímenes de Chevron en Ecuador están bien documentados. Durante casi cuatro décadas, esta empresa transnacional extrajo petróleo de nuestras tierras con total desprecio por la vida,  vertiendo intencionalmente más de 60.000 millones de litros de residuos tóxicos en los ríos y dejando 880 pozos de veneno abiertos en  480 hectáreas de bosques tropicales. Chevron  obtuvo ganancias por decenas de miles de millones de dólares a raíz de esta devastación y, cuando por fin parecía que iba a tener que rendir cuentas, hizo las maletas y  huyó del país.

Chevron a la fuga

Tras años de luchas judiciales lideradas por las comunidades afectadas, los tribunales de Ecuador ordenaron a Chevron a pagar $ 9.500 millones de dólares para limpiar los desastres causados e indemnizar a las poblaciones afectadas. En lugar de cumplir con la sentencia, Chevron dio inicio a una campaña mundial para evitar rendir cuentas, una campaña que revela cómo los sistemas jurídicos y financieros de hoy en día están diseñados al servicio de los intereses de las grandes empresas, no de los derechos humanos.

Chevron ha presentado decenas de  demandas en represalia contra líderes Indígenas, abogadas/os, ONG y aliados en todo el mundo, tratando de aislarnos. La empresa contrató espías y agentes de seguridad privada para vigilar, intimidar y acosar a las personas involucradas en nuestra lucha por justicia. Ahora, a través del sistema de  arbitraje internacional, un sistema jurídico lleno de secretismo y pro-empresarial, Chevron ha demandado al Estado de Ecuador para impedir que se ejecute la sentencia.

Esto dista mucho de ser un caso aislado. En todo el mundo, las empresas transnacionales usan los sistemas de solución de controversias inversionista-Estado ( ISDS) para intimidar a los gobiernos y eludir sus responsabilidades. Estos tribunales empresariales actúan tras puertas cerradas, sin tener en cuenta a las comunidades afectadas ni los derechos humanos o ambientales. Si una empresa afirma que una reglamentación ambiental o una decisión judicial afecta sus ganancias, puede demandar al Estado, y en la mayoría de los casos, gana.

¿Pero si un niño muere por beber el agua envenenada de un río? ¿Si una comunidad indígena pierde su tierra, su salud y su futuro? ¿Dónde está su justicia?

En la primera línea contra la arquitectura de la impunidad

Una y otra vez, las empresas cometen delitos contra las personas, los pueblos y el planeta, y quedan impunes. Mientras tanto, son las poblaciones más pobres y marginadas quienes más sufren. En la Amazonía ecuatoriana, ya vivimos una realidad agravada por el colapso del clima y los crímenes empresariales. En 2024, nuestra región sufrió una de las  peores sequías de la historia. Los ríos se secaron, dejando aisladas a cientos de comunidades. Los peces murieron en masa en aguas contaminadas. Ante la escasez de lluvias, la gente no tuvo otra opción que beber agua contaminada con petróleo y desechos de la minería. Niñas y niños se enfermaron y hubo personas ancianas que murieron. Todo esto se ve agravado por la clara falta de acción de los gobiernos, que a menudo están muy ocupados protegiendo a los criminales empresariales en lugar que a sus propios pueblos o a las generaciones futuras.

La justicia para las comunidades afectadas debe estar en el centro de la lucha mundial por el clima. No somos un daño colateral en la carrera sin fin por ganancias ilimitadas. No somos una estadística en los informes sobre sostenibilidad. Somos personas con derechos, con dignidad y con un mensaje que el mundo debe oír: sin justicia, no hay verdadera acción por el clima. 

Chevron es un ejemplo claro de la impunidad de la que gozan las grandes empresas y es el mejor reflejo de los delitos empresariales, pero nuestra lucha no es sólo contra una empresa. Si obtenemos justicia frente a Chevron, nuestra intención es sentar un precedente a nivel mundial. Queremos demostrar que ningún contaminador, por más poderoso que sea, está por encima de la ley y la obligación de rendir cuentas. Es por eso que esta batalla es importante para todos los movimientos que luchan por la justicia climática y ambiental. La misma maquinaria transnacional que protege a Chevron protege a otras empresas de combustibles fósiles, mineras, del agronegocio y financieras, contribuyendo al colapso del clima. Si no le hacemos frente a esta maquinaria, las promesas en materia climática seguirán siendo palabras vacías.

En camino a Belém

A medida que nos acercamos a la COP30, el movimiento mundial por el clima debe apoyar a quienes están en la primera línea de la extracción y la destrucción. Junto con los movimientos que van a converger en la Cumbre de los Pueblos al mismo tiempo que la COP, tenemos que garantizar que la justicia para las comunidades afectadas se ponga en el centro. 

Estos tiempos reflejan la necesidad urgente de un cambio de sistema. Hay que ponerle punto final a la impunidad empresarial. Requerimos marcos normativos internacionales que hagan rendir cuentas a los contaminadores, en lugar de protegerlos. Y es imprescindible desmantelar los sistemas de ISDS que colocan las ganancias de las grandes empresas por encima de la vida de los seres humanos y la supervivencia ecológica.

Hace más de 30 años que soy parte de esta lucha. He visto cómo amenazaban a amigas/os, envenenaban a familias y destruían bosques. Pero también he visto el espíritu inquebrantable de mi pueblo y de comunidades de todo el mundo que se niegan a ser silenciadas.

Vivo entre los árboles, los ríos, la lluvia y la extraordinaria biodiversidad de la Amazonía. Vivo en una tierra herida por la codicia empresarial, pero aún viva por la resistencia. Nuestra lucha no es sólo por nuestros bosques tropicales, sino por todos los pueblos, por las generaciones futuras, por la Tierra misma. En la COP30 y más allá, si nos tomamos en serio la justicia climática, tenemos que hacerle frente a la maquinaria de impunidad y luchar juntas y juntos por un cambio de sistema y un futuro donde la justicia no sea un privilegio de los poderosos, sino el derecho de todas y todos.

El siguiente es un artículo de opinión escrito por Pablo Fajardo, de la Unión de Afectados por Texaco, hoy Chevron / Amigos de la Tierra Ecuador.

Fuente: Amigos de la Tierra

Temas: Corporaciones, Crisis climática

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