Gobierno regional de Puno declara al Lago Titicaca sujeto de derecho pero el gobierno central de Perú se opone

“El Lago Titicaca está contaminado, no sabemos cómo salvarlo, está pidiendo auxilio”, exclama Soraya Poma, la presidenta de la Red de Mujeres Lideresas Unidas en Defensa del Agua y el Lago Titicaca, la organización que durante cuatro años batalló para que esta fuente de agua se convirtiera en sujeto de derechos.

El deseo de Poma y de otras 60 mujeres lideresas de las 13 provincias que bordean el Titicaca se hizo realidad el último 24 de abril, cuando el Consejo Regional de Puno aprobó una ordenanza regional que declara al Lago Titicaca como sujeto de derecho.

De acuerdo con la ordenanza, este reconocimiento permitirá adoptar un enfoque ecocéntrico en la gestión del lago, garantizando su preservación a largo plazo y su restauración frente a amenazas ambientales. Esta decisión del consejo regional, además, otorga al lago personalidad jurídica propia y garantiza su protección integral.

La decisión no ha sido bien recibida en el Ejecutivo, que en un comunicado conjunto de los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Ambiente, Justicia y Derechos Humanos y Cultura señalan que esta ordenanza “no considera las regulaciones normativas e institucionales para su protección, establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”.

Mientras el Ejecutivo y el gobierno regional de Puno continúan esta discrepancia normativa sobre a qué institución le corresponde velar por la recuperación del lago, el Titicaca continúa en una lenta agonía.

Un lago que agoniza

“Durante cuatro años hemos trabajado concientizando a las comunidades, también hemos asistido a talleres porque teníamos que saber sobre las normativas, como, por ejemplo, la Ley de Recursos Hídricos”, cuenta Poma sobre el camino que emprendieron las mujeres guardianas del Titicaca cuando decidieron proteger a la Cota Mama, nombre en aymara que significa lago madre.

El Lago Titicaca está realmente contaminado, agrega Poma, y ya no es como antes. Ahora contiene metales pesados e ingresan bastantes residuos sólidos desde la zona norte de Juliaca —ciudad de Puno—, hay vidrios y la rana gigante ha desaparecido.

“La principal fuente de contaminación son las aguas residuales domésticas. Y en segundo lugar los residuos sólidos”, dice Eduardo Dios, exsecretario técnico de la Comisión Multisectorial para la Prevención y Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca. Esta comisión, presidida por el Ministerio del Ambiente, se creó en 2013 con el fin de definir acciones para la recuperación integral del lago, así como coordinar las políticas, planes, programas y proyectos para este fin. Sin embargo, más de diez años después la tarea no se ha terminado.

En el decreto supremo por el que se creó la Comisión Multisectorial se señala que “la cuenca del Lago Titicaca y sus afluentes vienen siendo impactados por el vertido de las aguas residuales provenientes de las actividades extractivas formales e informales, y de las aguas residuales domésticas sin tratamiento provenientes de las poblaciones que se encuentran circunscritas en la cuenca”.

El documento también precisa que las concentraciones de metales pesados y sedimentos provenientes de las actividades mineras superan los Estándares de Calidad de Agua (ECA) en el lago y los ríos principales de la cuenca, entre ellos el  Ramis y Suches.

La actividad ganadera, más importante en el lado boliviano, también impacta en el lago,  comenta Dios sobre todas las fuentes de contaminación que llegan al Titicaca, que se extiende entre Perú y Bolivia.

En ambos países se ha instalado la acuicultura, agrega el exfuncionario, pero esta actividad está más desarrollada en el lado peruano. Dios sostiene que las jaulas donde tienen a las truchas están muy pegadas y plantea otra problemática: la disposición del alimento y la generación de las excretas de las truchas. “Esta carga de fertilizante es muy alta y modifica las condiciones de las bacterias, afectando, obviamente, al ecosistema del agua”, precisa Dios.

“Cuando la Comisión Multisectorial empezó su trabajo, quizás ya era tarde, las alarmas sonaron mucho antes”, confiesa Dios sobre los niveles de contaminación que agobian al Titicaca desde antes de 2013, cuando este comité inició funciones.

El ex secretario técnico de esta comisión recuerda que en esa época ocurrieron dos eventos de floración de algas, uno en la bahía interior de Puno y el otro en la parte boliviana del lago, que tuvo como resultado “muchísimos peces y anfibios muertos”. “Fue un escándalo en esa época y esa ocurrencia generó un mayor interés de parte de los sectores [del Estado] para que prevean las inversiones”, afirma Dios.

Sin embargo, el experto confiesa que para los diferentes sectores de gobierno responsables de la recuperación del Titicaca el lago “no era una prioridad”, como la Comisión esperaba, sino que era un pedido más en una lista de requerimientos.

“Tuvimos muchas reuniones integrando la participación de los propios pobladores de Puno para que ellos hagan notar su preocupación y se genere interés. El primer sector que respondió fue [el Ministerio de] Vivienda”, recuerda Dios.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es responsable de la construcción del sistema de tratamiento de las aguas residuales de la cuenca del lago Titicaca, es decir, de la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se han programado para reducir la contaminación del lago. Además está encargado de la limpieza de los canales afluentes al lago.

Dios menciona que con la Comisión se priorizó la construcción de diez plantas de tratamiento, pero que, actualmente, solo están ejecutando seis y argumenta que en la negociación con los gobiernos locales no se lograron definir las condiciones para todas.

Mongabay Latam consultó con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la situación actual de estos proyectos pero hasta el cierre de la edición no respondieron.

“Se trata de un ecosistema único, con una población importante que vive allí. Pese a que está contaminado, deteriorado y todo lo demás, recibe muchas visitas. Estamos ante los ojos del mundo”, dice Dios y agrega que es necesario priorizar las acciones de recuperación.

El Lago Titicaca es uno de los principales destinos turísticos de Perú. Según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se esperan 500 mil visitantes en los próximos diez años.

Un pedido de auxilio

El Lago Titicaca no solo es fuente de agua y un destino turístico en Perú. También es parte de la identidad cultural de todo un pueblo. “A nosotros, como comunidad indígena nos representa como identidad cultural y nos conecta espiritualmente”, dice Poma, la lideresa aymara.

Para Poma, así como para los pueblos originarios que rodean este gran lago, el Titicaca es un ser vivo con el que están conectados. Por ejemplo, cuenta Poma, que es a través de los cambios en el lago que pueden saber cuándo está lista la cosecha o si aún deben esperar para recoger la siembra.

“Hacemos rituales para la Cota Mama, pidiendo buenos proyectos, salud, amor, trabajo. A la Cota Mama le gustan las frutas, la manzana y la naranja, también las flores blancas y amarillas, y le encanta la leche de vaca”, cuenta Poma cuando habla del lago que ahora busca proteger.

El asesor legal del colectivo de mujeres que protegen el lago, Julio Mejía, sustenta el pedido de que el Lago Titicaca sea declarado sujeto de derecho en la Constitución del Perú, así como en mandatos internacionales. Para Mejía esta declaratoria se sustenta en el artículo 2 de la Constitución, que regula la protección de un medio ambiente “sano y equilibrado”.

Mejía también explica que el artículo 3 de la Constitución hay una cláusula abierta para incorporar nuevos derechos que se basen en la dignidad de las personas.

El abogado menciona la Ley de Recursos Hídricos, la misma que se debe interpretar de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según este convenio, dice Mejía, “las comunidades campesinas y los pueblos originarios tienen el derecho de utilizar, preservar y conservar los recursos existentes en sus territorios”.

Además, el abogado cita decisiones nacionales como la sentencia que declara al  río Marañón como titular de derecho, decisión que fue acordada en una primera instancia y confirmada en segunda instancia. Y a nivel internacional Mejía recuerda el caso de los bosques en Nueva Zelanda. “Es una corriente a nivel nacional e internacional que data de 1972. No es nueva, tenemos sustento jurídico, pero encontramos resistencia”, aclara Mejía en referencia a las respuesta del Ejecutivo.

En el comunicado emitido por los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Ambiente, Justicia y Derechos Humanos y Cultura, tras la decisión del Consejo Regional de Puno, se exhorta al Consejo Regional de Puno para que junto a las poblaciones locales “se redoblen los esfuerzos que despliegan los tres niveles de Gobierno”, en la protección de este “importante patrimonio natural y cultural” y los insta a unirse a los esfuerzos que está haciendo el Gobierno.

Sin embargo, cuando Mongabay Latam consultó al Ministerio del Ambiente, que tiene la presidencia de la Comisión Multisectorial, sobre los avances en los trabajos de recuperación del lago Titicaca, este organismo se limitó a enviarnos el comunicado que mencionamos y que ya era público.

“El Estado, por mandato constitucional, debe cumplir una serie de obligaciones. Eso se debe traducir en políticas y en inversiones para asegurar que el ecosistema sea saludable y sostenible”, sostiene Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental y quien lideró la Comisión Multisectorial cuando ésta fue creada. “En ese sentido, la ordenanza [del Consejo Regional de Puno] busca responder a esa obligación”, comenta.

Castro también apela a la Constitución para comentar las obligaciones del Estado para garantizar derechos humanos en materia ambiental. “Para garantizar estos derechos humanos es esencial que se garantice la sostenibilidad de la naturaleza, en este caso, del ecosistema del Titicaca”, asegura. “Lo que importa es, sobre todo, que ambos Estados —Perú y Bolivia— acrediten y demuestren que su política y su desempeño en general están garantizando la sostenibilidad de la cuenca del Titicaca. Ese es el punto”, precisa.

Fuente: Mongabay