Yvette Sierra Praeli

Un nuevo informe de la organización Amazon Watch y aliadas ahonda sobre la situación de los pueblos indígenas afectados por el tráfico de drogas. El narcotráfico también está presente en los territorios de cuatro reservas para pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) de las regiones amazónicas de Loreto, Junín, Ucayali, Amazonas, Huánuco y Cusco. Las cuatro rutas de salida de la droga están las regiones de Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, y se usan para llegar a países limítrofes, desde donde luego envían la droga a Estados Unidos y Europa. Según el estudio, en el que también participaron el Instituto del Bien Común (IBC), la Organización Regional Aidesep (ORAU) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se está produciendo una “amazonización del narcotráfico”.

El Consejo Regional de Puno aprobó una ordenanza que declara al Titicaca sujeto de derecho. La decisión se adoptó tras varios años de trabajo de la Red de Mujeres Lideresas Unidas en Defensa del Agua y el Lago Titicaca. El Ejecutivo se ha manifestado en contra de esta decisión a través de un comunicado firmado por varios ministerios y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) también ha expresado su disconformidad. En 2013 se creó la Comisión Multisectorial para la Prevención y Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca, que definió el camino a seguir para la recuperación del lago, pero 12 años después los trabajos no han concluido.

Los municipios de Palos Blancos y Alto Beni, en el departamento de La Paz, han logrado que se aprueben leyes municipales y departamentales para que se frene la actividad minera en sus localidades. Se ubican en la cuenca del río Beni y ahora impulsan una ley nacional contra la actividad extractiva. Las comunidades campesinas de estos municipios se dedican al cultivo de cacao, banano, cítricos y otros productos. Lo hacen bajo sistemas agroforestales, que, aseguran, les permiten combatir las enfermedades de los monocultivos.

Organizaciones indígenas y de la sociedad civil se presentaron en la audiencia que se realizó el 4 de marzo en Lima. Durante la exposición señalaron que el Estado peruano quiere licitar áreas de petróleo y gas en más de 4 millones de hectáreas que se superponen al territorio de pueblos indígenas. También cuestionaron que con esta oferta de sitios para exploración petrolera se están vulnerando varios derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta previa, al derecho a la información, a la salud y al territorio.

Los agronegocios están expandiéndose en la Amazonía peruana. Un reciente informe publicado por la organización Oxfam indica que el modelo de agricultura a gran escala que se ha instalado en Perú está convirtiendo bosques amazónicos en áreas agrícolas, ocasionando altos costos sociales, ambientales y climáticos.

En América Latina y el Caribe existen 216 humedales reconocidos como sitios Ramsar, es decir, lugares de importancia internacional. Sin embargo, estos ecosistemas se están perdiendo de manera acelerada: las actividades extractivas, como la minería de litio en Chile, Argentina y Bolivia, así como el crecimiento urbano e inmobiliario y la expansión agropecuaria son algunas de las amenazas más actuales.

Perú llega a 2025 con un serio debilitamiento en las leyes que protegen los recursos naturales, como la llamada ‘ley antiforestal’ o las modificaciones a la ley contra el crimen organizado. 

• La falta de agua en Bolivia ha afectado a más de 487 000 familias, según cifras del gobierno. Y se espera que la situación se agudice entre enero y mayo de 2024.
• El nivel del Lago Titicaca se ha reducido en 132 centímetros por debajo del promedio histórico normal.
• Un estudio científico que recoge información de los últimos 70 años indica que el problema principal es el aumento de la temperatura.